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Estado

Protestan integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Guanajuato por recortes presupuestales.

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Este miércoles, miembros del Instituto Federal de la Defensoría Pública se manifestaron en contra de los recortes presupuestales que dijeron, afectan directamente tanto a sus derechos laborales como a la calidad del servicio que brindan.

Asesores, defensores, jefes de departamento y personal administrativo se unieron en un pronunciamiento realizado en el patio de la institución sede, en el que denunciaron que los recientes ajustes en el presupuesto del Poder Judicial Federal han comprometido seriamente las condiciones laborales dentro de la institución.

Mariana Patiño, Oficial Administrativa Federal, expresó su frustración por lo que consideró una violación directa a los derechos laborales de los empleados, al señalar que el Consejo de la Judicatura Federal ha implementado recortes en las remuneraciones de hasta más de 100 trabajadores sin consideración alguna.

Por su parte, José Luis Fuentes Valdivia, representante de defensores públicos federales, apuntó que la falta de atención a las necesidades del personal dentro del Instituto está afectando gravemente la equidad y la justicia que debería garantizarse a los ciudadanos.

Finalmente, José Luis Rangel Jantes, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la entidad, lanzó un ultimátum, y apunto a que esto apenas comienza, pues no se permitirá la desaparición del Poder Judicial de la Federación en el estado de Guanajuato.

El malestar dentro del Instituto de la Defensoría Pública pone en evidencia la tensión entre las políticas de austeridad y la necesidad de un sistema de justicia que funcione de manera eficiente y equitativa.

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Finalmente, argumentaron que la falta de recursos y la precariedad en las condiciones laborales afectan directamente la calidad del servicio que ofrecen a quienes más lo necesitan: los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

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Estado

Alertan por posible opacidad en SIMAPAG: piden transparencia para frenar riesgos de corrupción.

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Señalamientos sobre presuntos intentos de influir en el control del Sistema Municipal de Agua Potable de la capital (SIMAPAG) encendieron el debate público, luego de que se advirtiera la falta de información abierta sobre el proceso de selección de perfiles. Se cuestiona que no se haya difundido con amplitud la trayectoria, evaluaciones y entrevistas de alrededor de 40 aspirantes, lo que, advierten, debilita la confianza ciudadana en un proceso que debería regirse por la máxima publicidad.

El exgobernador y legislador Juan Carlos Romero Hicks subrayó que la transparencia es el principal mecanismo para prevenir posibles actos de corrupción. En ese sentido, insistió en que dar a conocer los criterios técnicos, calificaciones y decisiones permitiría garantizar que el proceso se conduzca con legalidad y apertura, evitando suspicacias sobre intereses ajenos al servicio público.

Asimismo, advirtió que sería grave que se concretaran prácticas orientadas a convertir el organismo en un espacio de beneficios particulares o “caja chica”. Por ello, hizo un llamado a privilegiar la rendición de cuentas y la claridad institucional, al señalar que cuando el poder se aleja de la ciudadanía y pierde humildad, se corre el riesgo de que la democracia derive en imposiciones. La exigencia, concluyó, es que el proceso se mantenga abierto, verificable y libre de cualquier sombra de opacidad.

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Alertas

Niños que ya no leen: la alerta silenciosa en las aulas de México.

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En México, aprender a leer —algo que durante generaciones fue casi automático en la primaria— se ha convertido en un desafío cada vez más visible y preocupante. Hoy, especialistas y organismos internacionales advierten que miles de niños avanzan en el sistema educativo sin dominar habilidades básicas como la lectura, la escritura o incluso las matemáticas. El problema no es menor: datos recientes señalan que alrededor de 30% de los niños de entre 6 y 12 años no domina la lectura ni la escritura pese a estar en la escuela, y hasta cuatro millones de estudiantes de primaria presentan este rezago.

El fenómeno no se limita a casos aislados. Evaluaciones como PISA han colocado a México entre los países con peores resultados en comprensión lectora dentro de la OCDE, evidenciando un deterioro estructural en el aprendizaje. Expertos señalan que muchos estudiantes llegan a secundaria sin habilidades sólidas, con dificultades para comprender textos o resolver operaciones básicas. Incluso, académicos advierten que después de toda la educación básica, la mayoría de los jóvenes apenas alcanza una comprensión “literal” de la lectura, y solo un 1% logra niveles avanzados.

Las causas son múltiples y aún generan debate. Por un lado, la pandemia dejó una generación con aprendizajes fragmentados; por otro, el uso excesivo de pantallas y celulares ha desplazado hábitos de lectura y concentración. A esto se suman cambios en modelos educativos, falta de capacitación docente y desigualdad en recursos: en México, 7 de cada 10 escuelas primarias carecen de internet o equipo adecuado, lo que limita el acceso a herramientas modernas de aprendizaje. La UNESCO incluso ha catalogado al país como “sin progreso” en comprensión lectora en los últimos años.

Mientras tanto, el contraste con generaciones anteriores es inevitable: muchos adultos recuerdan una educación centrada en la lectura constante, libros de cuentos y formación histórica sólida que hoy parece diluirse. Sin embargo, el problema actual va más allá de la nostalgia. En un país donde más de 24 millones de personas presentan rezago educativo, la dificultad para leer no solo afecta el desempeño escolar, sino el futuro laboral, social y democrático de toda una generación. La pregunta queda abierta —y sin respuesta clara—: ¿es la tecnología, el sistema educativo o una combinación de ambos lo que está redefiniendo la manera en que los niños mexicanos aprenden… o dejan de aprender?.

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Ciudad

Congreso de Guanajuato incluirá lenguas indígenas en su señalética.

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El Congreso del Estado de Guanajuato avanza en la inclusión y reconocimiento de los pueblos originarios, luego de que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobara por unanimidad un dictamen para incorporar señalética en lenguas indígenas dentro de sus instalaciones. Esta medida contempla la integración progresiva del chichimeca jonaz y el otomí, como parte de una política de visibilización y respeto cultural.

La iniciativa surge a partir de un exhorto impulsado por la diputada de Morena, Plásida Calzada, quien preside dicha comisión. Legisladores destacaron que esta acción representa un paso relevante hacia la construcción de espacios públicos más incluyentes. En ese sentido, el diputado David Martínez Mendizábal reconoció la disposición del Congreso para concretar este tipo de medidas, subrayando que no todas las instituciones han mostrado la misma apertura en temas de inclusión.

Durante la misma sesión, el legislador también hizo un llamado firme para que cesen las agresiones y violaciones a los derechos humanos de migrantes en Estados Unidos, tras recientes casos en los que personas han perdido la vida en operativos de autoridades migratorias. Entre ellos, destacó el fallecimiento de un guanajuatense originario de Silao, lo que motivó a exigir una postura más enérgica por parte de las instituciones, así como investigaciones a fondo que permitan esclarecer estos hechos y evitar que se repitan.

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Seguridad

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