Guanajuato, Gto.– El Movimiento de Lucha Magisterial Sección 45 a través de un comunicado acusó un “desfalco millonario” derivado de una estrategia fiscal que consideran agresiva e ilegal. Señalan que miles de trabajadores de la educación en el estado de Guanajuato han sido afectados en sus sueldos y prestaciones por cobros indebidos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), situación que escaló hasta exigir la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El conflicto se origina en el incumplimiento de los decretos federales de 2003 y 2008, que establecían estímulos fiscales para regularizar la situación tributaria de los trabajadores de la educación y subsidios al ISR. Según el Movimiento, estos recursos nunca se aplicaron adecuadamente, lo que derivó en descuentos directos al salario del magisterio guanajuatense.

El documento señala que las afectaciones se profundizaron tras las reformas a la Ley del ISR en 2015. Desde entonces, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado inconsistencias fiscales en trabajadores que, conforme a los decretos, ya debían estar regularizados. Estas irregularidades han generado una deuda que, de acuerdo con la Sección 45, debería ser absorbida por el Gobierno del Estado.

El comunicado también hace referencia a acuerdos previos, como el que en 2008 firmaron autoridades estatales, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Sección 45 del SNTE, autorizando un descuento extraordinario de ISR.

Además, se acusa que durante la administración del exgobernador Miguel Márquez Márquez se prometió un subsidio del 30% para 2013 y 2014, el cual no se concretó completamente. En 2015, el subsidio desapareció y se comenzaron a aplicar descuentos generalizados al magisterio, lo que habría vulnerado los ingresos de los trabajadores.

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Aunque se reconoce que no todos los docentes fueron afectados de igual manera y que algunos han sido compensados de forma parcial, el Movimiento sostiene que los cobros actuales continúan siendo ilegales y que es urgente una solución de fondo.

Bajo este contexto es que el Movimiento de Lucha Magisterial Sección 45 planteó un pliego de exigencias a las autoridades estatales y federales, entre las que destacan:

1. La instalación de mesas de negociación salarial extemporáneas, ante la afectación de sueldos netos y compensaciones derivada de acuerdos anteriores.
2. La suspensión inmediata de los descuentos extraordinarios, hasta que concluyan las negociaciones y se definan los mecanismos correctivos.
3. El inicio de diligencias sobre las denuncias presentadas ante la Secretaría de la Honestidad del Estado, respetando el anonimato de los denunciantes.
4. Una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación a las finanzas estatales, con especial atención al uso de los estímulos fiscales establecidos por el decreto del 5 de diciembre de 2008.
5. La reparación del daño económico a cada trabajador afectado por el manejo irregular del programa de estímulos fiscales.
6. Una revisión puntual de la facultad del representante sindical de la Sección 45 del SNTE para autorizar cobros extraordinarios, tanto a agremiados como a no agremiados.
7. La emisión clara y desglosada de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), especificando el cálculo del ISR, sus variaciones, y la diferencia respecto a las retenciones aplicadas en años anteriores.

El Movimiento destaca que toda la información presentada es pública y puede ser consultada libremente por la ciudadanía. El comunicado concluye con un mensaje de compromiso en la defensa de los derechos laborales del magisterio. El gremio espera una pronta respuesta institucional ante lo que considera una grave omisión administrativa y un impacto directo al sustento de miles de trabajadores de la educación en el estado de Guanajuato.

Las colectivas feministas que promovieron amparos por la comisión legislativa del Congreso de Guanajuato en la despenalización del aborto, recibieron una respuesta que no solo evade la justicia, sino que perpetúa la violencia estructural: el Poder Legislativo desestimó sus argumentos por no estar embarazadas… y comparó el aborto con el delito de narcomenudeo.

La respuesta jurídica emitida por la Dirección Jurídica del Congreso, encabezada por Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, lejos de atender con seriedad el reclamo legítimo, ridiculiza la exigencia e incurre en una narrativa discriminatoria, como lo señalaron Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro Las Libres y Patricia López Romero, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo también fue señalada por deslindarse del proceso, a pesar de que desde su Consejería Jurídica se reconoce que es el Congreso quien debe legislar conforme a los tratados internacionales. Sin embargo, no presentó argumentos sólidos para justificar la inacción del Ejecutivo en la promoción de estas reformas.

