Guanajuato, Gto.– En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el objetivo de ampliar su alcance, fortalecer sus medidas preventivas y responder a los retos actuales que enfrentan estos sectores. La propuesta fue registrada este jueves 26 de junio por la bancada morenista e impulsada por el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza.

La iniciativa busca actualizar el marco legal vigente desde 2017, que si bien fue modificado en diciembre de 2024 para incluir a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, sigue resultando insuficiente ante la complejidad del contexto estatal.

El legislador explicó que la iniciativa nace de una revisión a fondo de la ley, así como de la necesidad de garantizar una protección efectiva, constante y diferenciada tanto a periodistas, como a personas buscadoras, quienes continúan expuestas a condiciones de vulnerabilidad, precariedad económica y riesgo físico.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es el reconocimiento del derecho a condiciones de vida dignas. Para ello, se plantea garantizar el acceso de estos grupos al sistema estatal de salud y a programas sociales, sin que ello implique una carga presupuestal adicional para el Estado.

Además, se propone la creación de un padrón estatal de periodistas y personas buscadoras, que permitiría mejorar la coordinación institucional y facilitar el acceso a apoyos ya existentes. Este registro no tendría fines restrictivos ni de vigilancia, sino operativos y de protección.

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Con perspectiva de género como eje transversal, la iniciativa reconoce que las mujeres periodistas y buscadoras enfrentan una doble carga de violencia y discriminación, por lo que se plantea diseñar medidas preventivas específicas y adecuadas a sus contextos.

La Fracción de Morena solicitó que la metodología para el análisis de esta propuesta se establezca de forma inmediata, con una fecha concreta para su estudio en comisiones, con el fin de que el dictamen avance y pueda votarse dentro del actual periodo legislativo.

Con este paquete de reformas, según Morena, promete no solo robustecer un andamiaje jurídico más incluyente, sino también responder al llamado de justicia y seguridad que exigen quienes buscan la verdad o la informan.

La casa es habitada por su familia y menciona que es una vivienda rentada

Guanajuato, Gto.- Diego Rodríguez Vallejo declara que la casa de The Woodlands, en Houston, Texas, está valuada en 1 millón de dólares.

“Es falso que yo sea propietario de una casa en el vecino país. Quienes radican en EU son mi esposa y mis hijas, ya que ellas se encuentran estudiando” indicó el exgobernador de Guanajuato. Comenta, además, que la casa está a nombre de Daniel Ezquenazi Beraha.

Según la agencia de investigación e inteligencia Prolab y CONNECTAS, el señor Daniel Ezquenazi es representante de la empresa Seguritech, misma que opera las redes de cámaras de seguridad de Guanajuato y ha recibido más de 2 millones y medio de pesos en el estado.

Seguritech llegó al estado de Guanajuato en 2012, en el sexenio de Miguel Márquez Márquez, y continuó durante el mandato de Diego Sinhue.

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La empresa sigue ahora operando en el gobierno de Libia Denisse García.

Daniel, representante de Seguritech, se asoció con Sinhue en 2019, desarrollando un negocio que consiste en un viñedo llamado Omán.
Omán es un complejo ecoturístico con un hotel de lujo y contiene una reserva territorial.

Para 2024, Diego Sinhue, exgobernador de Guanajuato, se fue a vivir a una zona residencial en donde solo existen 17 casas de lujo.

Aun cuando pague una renta, el precio es exorbitante.

“Yo he actuado con transparencia”, aseveró el exgobernador.

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Guanajuato, Gto. – En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa para prohibir la corrección de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidas como “terapias de conversión”.

La propuesta busca establecer severas penas de prisión, que podrían alcanzar hasta los seis años y multas significativas, superando los $200,000 pesos para quienes realicen, impartan, obliguen o financien estas prácticas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca armonizar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la legislación federal, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental que otorga a cada individuo la libertad y autonomía para elegir su proyecto de vida.

La diputada Reyes Carmona enfatizó que la comunidad LGBTI+ es uno de los grupos sociales más vulnerables a la discriminación, que se manifiesta en malos tratos, exclusión, agresiones físicas y sexuales, y violaciones, atentando contra la dignidad y los derechos humanos.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad, muchas personas LGBTI+ son obligadas a someterse a “sermones, terapias o tratamientos” con el fin de “reorientar” su preferencia sexual, prácticas que carecen de sustento médico o científico. La falta de denuncia por parte de las víctimas, debido al temor al rechazo social o la vergüenza, ha llevado a la impunidad de estas acciones.

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La reforma propuesta al Código Penal del Estado de Guanajuato busca adicionar el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”.

El nuevo Artículo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), Lo que representa multas que oscilan entre $108,570.00 y $217,140.00.

Esta sanción se aplicará a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Las penas se agravarán al doble en los siguientes supuestos:

En los casos de subordinación o uso de función pública, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión pública o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

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En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima incurran en estas conductas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. La iniciativa señala que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos.

Adicionalmente, los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos o prácticas para anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán sancionados, además,, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Miriam Reyes Carmona sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la protección de la familia y la vida privada, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.