La Feria de Silao 2025 ya enfrenta fuertes cuestionamientos sobre su planeación, el uso de recursos públicos y la legalidad del proceso de adquisición del terreno donde se llevará a cabo el evento. La polémica escaló esta semana al Congreso del Estado, donde el diputado local Ernesto Millán Soberanes expuso en la Diputación Permanente una serie de irregularidades detectadas en torno al proyecto ferial, que este año representa una inversión de 77 millones de pesos.

El legislador señaló que, aunque Silao merece una feria digna y de calidad, el proceso de organización de la edición 2025 inició con serias dudas. En primer lugar, Millán Soberanes detalló que el pasado 6 de enero el Ayuntamiento aprobó el nuevo reglamento de la feria, conformó el comité organizador y avaló la compra del terreno donde se instalarán las nuevas instalaciones.

Dicho terreno, de 48 mil 838 metros cuadrados (casi cinco hectáreas), fue adquirido por un monto total de 80 millones de pesos. El valor por metro cuadrado ascendió a mil 639 pesos, de acuerdo con el avalúo oficial fechado también el 6 de junio, mismo día en que el Comité de Adquisiciones, presidido por la alcaldesa Melani Murillo Chávez, autorizó la compra. La coincidencia entre la fecha del avalúo y su aprobación generó suspicacias, al igual que la celeridad del proceso y la falta de transparencia en su desarrollo.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el avalúo fue realizado por el ingeniero J. Guadalupe Hinojosa Navarro, quien también figura como integrante de uno de los cinco equipos técnicos que estuvieron trabajando en la conformación del terreno ferial. Esta situación fue interpretada por el diputado como un posible conflicto de interés que debería ser investigado a fondo.

Además, Millán comparó el costo del predio con otras ofertas del mercado: por ejemplo, un terreno de 45 mil metros cuadrados dentro del Puerto Interior se encuentra disponible en 36 millones de pesos, es decir, más del doble de superficie por menos de la mitad del costo del terreno adquirido por el Ayuntamiento. Esta diferencia fue calificada como alarmante, dado el potencial logístico y comercial que representa una ubicación como el Puerto Interior.

Pero la inversión no termina ahí. La presidenta municipal declaró que, además de los 80 millones del terreno, se destinarán otros 30 millones de pesos a la organización de la feria, a pesar de que las instalaciones actualmente carecen de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. A esto se suman 17 millones más, lo que eleva el presupuesto total para este año a 77 millones de pesos.

Advertisement

De acuerdo con lo informado, los trabajos de adecuación del predio comenzaron sin contar con un proyecto ejecutivo concluido, lo cual podría derivar en más sobrecostos y deficiencias estructurales. Según el diputado Millán, estos recursos podrían haberse destinado a prioridades más urgentes para el municipio, como el mejoramiento de calles, la dotación de servicios públicos o la atención a comunidades marginadas.

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local detonó una bomba política al anunciar una ofensiva contra la corrupción que, aseguran, marcó el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Desde la sede legislativa, los diputados morenistas exigieron una auditoría integral, la creación de una comisión especial y el involucramiento de instancias federales ante lo que calificaron como un “sexenio de sangre, traición y saqueo institucional”.

El detonante: la ya famosa “Casa Azul” en Houston, Texas. Una lujosa residencia atribuida a Diego Sinhue que, según los legisladores, representa el símbolo de una red de corrupción estructurada con recursos públicos desviados de programas sociales, fideicomisos, contratos inflados y obras que no beneficiaron al pueblo, sino a él y a un selecto grupo de empresarios amigos.

Los señalamientos van más allá de una sola propiedad. Morena documentó más de una decena de casos emblemáticos de presunta corrupción durante la gestión de Sinhue: desde el uso irregular de la Tarjeta Rosa como instrumento electoral, hasta el desvío de millones al grupo empresarial Pachuca y a la firma de seguridad Seguritech. Todos estos casos, explicaron, comparten un patrón: opacidad, tráfico de influencias y desvío de recursos a empresas o individuos cercanos al exmandatario.

Uno de los casos que más indignación provocó fue el del llamado viñedo Omún, ubicado en la comunidad La Venta, en Dolores Hidalgo. Morena denunció que esta zona recibió más de 180 millones de pesos en “embellecimiento” urbano, como fachadas, caminos y servicios, todo con el único fin de beneficiar un desarrollo vitivinícola que incluye un hotel y un fraccionamiento campestre. El verdadero escándalo, según los legisladores, es que este viñedo está ligado a los mismos personajes que aparecen como socios de la mansión en Texas y de la empresa Seguritech: Ariel Picker y Daniel Esquenazi.

