

Estado
Empleado del Congreso de Guanajuato es asaltado y privado de la libertad mientras cumplía una comisión oficial.
Un trabajador del Congreso del Estado fue víctima de un asalto y privado ilegalmente de su libertad el pasado viernes, mientras regresaba de cumplir con una comisión institucional en el municipio de Victoria.
El empleado fue despojado del vehículo oficial en el que viajaba, así como de sus pertenencias, y posteriormente abandonado en la frontera entre Guanajuato y Querétaro tras ser obligado a entregar dinero a sus captores.
El incidente generó preocupación entre los legisladores y funcionarios públicos, quienes han comenzado a discutir medidas de seguridad adicionales para prevenir situaciones similares en el futuro.
De acuerdo con información oficial, el empleado, cuyo nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad, viajaba de regreso a la capital del estado cuando fue interceptado por un grupo de individuos armados.
Los agresores le exigieron dinero y, tras despojarlo del vehículo oficial en el que se trasladaba, lo retuvieron por un tiempo antes de abandonarlo en una zona limítrofe con Querétaro.
El trabajador logró ponerse a salvo y posteriormente recibió atención médica y psicológica. La presidenta del Congreso local, Miriam Reyes Carmona, confirmó los hechos, aunque evitó proporcionar detalles adicionales, señalando que el tema se abordó en la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Guanajuato informó que está en contacto con el trabajador afectado y le ha ofrecido acompañamiento en su recuperación. El titular de la dependencia, Jorge Jiménez Lona, mencionó que el empleado se encuentra estable y que se le brindará apoyo psicológico en caso de requerirlo.
Sin embargo, el funcionario estatal no dio detalles sobre el avance de las investigaciones ni si existen líneas claras que lleven a la identificación de los responsables del delito.
El caso también ha encendido las alarmas sobre la protección de los trabajadores gubernamentales que deben trasladarse a distintas regiones como parte de sus funciones.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre avances en la investigación del caso ni sobre posibles responsables. La falta de resultados en este tipo de incidentes contribuye a la sensación de vulnerabilidad entre la población y, en particular, entre los servidores públicos que deben desplazarse por el estado en el ejercicio de sus funciones.
El Congreso de Guanajuato enfrenta ahora el reto de fortalecer sus protocolos de seguridad y exigir garantías para la integridad de su personal. Mientras tanto, este caso se suma a la larga lista de incidentes que reflejan la crisis de seguridad en la entidad, donde la impunidad y la falta de acción efectiva de las autoridades siguen siendo temas pendientes.
Estado
“Hallan rancho del horror en Guanajuato: 700 víctimas de trata y explotación”

El 11 de julio de 2025 personal de la fiscalía general del estado (FGE) de Guanajuato ejecutó una orden de cateo en un rancho agrícola del municipio de Dolores Hidalgo.
Allí fueron rescatadas alrededor de 700 personas (hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes) en condiciones de vulnerabilidad y explotación laboral.
Las personas rescatadas provenían principalmente de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, regiones con altos índices de pobreza y migración.
La FGE ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Además, durante la intervención se detectó a una persona en posesión de narcóticos, lo que abrió una investigación adicional por delitos contra la salud.
Participaron múltiples cuerpos: Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública estatal y Policía Municipal, Unidad k9, Protección Civil Roja, Bomberos,DIF Estatal y Municipal, Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las personas rescatadas han recibido atención médica, psicológica y legal, mediante un protocolo de asistencia integral coordinado por diversas instancias estatales y municipales.
En 2024, las autoridades federales registraron 615 víctimas de trata de personas en todo México.
Organizaciones advirtieron que esta cifra es menor a la real debido al subregistro del delito.
Este operativo expone una red de explotación laboral masiva en el centro del país, con víctimas en situación de vulnerabilidad.
Las prioridades de la investigación incluyen:
1.Determinar responsabilidades legales y posibles detenidos entre los operadores del rancho.
