En los últimos días, titulares celebraron un logro histórico: Guanajuato redujo en siete puntos porcentuales la pobreza multidimensional entre 2022 y 2024. Las cifras suenan alentadoras. Sin embargo, ¿de verdad la pobreza se combate solo con un incremento de sueldo?

De acuerdo con datos preliminares del INEGI, la pobreza en el estado bajó de 33 % a 26 %, y la extrema de 3.2 % a 1.7 %. La ONG No Más Pobreza afirma que la meta de erradicar la pobreza es alcanzable si se consolidan salarios dignos. Incluso estiman que una familia de cuatro personas con dos trabajadores necesitaría alrededor de 13,400 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas.

Hasta aquí, todo parecería una victoria rotunda. Pero la película completa no se cuenta en un solo cuadro.

El rezago educativo afecta todavía al 21 % de la población, es decir, 1.3 millones de guanajuatenses que no tuvieron acceso a la escuela o la abandonaron. ¿Cómo se rompe el ciclo de pobreza con un sueldo un poco mayor si la educación sigue siendo un lujo para miles?

En salud, la situación es todavía más preocupante: 2.1 millones de personas carecen de acceso a servicios médicos. Y si hablamos de seguridad social, el 46 % de los habitantes permanece desprotegido.

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Por otro lado, la desigualdad sigue siendo brutal. Mientras los hogares más pobres sobreviven con apenas 5 mil pesos al mes, los más ricos superan los 56 mil. ¿De verdad un aumento al salario mínimo equilibra esa balanza?

El salario mínimo ha crecido en los últimos años y sí mejoró el ingreso per cápita en algunos sectores. Pero la realidad es que una parte importante de la economía en Guanajuato es informal, donde los aumentos legales no siempre llegan. Además, la inflación golpea de lleno los bolsillos, encareciendo la canasta básica y neutralizando parte del avance.

Si se mira más de cerca, la pobreza en Guanajuato tiene rostro de mujer, de infancia y de periferia. 32.8 % de niñas, niños y adolescentes siguen en pobreza. 27 % de las mujeres viven con ingresos insuficientes, frente a 25 % de los hombres. Ocho municipios concentran casi el 60 % de la población pobre, en un estado donde la violencia y el crimen organizado también pesan en la precariedad cotidiana.

Reducir la pobreza multidimensional es un paso adelante, nadie lo niega. Pero atribuirlo solo al salario mínimo es como festejar un gol cuando el marcador todavía está en contra. El verdadero partido se juega en la educación, la salud, la seguridad social y la redistribución equitativa del desarrollo económico.

El sueldo más alto ayuda, sí, pero no basta. La pobreza en Guanajuato no se explica solo con números; se explica en la vida diaria de millones que siguen sin acceso a lo básico. ¿Queremos seguir aplaudiendo porcentajes o exigir políticas que ataquen la raíz de la desigualdad?

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Guanajuato presume que 430 mil 856 personas dejaron atrás la condición de pobreza en dos años, según datos de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024 del INEGI. La cifra coloca a la entidad en los primeros lugares del país en disminución de pobreza, un logro que la administración estatal atribuye a mejoras en salud, educación y servicios básicos. Sin embargo, especialistas advierten que salir de la línea oficial de pobreza no siempre significa un bienestar real y sostenido.

De acuerdo con los datos, 336 mil 556 guanajuatenses dejaron la pobreza moderada y 94 mil 300 la pobreza extrema, lo que para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es resultado de una política integral y trabajo coordinado con distintos sectores. Aun así, la mandataria reconoce que la desigualdad persiste y que el reto ahora es consolidar estos avances para que no se reviertan en futuras crisis económicas.

Analistas señalan que, aunque la metodología multidimensional del INEGI incorpora factores como ingreso, acceso a salud, educación y servicios, el umbral para “superar la pobreza” puede no reflejar la vulnerabilidad de las familias ante inflación, empleos precarios o falta de seguridad. Así, hay quienes, pese a mejorar sus indicadores, siguen viviendo al límite de sus necesidades básicas.

El debate de fondo es si Guanajuato está realmente cambiando la estructura socioeconómica que produce pobreza o si solo está logrando que miles de personas crucen una línea estadística. Las cifras invitan a reconocer avances, pero también a cuestionar qué tan profundas y duraderas son las mejoras, y si el combate a la desigualdad se está dando más allá de los números.

A partir del 1 de julio de 2025 entró en vigor una reforma laboral que permitirá la formalización de personas que trabajan como repartidores o conductores a través de plataformas digitales como Uber, DiDi o Rappi. En Guanajuato, se estima que más de 40 mil personas se dedican a esta actividad, quienes ahora podrán acceder a seguridad social, atención médica, pensiones y otros beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta medida forma parte de un programa piloto a nivel nacional que tiene como objetivo brindar protección a quienes laboran en el sector digital, sin que pierdan la flexibilidad de decidir cuándo y dónde trabajar. Aun si un trabajador gana menos del salario mínimo o se conecta de manera esporádica, tendrá derecho a atención médica desde el primer día en que sea registrado por la plataforma.

Entre los beneficios que ofrecerá el IMSS se incluyen el acceso a clínicas, consultas generales y especializadas, medicamentos y atención médica integral. En caso de sufrir un accidente mientras están activos en la aplicación, los trabajadores tendrán derecho a incapacidad pagada, hospitalización y rehabilitación sin costo.

Cada semana de registro sumará semanas de cotización, lo cual permitirá a futuro acceder a una pensión. Además, madres y padres trabajadores podrán utilizar los servicios de estancias infantiles del IMSS para el cuidado de sus hijos. También podrán ser beneficiarios de créditos para adquirir o mejorar una vivienda, en condiciones similares a las de cualquier trabajador formal.

A nivel nacional, ya se formalizaron más de 1.2 millones de empleos vinculados a plataformas digitales. En Guanajuato, aún no se determina cuántos trabajadores serán dados de alta, pero se estableció que las plataformas deberán registrarlos de forma gradual en un plazo de seis meses.

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La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y representa un paso significativo en la dignificación del trabajo digital en México. Su objetivo principal es mejorar las condiciones laborales de miles de personas que, a pesar de laborar diariamente, no contaban con ninguna protección legal hasta ahora. Es importante destacar que la implementación inicial es una prueba piloto, lo que significa que se evaluará su funcionamiento y se harán ajustes si es necesario.