Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local detonó una bomba política al anunciar una ofensiva contra la corrupción que, aseguran, marcó el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Desde la sede legislativa, los diputados morenistas exigieron una auditoría integral, la creación de una comisión especial y el involucramiento de instancias federales ante lo que calificaron como un “sexenio de sangre, traición y saqueo institucional”.

El detonante: la ya famosa “Casa Azul” en Houston, Texas. Una lujosa residencia atribuida a Diego Sinhue que, según los legisladores, representa el símbolo de una red de corrupción estructurada con recursos públicos desviados de programas sociales, fideicomisos, contratos inflados y obras que no beneficiaron al pueblo, sino a él y a un selecto grupo de empresarios amigos.

Los señalamientos van más allá de una sola propiedad. Morena documentó más de una decena de casos emblemáticos de presunta corrupción durante la gestión de Sinhue: desde el uso irregular de la Tarjeta Rosa como instrumento electoral, hasta el desvío de millones al grupo empresarial Pachuca y a la firma de seguridad Seguritech. Todos estos casos, explicaron, comparten un patrón: opacidad, tráfico de influencias y desvío de recursos a empresas o individuos cercanos al exmandatario.

Uno de los casos que más indignación provocó fue el del llamado viñedo Omún, ubicado en la comunidad La Venta, en Dolores Hidalgo. Morena denunció que esta zona recibió más de 180 millones de pesos en “embellecimiento” urbano, como fachadas, caminos y servicios, todo con el único fin de beneficiar un desarrollo vitivinícola que incluye un hotel y un fraccionamiento campestre. El verdadero escándalo, según los legisladores, es que este viñedo está ligado a los mismos personajes que aparecen como socios de la mansión en Texas y de la empresa Seguritech: Ariel Picker y Daniel Esquenazi.

Para Morena, lo que se vendió como “mejora comunitaria” en realidad fue una inversión de 3 mil millones de pesos en obra pública con un objetivo privado: incrementar el valor del rancho del círculo íntimo de Sinhue. Señalaron que incluso el Boulevard de la Libertad, una vialidad de alto costo, se construyó con esa intención.

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Durante el posicionamiento, los diputados también recordaron otros escándalos que marcaron el sexenio panista: Más de 6,500 homicidios registrados entre 2018 y 2024, en un contexto donde la seguridad pública fue desatendida por el exgobernador, quien nunca asistió personalmente a reuniones estratégicas.

261 millones de pesos desviados del fideicomiso FIDSEG, originalmente creado para apoyar a sectores vulnerables. Después de dos años, se revelaron pagos sin justificación, convenios opacos y transferencias a familiares de funcionarios. Contratos inflados y sin resultados en programas gubernamentales.

Concesión irregular de la autopista Guanajuato-Silao por 30 años a una empresa privada con supuestos vínculos con el exgobernador, lo que podría significar ingresos superiores a los 7 mil 500 millones de pesos para los beneficiarios.

Además del entramado de corrupción, los legisladores recordaron que Sinhue dejó al estado con una deuda de 11 mil millones de pesos, resultado de tres préstamos solicitados durante su mandato. Todo ello mientras se invertían recursos públicos en mansiones, viñedos, caminos y lujos inalcanzables para la mayoría de los guanajuatenses.

“Mientras madres buscan medicinas para sus hijos y estudiantes carecen de escuelas dignas, el exgobernador vive en una casa con alberca, salón de juegos y comodidades obscenas”, señalaron. Para Morena, cada ladrillo de esa mansión representa un acto de traición al pueblo de Guanajuato.

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Morena anunció que dará seguimiento puntual al proceso y vigilará que la Fiscalía del Estado, la Secretaría de la Transparencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investiguen a fondo los contratos, convenios y concesiones firmadas durante el sexenio de Diego Sinhue.

Así cerraron su posicionamiento: con un llamado a que la mansión en Texas, símbolo de exceso, impunidad y desvío, marque el final de la carrera política de Diego Sinhue.

Guanajuato, Gto.— La revocación de mandato contra la presidenta municipal de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez, podría convertirse en una realidad en los próximos meses. Así lo adelantó la diputada local Hades Berenice Aguilar Castillo, quien denunció una serie de actos de presunta corrupción y abuso de poder por parte de la actual administración municipal y del exalcalde Alejandro Navarro Saldaña.

La legisladora afirmó que existen elementos suficientes para buscar no solo la salida anticipada de la alcaldesa, sino también abrir procesos legales en su contra y contra su círculo más cercano, debido a irregularidades en la adquisición de terrenos en la Sierra de Santa Rosa, omisiones ante daños ambientales y un uso indebido del poder público para enriquecimiento personal.

Según Hades Aguilar, tanto Samantha Smith como Navarro y otros personajes políticos, estarían involucrados en una red de compra de predios a precios irrisorios, con poca o nula transparencia. La diputada indicó que se encuentra documentando estos hechos, pues ha recibido testimonios ciudadanos, documentos y señalamientos directos sobre la presunta apropiación de terrenos ecológicos protegidos, en los que incluso ya se han realizado caminos clandestinos. Además del tema ambiental, la diputada mencionó que el gobierno capitalino ha operado con total impunidad, solapando una política sistemática de saqueo al patrimonio público.

