En uno de los rincones más pintorescos de la capital, el Callejón de la Condesa, se encuentra cada fin de semana una mujer cuya creatividad y talento han conquistado a propios y visitantes: Leticia, una artesana guanajuatense que desde hace más de 15 años transforma cuarzos, piedras naturales y cristales en piezas únicas de bisutería.

Con manos pacientes y mirada detallista, Leticia trabaja con materiales como alambre de chapa de oro de 14 kilates y acero inoxidable, dando vida a collares, aretes, pulseras y anillos que destacan por su originalidad y su energía natural.

“Todo lo hago a mano, desde cero. Cada pieza tiene su historia, su energía, y su proceso”, comenta con orgullo.

Su emprendimiento comenzó como una manera de apoyar a su familia, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una pasión que la ha llevado a perfeccionar técnicas artesanales y a compartir su talento con quienes valoran lo hecho en México.

Quienes visitan el Callejón de la Condesa entre las 10 de la mañana y las 6:30 de la tarde, pueden encontrarla montando su pequeño pero colorido puesto, donde cada pieza refleja esfuerzo, paciencia y amor por la artesanía.

Leticia invita a todos a conocer su trabajo, apoyar lo local y llevarse un pedacito de Guanajuato en forma de joya. Porque más allá de adornos, sus creaciones son testimonio de lucha, tradición y belleza hecha a mano.

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Villagrán, Gto.– Con una inversión inicial de 16 millones de pesos, este lunes comenzó formalmente la construcción de la *Universidad del Bienestar “Benito Juárez García”* en Villagrán, la primera en su tipo dentro del municipio y la cuarta en el estado de Guanajuato.

Durante la ceremonia de arranque de obra, encabezada por la presidenta municipal *Cinthia Teniente, se destacó que esta institución tendrá como principal objetivo la formación de **médicos comunitarios*, y se proyecta que de ahí egresará la primera generación de profesionales dedicados a brindar atención médica gratuita en comunidades marginadas.

En su primera etapa, el proyecto contempla la edificación de *dos aulas, un módulo administrativo y baños. La universidad ocupará un terreno de **dos hectáreas, y una vez concluida, contará con **20 salones y una clínica de prácticas médicas, con un costo estimado total de **230 millones de pesos*, a ejecutarse en tres etapas a lo largo de tres años.

La ceremonia tuvo lugar en el terreno donde se levantará la universidad, con la presencia de *senadores, diputados federales, el presidente del Congreso local y miembros del Ayuntamiento*, lo que dio mayor relevancia al acto protocolario.

En su intervención, la alcaldesa recordó el proceso que implicó gestionar el proyecto, el cual inició desde su periodo como regidora, cuando buscó y aseguró los terrenos necesarios. Actualmente, la *primera generación de estudiantes —230 jóvenes provenientes de diversos municipios y estados— toma clases en condiciones provisionales*, incluyendo salones adaptados en la Casa de la Cultura e incluso en espacios improvisados.

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El *senador Emmanuel Reyes* también participó en el evento y compartió el recorrido institucional que permitió concretar esta universidad. Destacó que, tras varios intentos y falta de fondos en etapas anteriores, la gestión actual logró acceder a recursos federales, gracias al respaldo de la presidenta electa *Claudia Sheinbaum*, quien autorizó el presupuesto para la fase inicial.

Guanajuato, Gto. – En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa para prohibir la corrección de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidas como “terapias de conversión”.

La propuesta busca establecer severas penas de prisión, que podrían alcanzar hasta los seis años y multas significativas, superando los $200,000 pesos para quienes realicen, impartan, obliguen o financien estas prácticas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca armonizar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la legislación federal, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental que otorga a cada individuo la libertad y autonomía para elegir su proyecto de vida.

La diputada Reyes Carmona enfatizó que la comunidad LGBTI+ es uno de los grupos sociales más vulnerables a la discriminación, que se manifiesta en malos tratos, exclusión, agresiones físicas y sexuales, y violaciones, atentando contra la dignidad y los derechos humanos.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad, muchas personas LGBTI+ son obligadas a someterse a “sermones, terapias o tratamientos” con el fin de “reorientar” su preferencia sexual, prácticas que carecen de sustento médico o científico. La falta de denuncia por parte de las víctimas, debido al temor al rechazo social o la vergüenza, ha llevado a la impunidad de estas acciones.

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La reforma propuesta al Código Penal del Estado de Guanajuato busca adicionar el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”.

El nuevo Artículo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), Lo que representa multas que oscilan entre $108,570.00 y $217,140.00.

Esta sanción se aplicará a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Las penas se agravarán al doble en los siguientes supuestos:

En los casos de subordinación o uso de función pública, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión pública o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

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En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima incurran en estas conductas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. La iniciativa señala que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos.

Adicionalmente, los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos o prácticas para anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán sancionados, además,, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Miriam Reyes Carmona sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la protección de la familia y la vida privada, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.