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Estado

Arranca en Guanajuato la entrega de las polémicas “Tarjetas Rosas.

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El gobierno del estado de Guanajuato arrancó con la entrega de las polémicas “Tarjetas Rosas”, un programa social que, durante las pasadas elecciones de junio de 2024, fue acusado de ser utilizado con fines electorales, especialmente para coaccionar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El programa, que se presenta como un apoyo para las guanajuatenses, no ha estado exento de controversias. A lo largo de la campaña electoral, fue señalado como una herramienta del Partido Acción Nacional (PAN) para influir en el voto de las mujeres, en particular aquellas que atravesaban dificultades económicas o sociales. Esta estrategia, en la que se acusó a la entonces candidata Libia Dennise García de utilizar el programa como un gancho electoral, terminó por catapultarla a la titularidad del gobierno estatal.

Lo que en su momento fue defendido como un apoyo genuino, ha dejado en el aire dudas sobre su verdadera naturaleza. Para algunos, el retorno de la “Tarjeta Rosa” no es más que un intento desesperado de apelar al electorado en tiempos de incertidumbre, sin un compromiso real con las mujeres y las necesidades sociales de Guanajuato. En lugar de ser una política de apoyo permanente, este programa se presenta ahora como una herramienta clientelista, disfrazada bajo el manto de la solidaridad.

La polémica no es nueva: opositores al gobierno estatal denunciaron que la “Tarjeta Rosa” nunca fue más que una estrategia para comprar voluntades a través de la promesa de un apoyo económico. Mientras que los apoyos federales, como las pensiones y becas, tienen un respaldo legal sólido, la entrega de estas tarjetas no cuenta con ninguna garantía jurídica que asegure su continuidad. Es decir, lo que se presenta como una ayuda constante carece de la estabilidad necesaria para ofrecer seguridad a quienes dependen de estos recursos.

En medio de este contexto de desconfianza, los analistas políticos coinciden en que el regreso de la “Tarjeta Rosa” responde a un cálculo electoral: en tiempos de crisis, cuando las necesidades urgentes sobrepasan las promesas políticas, una tarjeta con apoyo económico puede convertirse en una estrategia decisiva para coaccionar a personas.

Aunque los estrategas del gobierno buscan legitimar el programa bajo el discurso de la ayuda social, para muchos la “Tarjeta Rosa” no es más que una muestra de las viejas prácticas políticas que, a pesar de los avances en otros frentes, se siguen utilizando como moneda de cambio electoral.

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Además, la repartición de estas tarjetas durante el proceso electoral fue calificada como un delito electoral. Se denunció que la oferta de la tarjeta por parte de la candidata Libia García Muñoz Ledo constituía una infracción no solo administrativa, sino penal, dado que se trató de un acto de coacción en el ámbito electoral. A pesar de las solicitudes de sanción al Instituto Electoral de Guanajuato, este organismo fue señalado por su omisión en el caso, al no tomar acciones para corregir lo que muchos consideraron una violación flagrante a la ley electoral.

Con este panorama, los ciudadanos de Guanajuato se enfrentan una vez más a la pregunta de si la “Tarjeta Rosa” es un acto genuino de solidaridad o si, como muchos temen, se trata simplemente de una estrategia política más. Y mientras las promesas de apoyo social continúan su marcha, la ciudadanía se prepara para decidir, nuevamente, si estos gestos de ayuda son un avance real o más de lo mismo.

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Alertas

Niños que ya no leen: la alerta silenciosa en las aulas de México.

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En México, aprender a leer —algo que durante generaciones fue casi automático en la primaria— se ha convertido en un desafío cada vez más visible y preocupante. Hoy, especialistas y organismos internacionales advierten que miles de niños avanzan en el sistema educativo sin dominar habilidades básicas como la lectura, la escritura o incluso las matemáticas. El problema no es menor: datos recientes señalan que alrededor de 30% de los niños de entre 6 y 12 años no domina la lectura ni la escritura pese a estar en la escuela, y hasta cuatro millones de estudiantes de primaria presentan este rezago.

El fenómeno no se limita a casos aislados. Evaluaciones como PISA han colocado a México entre los países con peores resultados en comprensión lectora dentro de la OCDE, evidenciando un deterioro estructural en el aprendizaje. Expertos señalan que muchos estudiantes llegan a secundaria sin habilidades sólidas, con dificultades para comprender textos o resolver operaciones básicas. Incluso, académicos advierten que después de toda la educación básica, la mayoría de los jóvenes apenas alcanza una comprensión “literal” de la lectura, y solo un 1% logra niveles avanzados.

Las causas son múltiples y aún generan debate. Por un lado, la pandemia dejó una generación con aprendizajes fragmentados; por otro, el uso excesivo de pantallas y celulares ha desplazado hábitos de lectura y concentración. A esto se suman cambios en modelos educativos, falta de capacitación docente y desigualdad en recursos: en México, 7 de cada 10 escuelas primarias carecen de internet o equipo adecuado, lo que limita el acceso a herramientas modernas de aprendizaje. La UNESCO incluso ha catalogado al país como “sin progreso” en comprensión lectora en los últimos años.