Asimismo, Hades Aguilar sostuvo que la ciudadanía fue engañada con estrategias como la “Tarjeta Violeta”, una promesa de campaña que hasta ahora no se ha cumplido. A decir de la legisladora, esto representa una burla a la población, que primero fue empobrecida y luego manipulada con apoyos . Por ello, reiteró que es necesario poner en marcha mecanismos como la revocación de mandato, para que la ciudadanía pueda decidir el futuro de sus gobernantes cuando estos actúen en contra del interés público.

En el Congreso local, Aguilar ha impulsado desde la legislatura pasada la creación de una figura legal que permita retirar del cargo a servidores públicos que hayan incurrido en actos comprobados de corrupción o cuya gestión sea rechazada por la mayoría de la población. Dijo que si esta figura existiera ya, políticos como Diego Sinhue o Samantha Smith no habrían llegado tan lejos.

La diputada advirtió que si no se actúa ya, se corre el riesgo de que esta red de poder se consolide aún más, ahora con el intento de continuidad a través del hijo de Navarro, quien, según advirtió, ya está “encampañado”.

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Por último, Hades Aguilar hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada, documentar y denunciar. Afirmó que el pueblo de Guanajuato capital tiene derecho a saber quiénes son los verdaderos responsables del deterioro institucional, ambiental y social que vive la ciudad. Y subrayó: los saqueadores tienen nombre y apellido.

Piden alineación con el Estado

El Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) realizó una exhaustiva revisión técnica y normativa del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) del municipio de Guanajuato, y como resultado, emitió un total de 232 observaciones que deberán ser atendidas antes de poder considerar la aprobación definitiva del documento.

Estas observaciones abarcan una amplia gama de aspectos estratégicos y operativos del programa, que van desde ajustes en el diagnóstico del territorio, pasando por la redefinición de zonas de crecimiento urbano, hasta precisiones en la manera en que se debe abordar la protección de zonas ecológicas y la planeación con enfoque de sustentabilidad. La finalidad, explicó el organismo estatal, es lograr que el PMDUOET se alinee adecuadamente con los lineamientos estatales en materia de planeación del desarrollo urbano y del territorio.

El PMDUOET es el instrumento rector del crecimiento urbano del municipio. De su adecuada formulación depende en gran medida el equilibrio entre el desarrollo habitacional, económico y la conservación del medio ambiente. Por ello, el IPLANEG asumió un papel activo en la revisión del documento, con el objetivo de asegurar que esté en armonía con los planes regionales y con las metas de largo plazo que el Gobierno del Estado ha establecido en sus políticas públicas.

La entrega de las observaciones representa no solo un acto técnico, sino también una señal institucional sobre la necesidad de alinear los instrumentos de planeación municipal con el marco legal estatal y federal. En especial, el instituto enfatizó que el municipio debe tener claridad sobre las estrategias regionales, ya que Guanajuato capital forma parte de una región con alta conectividad urbana, relaciones económicas intermunicipales e impactos ambientales compartidos.

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Entre las principales observaciones realizadas por el IPLANEG se encuentran las siguientes: la necesidad de mayor claridad en la delimitación de zonas de conservación ambiental; la integración de datos actualizados en el diagnóstico socioeconómico y territorial; la revisión del modelo de crecimiento urbano para evitar la expansión desordenada; el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la planeación; y el cumplimiento con criterios establecidos por leyes estatales como la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial para el Estado de Guanajuato.

El órgano de despacho del IPLANEG explicó que la revisión se llevó a cabo de manera integral, evaluando tanto los fundamentos técnicos como el marco jurídico del documento. El análisis también valoró la viabilidad del programa en términos de implementación a mediano y largo plazo, considerando los riesgos ambientales, la presión inmobiliaria y la capacidad institucional del municipio para ejercer gobernanza territorial.

En este contexto, el instituto hizo un llamado a las autoridades municipales para que atiendan con responsabilidad cada una de las observaciones y reestructuren el documento conforme a los lineamientos establecidos. La meta es que el PMDUOET no solo funcione como una herramienta normativa, sino que se convierta en un verdadero instrumento de transformación urbana con enfoque sostenible.

Asimismo, se destacó que el alineamiento del programa con los planes estatales no debe verse como una imposición, sino como una vía para generar coherencia en las políticas públicas, evitar conflictos normativos y garantizar que las decisiones locales contribuyan al bienestar regional. Esta necesidad es particularmente relevante para municipios como Guanajuato capital, cuya complejidad geográfica, histórica y social exige una visión técnica rigurosa y actualizada.

El seguimiento a esta revisión ahora queda en manos del municipio, que deberá modificar, complementar y corregir los aspectos señalados para que el programa pueda ser aprobado y puesto en marcha.

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Mientras tanto, el proceso pone sobre la mesa una discusión de fondo: la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales locales en materia de planeación y de garantizar que todos los municipios del estado cuenten con instrumentos robustos, alineados y con visión a largo plazo. Solo así será posible construir ciudades más ordenadas, resilientes y sostenibles para las próximas generaciones.