2.Identificar si hubo enganches fraudulentos o engaños para captar víctimas.
3.Garantizar que todas las víctimas accedan a protección plena especialmente los niños y adolescentes.
4.Profundizar en el vínculo con el hallazgo de narcóticos durante el cateo lo que podría revelar redes criminales más amplias.
Este rescate destaca la complejidad del fenómeno de la trata en México: redes organizadas que se aprovechan de la pobreza y fragilidad social para someter a personas a condiciones de semiesclavitud. El seguimiento de la fiscalía será clave tanto para sancionar a los responsables como para prevenir casos similares.
Estado
Cuestionan millonaria inversión en la Feria de Silao 2025 y señalan posible conflicto de interés

La Feria de Silao 2025 ya enfrenta fuertes cuestionamientos sobre su planeación, el uso de recursos públicos y la legalidad del proceso de adquisición del terreno donde se llevará a cabo el evento. La polémica escaló esta semana al Congreso del Estado, donde el diputado local Ernesto Millán Soberanes expuso en la Diputación Permanente una serie de irregularidades detectadas en torno al proyecto ferial, que este año representa una inversión de 77 millones de pesos.
El legislador señaló que, aunque Silao merece una feria digna y de calidad, el proceso de organización de la edición 2025 inició con serias dudas. En primer lugar, Millán Soberanes detalló que el pasado 6 de enero el Ayuntamiento aprobó el nuevo reglamento de la feria, conformó el comité organizador y avaló la compra del terreno donde se instalarán las nuevas instalaciones.
Dicho terreno, de 48 mil 838 metros cuadrados (casi cinco hectáreas), fue adquirido por un monto total de 80 millones de pesos. El valor por metro cuadrado ascendió a mil 639 pesos, de acuerdo con el avalúo oficial fechado también el 6 de junio, mismo día en que el Comité de Adquisiciones, presidido por la alcaldesa Melani Murillo Chávez, autorizó la compra. La coincidencia entre la fecha del avalúo y su aprobación generó suspicacias, al igual que la celeridad del proceso y la falta de transparencia en su desarrollo.
Uno de los puntos que más llamó la atención es que el avalúo fue realizado por el ingeniero J. Guadalupe Hinojosa Navarro, quien también figura como integrante de uno de los cinco equipos técnicos que estuvieron trabajando en la conformación del terreno ferial. Esta situación fue interpretada por el diputado como un posible conflicto de interés que debería ser investigado a fondo.
Además, Millán comparó el costo del predio con otras ofertas del mercado: por ejemplo, un terreno de 45 mil metros cuadrados dentro del Puerto Interior se encuentra disponible en 36 millones de pesos, es decir, más del doble de superficie por menos de la mitad del costo del terreno adquirido por el Ayuntamiento. Esta diferencia fue calificada como alarmante, dado el potencial logístico y comercial que representa una ubicación como el Puerto Interior.
Pero la inversión no termina ahí. La presidenta municipal declaró que, además de los 80 millones del terreno, se destinarán otros 30 millones de pesos a la organización de la feria, a pesar de que las instalaciones actualmente carecen de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. A esto se suman 17 millones más, lo que eleva el presupuesto total para este año a 77 millones de pesos.
De acuerdo con lo informado, los trabajos de adecuación del predio comenzaron sin contar con un proyecto ejecutivo concluido, lo cual podría derivar en más sobrecostos y deficiencias estructurales. Según el diputado Millán, estos recursos podrían haberse destinado a prioridades más urgentes para el municipio, como el mejoramiento de calles, la dotación de servicios públicos o la atención a comunidades marginadas.
Estado
Morena pide auditar a Diego Sinhue: denuncian red de corrupción que incluye mansión en Texas, viñedo de lujo y desfalco millonario en Guanajuato

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local detonó una bomba política al anunciar una ofensiva contra la corrupción que, aseguran, marcó el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Desde la sede legislativa, los diputados morenistas exigieron una auditoría integral, la creación de una comisión especial y el involucramiento de instancias federales ante lo que calificaron como un “sexenio de sangre, traición y saqueo institucional”.
