El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato, presentó un exhorto para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue las presuntas irregularidades cometidas por el titular del DIF municipal de Guanajuato, Saúl Navarro Smith, quien encabezó un operativo en bares y cantinas sin contar con las atribuciones legales correspondientes.

El legislador señaló que el problema va más allá de un acto aislado, pues existen instituciones con facultades específicas que no están actuando conforme a sus atribuciones, siendo el DIF de Guanajuato capital un caso emblemático de esta situación.

Operativo sin facultades legales.

El sábado 8 de febrero, Saúl Navarro Smith, en su calidad de presidente del DIF municipal, encabezó un operativo en bares y cantinas junto con personal de Fiscalización, Seguridad Pública Municipal y el área jurídica del municipio. El objetivo de la acción, según lo informado, era supervisar que no hubiera menores de edad trabajando o consumiendo bebidas alcohólicas en estos establecimientos.

Sin embargo, el diputado Millán Soberanes advirtió que Navarro Smith carece de la facultad legal para encabezar este tipo de operativos, pues su cargo no le otorga atribuciones en materia de vigilancia o aplicación de sanciones administrativas en establecimientos comerciales.

Posible usurpación de funciones y delitos federales.

El diputado denunció que Saúl Navarro Smith se presentó ante la sociedad como si formara parte de un cuerpo de seguridad, cuando en realidad no ostenta dicho cargo. Esta acción, afirmó el legislador, podría configurarse como un delito contemplado en el Código Penal Federal bajo la figura de usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, insignias y siglas.

De acuerdo con Millán Soberanes, el artículo 250 bis del Código Penal Federal establece que también se considera delito la falsificación de placas policiales, lo que agravaría la situación de Navarro Smith.

Además, el legislador destacó que el personal del patronato del DIF no tiene facultades para ingresar a establecimientos comerciales ni para solicitar credenciales de elector con el fin de comprobar la mayoría de edad de los clientes, ya que esta es una función exclusiva de la Dirección de Fiscalización.

Posibles sanciones legales.

Saúl Navarro Smith y los funcionarios involucrados podrían enfrentar una pena de entre 1 y 6 años de prisión, según lo estipulado en el marco legal vigente.

Crisis de seguridad en Guanajuato.

Finalmente, el diputado Millán Soberanes enfatizó que la ciudad de Guanajuato enfrenta una crisis de inseguridad que se agrava día con día, con la violencia ganando terreno en las calles. En este contexto, exhortó a las autoridades a enfocarse en atender los problemas urgentes de seguridad y a evitar que funcionarios sin atribuciones asuman funciones que no les corresponden.

La Fiscalía de Guanajuato desmantela células criminales, pero persiste la inseguridad en el estado.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) realizó una serie de operativos que resultaron en la desarticulación de células criminales dedicadas al narcomenudeo y la extorsión en varios municipios de la entidad, incluidos León, San Francisco del Rincón, Irapuato y Celaya. Durante estas acciones, más de una decena de presuntos delincuentes fueron detenidos, lo que pone de manifiesto la continua lucha contra la criminalidad en el estado.

Sin embargo, a pesar de estas acciones, el clima de violencia e inseguridad persiste en Guanajuato. Las células desarticuladas son solo una muestra de la magnitud del problema, y la población sigue enfrentando altos índices de criminalidad, particularmente en delitos como el narcomenudeo y la extorsión, que afectan tanto a la comunidad como a los negocios locales.

En el marco de estos operativos, la Fiscalía también aseguró diversos bienes, entre ellos inmuebles, vehículos, armas de fuego, municiones, cargadores, drogas, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Estos decomisos son parte del trabajo de investigación que ha permitido la intervención de propiedades vinculadas con actividades ilícitas. Sin embargo, se necesita un enfoque más integral y sostenido para frenar el avance de la delincuencia organizada en la región.

