La “Ley Ingrid” surge a la raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020, la divulgación masiva del cuerpo de Ingrid mutilado conmociono a la sociedad que indignada exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía.
La diputada Janet Melanie Murillo, del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos dijo que la finalidad de la propuesta es la de penalizar a los servidores públicos que sean integrantes de cualquier institución de seguridad pública, impartición y procuración de justicia, que difundan cualquier tipo de contenido a través de imágenes, vídeos, documentos o información de la víctima, del cadáver o de sus restos.
Señaló que las reformas que se plantean traerán beneficios a las víctimas al proteger la integridad de la persona cuando se vea involucrada en un hecho violento o cualquier delito, al tener mecanismos que prohíban filtrar material o información delicada.
Las diputada comentó que tipificar las conductas antes mencionadas busca garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública y salvaguardar la dignidad de las personas afectadas y sus familiares y evitar la revictimización.
Las penas en caso de incurrir en el delito aumentaría de 4 a 7 años de prisión, la iniciativa fue turnada a la comisión de justicia para su estudio y dictamen.