Mientras tanto, el Congreso, en voz del panista Jorge Espadas Galván, reconoció en entrevista que sí incurrieron en omisión al archivar el dictamen de despenalización: “Omitimos legislar, sí… En el caso concreto del Código Penal no legislamos, se archivó un dictamen”, afirmó.

El uso de analogías ofensivas como la comparación entre aborto y narcomenudeo fue duramente criticado por la activista Nayeli Tello, de la Red de Acompañantes de León, quien calificó la respuesta como “brutal, discriminatoria y absurda”. El abogado Ernesto Barajas, director de Defensa Queer y asesor legal del caso de Chicas Biless, subrayó que la postura del Congreso no sólo incumple con los parámetros jurídicos, sino que también criminaliza a quienes defienden derechos humanos.

En el caso de la demanda interpuesta por mujeres acompañadas por la bancada de Morena, encabezada por la diputada Hades Aguilar, el Congreso aún no ha enviado el informe requerido por el Juzgado Segundo de Distrito, lo que obligará a diferir la audiencia programada para este 18 de julio. Esta falta de respuesta es considerada por las colectivas como una estrategia dilatoria y de encubrimiento institucional.

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A este contexto se suma la solicitud de Alerta de Género por Agravio Comparado interpuesta por la organización Chicas Biless, que fue rechazada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, encabezada por Ingrid Gómez Saracibar, bajo el argumento de que no se habían subsanado los requisitos. Durante la reunión estuvieron presentes la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, y Lucía Verdín, directora de Chicas Biless.

Mientras tanto, la Secretaría de la Mujer Guanajuatense, dirigida por Itzel Balderas Hernández, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el proceso judicial, a pesar de su reciente transformación de instituto a secretaría bajo la administración de Libia García.

Frente a un Congreso que ignora resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un Ejecutivo que se desentiende, Guanajuato continúa rezagado en el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

El 11 de julio de 2025 personal de la fiscalía general del estado (FGE) de Guanajuato ejecutó una orden de cateo en un rancho agrícola del municipio de Dolores Hidalgo.

Allí fueron rescatadas alrededor de 700 personas (hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes) en condiciones de vulnerabilidad y explotación laboral.

Las personas rescatadas provenían principalmente de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, regiones con altos índices de pobreza y migración.

La FGE ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Además, durante la intervención se detectó a una persona en posesión de narcóticos, lo que abrió una investigación adicional por delitos contra la salud.

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Participaron múltiples cuerpos: Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública estatal y Policía Municipal, Unidad k9, Protección Civil Roja, Bomberos,DIF Estatal y Municipal,  Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las personas rescatadas han recibido atención médica, psicológica y legal, mediante un protocolo de asistencia integral coordinado por diversas instancias estatales y municipales.

En 2024, las autoridades federales registraron 615 víctimas de trata de personas en todo México.

Organizaciones advirtieron que esta cifra es menor a la real debido al subregistro del delito.

Este operativo expone una red de explotación laboral masiva en el centro del país, con víctimas en situación de vulnerabilidad.

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Las prioridades de la investigación incluyen:

1.Determinar responsabilidades legales y posibles detenidos entre los operadores del rancho.

2.Identificar si hubo enganches fraudulentos o engaños para captar víctimas.

3.Garantizar que todas las víctimas accedan a protección plena especialmente los niños y adolescentes.

4.Profundizar en el vínculo con el hallazgo de narcóticos durante el cateo lo que podría revelar redes criminales más amplias.

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 Este rescate destaca la complejidad del fenómeno de la trata en México: redes organizadas que se aprovechan de la pobreza y fragilidad social para someter a personas a condiciones de semiesclavitud. El seguimiento de la fiscalía será clave tanto para sancionar a los responsables como para prevenir casos similares.