Entre los detenidos se encuentran personas identificadas como:

• Raúl “N” – Lorena Patricia “N” – Adán Anastasio “N” – Juan Diego “N” – Juan Mauro “N” – Christian Antonio “N” – Luis Alberto “N” – Magdalena de la Soledad “N” – Alessandro “N” – Stefano Ervin “N”- Gabriela “N” – Milagros Alejandra “N” – Karla Michelle “N” – Alicia Guadalupe “N”- Félix “N”- Edgar Francisco “N” – María de la Luz Brenda “N”.

Todos ellos permanecerán bajo custodia mientras se resuelve su situación legal. No obstante, la Fiscalía aún enfrenta el reto de garantizar que sus detenciones y desarticulaciones tengan un impacto real y duradero en la reducción de los delitos en el estado.

Además, en los municipios de Apaseo el Alto y Salamanca, el Ministerio Público consiguió la extinción de dominio de dos inmuebles utilizados para actividades criminales. Estos lugares ahora están bajo el resguardo de la Fiscalía, lo que representa una acción más contra el crimen, pero también evidencia la necesidad de abordar de manera más agresiva y coordinada las causas subyacentes de la violencia en la región.

La Fiscalía General del Estado, si bien continúa ejecutando operativos, debe redoblar sus esfuerzos para abordar de manera más integral los problemas de violencia que siguen afectando a los guanajuatenses. La desarticulación de estas células criminales es solo un paso en la lucha, pero las estadísticas de delitos siguen siendo preocupantes.

La situación exige una respuesta más efectiva que, además de intervenciones como las realizadas, incorpore estrategias de prevención, fortalecimiento del tejido social y colaboración más estrecha con las autoridades federales.

Un trabajador del Congreso del Estado fue víctima de un asalto y privado ilegalmente de su libertad el pasado viernes, mientras regresaba de cumplir con una comisión institucional en el municipio de Victoria.

El empleado fue despojado del vehículo oficial en el que viajaba, así como de sus pertenencias, y posteriormente abandonado en la frontera entre Guanajuato y Querétaro tras ser obligado a entregar dinero a sus captores.

El incidente generó preocupación entre los legisladores y funcionarios públicos, quienes han comenzado a discutir medidas de seguridad adicionales para prevenir situaciones similares en el futuro.

De acuerdo con información oficial, el empleado, cuyo nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad, viajaba de regreso a la capital del estado cuando fue interceptado por un grupo de individuos armados.

Los agresores le exigieron dinero y, tras despojarlo del vehículo oficial en el que se trasladaba, lo retuvieron por un tiempo antes de abandonarlo en una zona limítrofe con Querétaro.

El trabajador logró ponerse a salvo y posteriormente recibió atención médica y psicológica. La presidenta del Congreso local, Miriam Reyes Carmona, confirmó los hechos, aunque evitó proporcionar detalles adicionales, señalando que el tema se abordó en la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Guanajuato informó que está en contacto con el trabajador afectado y le ha ofrecido acompañamiento en su recuperación. El titular de la dependencia, Jorge Jiménez Lona, mencionó que el empleado se encuentra estable y que se le brindará apoyo psicológico en caso de requerirlo.

Sin embargo, el funcionario estatal no dio detalles sobre el avance de las investigaciones ni si existen líneas claras que lleven a la identificación de los responsables del delito.

El caso también ha encendido las alarmas sobre la protección de los trabajadores gubernamentales que deben trasladarse a distintas regiones como parte de sus funciones.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre avances en la investigación del caso ni sobre posibles responsables. La falta de resultados en este tipo de incidentes contribuye a la sensación de vulnerabilidad entre la población y, en particular, entre los servidores públicos que deben desplazarse por el estado en el ejercicio de sus funciones.

El Congreso de Guanajuato enfrenta ahora el reto de fortalecer sus protocolos de seguridad y exigir garantías para la integridad de su personal. Mientras tanto, este caso se suma a la larga lista de incidentes que reflejan la crisis de seguridad en la entidad, donde la impunidad y la falta de acción efectiva de las autoridades siguen siendo temas pendientes.