El detonante: la ya famosa “Casa Azul” en Houston, Texas. Una lujosa residencia atribuida a Diego Sinhue que, según los legisladores, representa el símbolo de una red de corrupción estructurada con recursos públicos desviados de programas sociales, fideicomisos, contratos inflados y obras que no beneficiaron al pueblo, sino a él y a un selecto grupo de empresarios amigos.
Los señalamientos van más allá de una sola propiedad. Morena documentó más de una decena de casos emblemáticos de presunta corrupción durante la gestión de Sinhue: desde el uso irregular de la Tarjeta Rosa como instrumento electoral, hasta el desvío de millones al grupo empresarial Pachuca y a la firma de seguridad Seguritech. Todos estos casos, explicaron, comparten un patrón: opacidad, tráfico de influencias y desvío de recursos a empresas o individuos cercanos al exmandatario.
Uno de los casos que más indignación provocó fue el del llamado viñedo Omún, ubicado en la comunidad La Venta, en Dolores Hidalgo. Morena denunció que esta zona recibió más de 180 millones de pesos en “embellecimiento” urbano, como fachadas, caminos y servicios, todo con el único fin de beneficiar un desarrollo vitivinícola que incluye un hotel y un fraccionamiento campestre. El verdadero escándalo, según los legisladores, es que este viñedo está ligado a los mismos personajes que aparecen como socios de la mansión en Texas y de la empresa Seguritech: Ariel Picker y Daniel Esquenazi.
Para Morena, lo que se vendió como “mejora comunitaria” en realidad fue una inversión de 3 mil millones de pesos en obra pública con un objetivo privado: incrementar el valor del rancho del círculo íntimo de Sinhue. Señalaron que incluso el Boulevard de la Libertad, una vialidad de alto costo, se construyó con esa intención.
Durante el posicionamiento, los diputados también recordaron otros escándalos que marcaron el sexenio panista: Más de 6,500 homicidios registrados entre 2018 y 2024, en un contexto donde la seguridad pública fue desatendida por el exgobernador, quien nunca asistió personalmente a reuniones estratégicas.
261 millones de pesos desviados del fideicomiso FIDSEG, originalmente creado para apoyar a sectores vulnerables. Después de dos años, se revelaron pagos sin justificación, convenios opacos y transferencias a familiares de funcionarios. Contratos inflados y sin resultados en programas gubernamentales.
Concesión irregular de la autopista Guanajuato-Silao por 30 años a una empresa privada con supuestos vínculos con el exgobernador, lo que podría significar ingresos superiores a los 7 mil 500 millones de pesos para los beneficiarios.
Además del entramado de corrupción, los legisladores recordaron que Sinhue dejó al estado con una deuda de 11 mil millones de pesos, resultado de tres préstamos solicitados durante su mandato. Todo ello mientras se invertían recursos públicos en mansiones, viñedos, caminos y lujos inalcanzables para la mayoría de los guanajuatenses.
“Mientras madres buscan medicinas para sus hijos y estudiantes carecen de escuelas dignas, el exgobernador vive en una casa con alberca, salón de juegos y comodidades obscenas”, señalaron. Para Morena, cada ladrillo de esa mansión representa un acto de traición al pueblo de Guanajuato.
Morena anunció que dará seguimiento puntual al proceso y vigilará que la Fiscalía del Estado, la Secretaría de la Transparencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investiguen a fondo los contratos, convenios y concesiones firmadas durante el sexenio de Diego Sinhue.
Así cerraron su posicionamiento: con un llamado a que la mansión en Texas, símbolo de exceso, impunidad y desvío, marque el final de la carrera política de Diego Sinhue.
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