Mientras tanto, el contraste con generaciones anteriores es inevitable: muchos adultos recuerdan una educación centrada en la lectura constante, libros de cuentos y formación histórica sólida que hoy parece diluirse. Sin embargo, el problema actual va más allá de la nostalgia. En un país donde más de 24 millones de personas presentan rezago educativo, la dificultad para leer no solo afecta el desempeño escolar, sino el futuro laboral, social y democrático de toda una generación. La pregunta queda abierta —y sin respuesta clara—: ¿es la tecnología, el sistema educativo o una combinación de ambos lo que está redefiniendo la manera en que los niños mexicanos aprenden… o dejan de aprender?.

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Ciudad

Congreso de Guanajuato incluirá lenguas indígenas en su señalética.

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El Congreso del Estado de Guanajuato avanza en la inclusión y reconocimiento de los pueblos originarios, luego de que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobara por unanimidad un dictamen para incorporar señalética en lenguas indígenas dentro de sus instalaciones. Esta medida contempla la integración progresiva del chichimeca jonaz y el otomí, como parte de una política de visibilización y respeto cultural.

La iniciativa surge a partir de un exhorto impulsado por la diputada de Morena, Plásida Calzada, quien preside dicha comisión. Legisladores destacaron que esta acción representa un paso relevante hacia la construcción de espacios públicos más incluyentes. En ese sentido, el diputado David Martínez Mendizábal reconoció la disposición del Congreso para concretar este tipo de medidas, subrayando que no todas las instituciones han mostrado la misma apertura en temas de inclusión.

Durante la misma sesión, el legislador también hizo un llamado firme para que cesen las agresiones y violaciones a los derechos humanos de migrantes en Estados Unidos, tras recientes casos en los que personas han perdido la vida en operativos de autoridades migratorias. Entre ellos, destacó el fallecimiento de un guanajuatense originario de Silao, lo que motivó a exigir una postura más enérgica por parte de las instituciones, así como investigaciones a fondo que permitan esclarecer estos hechos y evitar que se repitan.

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Apoyo Social

Entre la necesidad y el abandono: niños y adultos mayores dominan el comercio en banquetas de Guanajuato capital.

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En pleno corazón de Guanajuato capital, la postal se repite todos los días: mientras unos van rumbo a la escuela o al trabajo, otros —niños y adultos mayores— sobreviven vendiendo en las banquetas. Dulces, artesanías, chicles o cualquier cosa que deje unas monedas. La pregunta que ya circula fuerte en redes es directa: ¿dónde está el apoyo?
Lejos de ser casos aislados, el fenómeno tiene raíces profundas. Datos recientes revelan que en Guanajuato alrededor del 15.9% de niñas, niños y adolescentes trabajan, lo que equivale a más de 234 mil menores en esta condición . Y no es menor el dato: el estado se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en trabajo infantil.


Lo más preocupante no es solo que trabajen, sino que muchos de ellos no están yendo a la escuela. A nivel nacional, cerca del 30% de los menores en trabajo infantil no asiste a clases , lo que refleja una realidad que también se vive en calles y callejones de la capital guanajuatense.
En redes sociales, usuarios lo dicen sin filtro:
“Unos niños al salón… otros a vender”, una frase que resume la desigualdad visible en cada esquina.
El problema no termina ahí. Guanajuato también enfrenta altos niveles de pobreza infantil: cerca del 39% de niñas y niños viven en esta condición . Esta combinación —pobreza, falta de acceso a servicios y rezago educativo— empuja a muchas familias a que los menores salgan a trabajar desde temprana edad.
Además, especialistas advierten que el trabajo infantil en el estado está ligado a contextos familiares donde los ingresos no alcanzan o donde los adultos están en empleos informales, como el comercio en vía pública . Es decir, lo que se ve en la banqueta no es casualidad, es una cadena que se repite.
A la par, otro grupo vulnerable también ocupa estos espacios: los adultos mayores. Sin pensiones suficientes o acceso a seguridad social, muchos terminan vendiendo en la calle para subsistir, compartiendo el mismo escenario que los menores.
Hoy, la imagen es clara: generaciones distintas, misma necesidad.
Mientras tanto, programas sociales existen, pero la percepción ciudadana —y lo que se ve día a día— abre una duda incómoda: si hay apoyos, ¿por qué siguen creciendo estas escenas?
La realidad en Guanajuato capital no se esconde. Está en cada semáforo, en cada banqueta y en cada niño que en lugar de llevar mochila, carga mercancía.
Y la pregunta sigue en el aire:
¿es falta de apoyo… o falta de que realmente llegue?.

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Seguridad

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