A ocho meses de arrancar su administración, Samantha Smith Gutiérrez enfrenta el mayor golpe a su gobierno: 12 funcionarios han caído entre renuncias y despidos, evidenciando un gabinete fracturado y un liderazgo cada vez más cuestionado.

Áreas cruciales como Comunicación Social, Desarrollo Turístico, Desarrollo Social y Recursos Humanos han quedado descabezadas, generando proyectos detenidos, miedo entre trabajadores y la imagen de un gobierno que no logra sostenerse.

Desde enero hasta junio de 2025, se han contabilizado las siguientes salidas y relevos en la estructura municipal:

Enero – Febrero 2025

Marco Antonio Figueroa — Exdirector de Mejora Regulatoria. Fue cesado por “pérdida de confianza” tras señalamientos de bajo desempeño.

Ricardo Narváez — Exdirector de Comunicación Social. Fue removido en el primer corte de evaluación interna de 100 días.

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Juan Pablo Rodríguez — Exdirector de Desarrollo Turístico. Su salida fue atribuida a “reorganización interna”.

María Elena Rivas — Exdirectora de Atención Ciudadana. Renunció por motivos “estrictamente personales”, según informó el municipio.

Marzo – Abril 2025

Nadia Oros- Asumió como nueva directora de Prevención Social, en sustitución del personal removido, aunque el nombre del funcionario saliente no fue oficialmente confirmado.

Jessica Patlán- Entró como directora de Salud Municipal tras la salida de la anterior titular por “diferencias en estrategias de trabajo”.

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Ricardo Figueroa – Fue nombrado director de Ingresos, relevando a personal que, según la alcaldesa, “no alcanzó las metas”.

Cambio en la presidencia de SIMAPAG, donde Claudia Rodríguez fue designada tras la salida de Armando López, quien dejó el cargo sin explicación pública.

Mayo – Junio 2025

Jorge González Hernández — Exdirector de Atracción de Inversiones. Renunció argumentando “temas personales” tras menos de seis meses en el cargo.

Sofía Barrera — Exdirectora de Desarrollo Social. Cesada en mayo por “no cumplir expectativas”.

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Luis Trejo — Ex director de Recursos Humanos. Salida justificada por presuntas discrepancias con políticas internas.

Cristina Salazar — Exjefa de Jurídico Municipal. Renunció, aunque versiones extraoficiales apuntan a diferencias con la alcaldesa.

Mientras la alcaldesa insiste en que los cambios son por “falta de resultados”, la realidad es que la inestabilidad frena avances, confunde a la ciudadanía y deja la impresión de una gestión improvisada, incapaz de consolidar un equipo sólido.

La crisis interna se agrava con versiones de choques personales, diferencias políticas y decisiones tomadas más por impulso que por estrategia. El riesgo es claro: la alcaldesa podría pagar un alto costo político si no logra frenar la sangría de funcionarios y mostrar resultados concretos.

Hoy, más que un gobierno dinámico, el de Samantha Smith luce como un barco sacudido por sus propias tormentas.

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Guanajuato, Gto.- María Guadalupe Valadez Salinas, mejor conocida como “Luisa Valadez” en el gremio de Telesecundarias de la región, Irapuato, Guanajuato, denunció públicamente una cadena de omisiones, violencia institucional y encubrimientos que, según sus palabras, le han “destruido la vida laboral y personal” desde hace más de una década.

Valadez relató cómo desde 2014 fue víctima de acoso sexual y laboral por parte de un superior jerárquico identificado como Florencio “N”, quien habría utilizado su cargo para hostigarla, denigrarla y desacreditarla dentro del sistema educativo. “Mi única circunstancia fue haber nacido mujer”, dijo.

Lo que siguió, según expone, fue un entramado de complicidades y simulaciones dentro de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y el Sindicato de la Sección 45 del SNTE, encabezado actualmente por Juan Rigoberto Macías Vidales. “Encubrieron al agresor. El sindicato no solo me abandonó, también me violentó”, aseguró la docente.

Valadez afirma que a lo largo de los años no se activaron los protocolos establecidos para atender casos de violencia laboral ni hostigamiento sexual en la administración pública estatal. “No me aplicaron ningún protocolo. Solo simularon un proceso y me revictimizaron”, denunció.

Durante una reunión sostenida el pasado 6 de mayo con el titular de la SEG, Luis Ignacio Sánchez Gómez, y con presencia de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Itzel Valderas, la maestra asegura que solo recibió “negativas” ante su exigencia de una sanción laboral al agresor. “El silencio de las autoridades también es violencia”, dijo.

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A raíz de su denuncia pública, más víctimas más se han acercado con historias similares relacionadas con el mismo agresor, también en la región 511 de Telesecundarias. “Ellas también fueron acosadas antes que yo. Hoy buscan justicia”, reveló.

Actualmente, el proceso se encuentra en tribunales de justicia, pero la maestra asegura que los procedimientos internos han estado plagados de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. “El órgano interno de control de la SEG pisoteó mis derechos”, denunció.

La maestra expresó sentirse en riesgo desde que decidió denunciar. “He recibido intimidaciones, amenazas veladas y desprestigio constante por parte de funcionarios”, dijo, al referirse también al secretario de Innovación Tecnológica, David Cano, quien presuntamente la denostó públicamente.

Pese a todo, ha reiterado que no se detendrá. “Prefiero morir en este proceso antes que rendirme. Si algo me pasa, responsabilizo a las autoridades que han encubierto a mi agresor”.

Valadez Salinas afirmó que ha hecho múltiples llamados a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, sin obtener respuesta. “Lanzó la Secretaría de las Mujeres como un acto simbólico, pero no protege a las mujeres guanajuatenses. Todo es simulación”, expresó.

Incluso, declaró haber entregado su expediente personalmente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su reciente visita a Irapuato. “Tengo la esperanza de que el gobierno federal sí escuche”, dijo.

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La maestra cerró su declaración exigiendo un alto al encubrimiento institucional y solicitando que los responsables, tanto el agresor como quienes lo protegieron, enfrenten las consecuencias legales. “Esto no es personal ni político. Es una lucha por justicia para mí y para todas las mujeres que han sido silenciadas”, sentenció.

Hoy, mientras el sindicato de la Sección 45 celebra con reconocimientos los años de servicio de sus agremiados, una de sus compañeras alza la voz contra la impunidad.

Guanajuato, Gto.– El “arañazo” visible sobre el Cerro de Sirena es solo la superficie de una trama más profunda y dolorosa: la de una familia que ha cuidado esas tierras por generaciones y que hoy enfrenta el despojo, la invasión masiva y la indiferencia de las autoridades.

Los herederos del terreno, la familia Barbosa Peña, aseguran tener documentos que prueban la posesión continua del predio desde 1889. Incluso, afirman contar con contratos de hace más de 90 años firmados con empresas mineras que reconocían la propiedad de su padre. A pesar de ello, los cerros que antes les pertenecían han sido ocupados por nuevos habitantes que, sin títulos legales, han comenzado a construir viviendas, abrir caminos y vender lotes como si se tratara de un fraccionamiento autorizado.

La venta irregular ha sido impulsada por Marcelino N y Eduardo N, quien se ostenta como “representante de colonos” de la asociación Calzada de Guadalupe Santa Fe. De acuerdo con denuncias de los legítimos propietarios, Esparza promueve la comercialización de terrenos que no le pertenecen, ofreciendo propiedades en litigio, sin servicios y sin ningún respaldo legal válido.

Aunque algunos compradores se acercaron en su momento al padre de la familia para adquirir legalmente los terrenos, terminaron comprando con los invasores por un precio más bajo, sin conocer los riesgos jurídicos ni el daño ecológico que están generando.

A esto se suma la sospecha de que detrás de las invasiones podría haber intereses económicos de mayor escala, posiblemente enfocados en el desarrollo de un proyecto turístico ecológico que contemplaría la construcción de cabañas o incluso un hotel en la cima del cerro. Uno de los nombres que ha circulado es el de un empresario hotelero y restaurantero, presuntamente vinculado con el ya denominado Cártel Inmobiliario. Se señaló que el camino recientemente trazado, a través de la propiedad de la familia Barbosa Peña, conduciría directamente a predios colindantes vinculados a dicho empresario.

El caso trasciende el conflicto por la tierra. En el fondo, se denuncian también posibles actos de corrupción notarial, al validar escrituras sin sustento legal, así como una complicidad pasiva de las autoridades municipales, que a pesar de haber colocado sellos en algunas construcciones, no han detenido el avance.

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Mientras tanto, maquinaria pesada continúa removiendo tierra en una zona clasificada como reserva ecológica, afectando flora, fauna y el equilibrio natural del entorno. La apertura de caminos, la fragmentación de hábitats y el avance del concreto representan un daño irreversible.

Vecinos de Guanajuato han expresado su tristeza e indignación al ver cómo el Cerro de la Cruzita —también conocido como Cerro de Sirena— pierde su carácter simbólico y natural. Un espacio que es patrimonio ecológico y cultural ahora se convierte en escenario de disputas legales, intereses privados y urbanización sin control.

Ante esta situación, se lanza un llamado urgente a quienes estén considerando adquirir predios en esta zona: no existe seguridad legal sobre esas tierras. Comprar ahora representa un alto riesgo de perder el patrimonio familiar, de fomentar un esquema de despojo y de contribuir a la devastación del ecosistema.