Para Morena, lo que se vendió como “mejora comunitaria” en realidad fue una inversión de 3 mil millones de pesos en obra pública con un objetivo privado: incrementar el valor del rancho del círculo íntimo de Sinhue. Señalaron que incluso el Boulevard de la Libertad, una vialidad de alto costo, se construyó con esa intención.

Advertisement

Durante el posicionamiento, los diputados también recordaron otros escándalos que marcaron el sexenio panista: Más de 6,500 homicidios registrados entre 2018 y 2024, en un contexto donde la seguridad pública fue desatendida por el exgobernador, quien nunca asistió personalmente a reuniones estratégicas.

261 millones de pesos desviados del fideicomiso FIDSEG, originalmente creado para apoyar a sectores vulnerables. Después de dos años, se revelaron pagos sin justificación, convenios opacos y transferencias a familiares de funcionarios. Contratos inflados y sin resultados en programas gubernamentales.

Concesión irregular de la autopista Guanajuato-Silao por 30 años a una empresa privada con supuestos vínculos con el exgobernador, lo que podría significar ingresos superiores a los 7 mil 500 millones de pesos para los beneficiarios.

Además del entramado de corrupción, los legisladores recordaron que Sinhue dejó al estado con una deuda de 11 mil millones de pesos, resultado de tres préstamos solicitados durante su mandato. Todo ello mientras se invertían recursos públicos en mansiones, viñedos, caminos y lujos inalcanzables para la mayoría de los guanajuatenses.

“Mientras madres buscan medicinas para sus hijos y estudiantes carecen de escuelas dignas, el exgobernador vive en una casa con alberca, salón de juegos y comodidades obscenas”, señalaron. Para Morena, cada ladrillo de esa mansión representa un acto de traición al pueblo de Guanajuato.

Advertisement

Morena anunció que dará seguimiento puntual al proceso y vigilará que la Fiscalía del Estado, la Secretaría de la Transparencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investiguen a fondo los contratos, convenios y concesiones firmadas durante el sexenio de Diego Sinhue.

Así cerraron su posicionamiento: con un llamado a que la mansión en Texas, símbolo de exceso, impunidad y desvío, marque el final de la carrera política de Diego Sinhue.

Guanajuato, Gto.— La revocación de mandato contra la presidenta municipal de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez, podría convertirse en una realidad en los próximos meses. Así lo adelantó la diputada local Hades Berenice Aguilar Castillo, quien denunció una serie de actos de presunta corrupción y abuso de poder por parte de la actual administración municipal y del exalcalde Alejandro Navarro Saldaña.

La legisladora afirmó que existen elementos suficientes para buscar no solo la salida anticipada de la alcaldesa, sino también abrir procesos legales en su contra y contra su círculo más cercano, debido a irregularidades en la adquisición de terrenos en la Sierra de Santa Rosa, omisiones ante daños ambientales y un uso indebido del poder público para enriquecimiento personal.

Según Hades Aguilar, tanto Samantha Smith como Navarro y otros personajes políticos, estarían involucrados en una red de compra de predios a precios irrisorios, con poca o nula transparencia. La diputada indicó que se encuentra documentando estos hechos, pues ha recibido testimonios ciudadanos, documentos y señalamientos directos sobre la presunta apropiación de terrenos ecológicos protegidos, en los que incluso ya se han realizado caminos clandestinos. Además del tema ambiental, la diputada mencionó que el gobierno capitalino ha operado con total impunidad, solapando una política sistemática de saqueo al patrimonio público.

Asimismo, Hades Aguilar sostuvo que la ciudadanía fue engañada con estrategias como la “Tarjeta Violeta”, una promesa de campaña que hasta ahora no se ha cumplido. A decir de la legisladora, esto representa una burla a la población, que primero fue empobrecida y luego manipulada con apoyos . Por ello, reiteró que es necesario poner en marcha mecanismos como la revocación de mandato, para que la ciudadanía pueda decidir el futuro de sus gobernantes cuando estos actúen en contra del interés público.

En el Congreso local, Aguilar ha impulsado desde la legislatura pasada la creación de una figura legal que permita retirar del cargo a servidores públicos que hayan incurrido en actos comprobados de corrupción o cuya gestión sea rechazada por la mayoría de la población. Dijo que si esta figura existiera ya, políticos como Diego Sinhue o Samantha Smith no habrían llegado tan lejos.

La diputada advirtió que si no se actúa ya, se corre el riesgo de que esta red de poder se consolide aún más, ahora con el intento de continuidad a través del hijo de Navarro, quien, según advirtió, ya está “encampañado”.

Advertisement

Por último, Hades Aguilar hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada, documentar y denunciar. Afirmó que el pueblo de Guanajuato capital tiene derecho a saber quiénes son los verdaderos responsables del deterioro institucional, ambiental y social que vive la ciudad. Y subrayó: los saqueadores tienen nombre y apellido.