Las colectivas feministas que promovieron amparos por la comisión legislativa del Congreso de Guanajuato en la despenalización del aborto, recibieron una respuesta que no solo evade la justicia, sino que perpetúa la violencia estructural: el Poder Legislativo desestimó sus argumentos por no estar embarazadas… y comparó el aborto con el delito de narcomenudeo.

La respuesta jurídica emitida por la Dirección Jurídica del Congreso, encabezada por Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, lejos de atender con seriedad el reclamo legítimo, ridiculiza la exigencia e incurre en una narrativa discriminatoria, como lo señalaron Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro Las Libres y Patricia López Romero, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo también fue señalada por deslindarse del proceso, a pesar de que desde su Consejería Jurídica se reconoce que es el Congreso quien debe legislar conforme a los tratados internacionales. Sin embargo, no presentó argumentos sólidos para justificar la inacción del Ejecutivo en la promoción de estas reformas.

Mientras tanto, el Congreso, en voz del panista Jorge Espadas Galván, reconoció en entrevista que sí incurrieron en omisión al archivar el dictamen de despenalización: “Omitimos legislar, sí… En el caso concreto del Código Penal no legislamos, se archivó un dictamen”, afirmó.

El uso de analogías ofensivas como la comparación entre aborto y narcomenudeo fue duramente criticado por la activista Nayeli Tello, de la Red de Acompañantes de León, quien calificó la respuesta como “brutal, discriminatoria y absurda”. El abogado Ernesto Barajas, director de Defensa Queer y asesor legal del caso de Chicas Biless, subrayó que la postura del Congreso no sólo incumple con los parámetros jurídicos, sino que también criminaliza a quienes defienden derechos humanos.

En el caso de la demanda interpuesta por mujeres acompañadas por la bancada de Morena, encabezada por la diputada Hades Aguilar, el Congreso aún no ha enviado el informe requerido por el Juzgado Segundo de Distrito, lo que obligará a diferir la audiencia programada para este 18 de julio. Esta falta de respuesta es considerada por las colectivas como una estrategia dilatoria y de encubrimiento institucional.

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A este contexto se suma la solicitud de Alerta de Género por Agravio Comparado interpuesta por la organización Chicas Biless, que fue rechazada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, encabezada por Ingrid Gómez Saracibar, bajo el argumento de que no se habían subsanado los requisitos. Durante la reunión estuvieron presentes la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, y Lucía Verdín, directora de Chicas Biless.

Mientras tanto, la Secretaría de la Mujer Guanajuatense, dirigida por Itzel Balderas Hernández, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el proceso judicial, a pesar de su reciente transformación de instituto a secretaría bajo la administración de Libia García.

Frente a un Congreso que ignora resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un Ejecutivo que se desentiende, Guanajuato continúa rezagado en el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos.