Representantes del sector transportista acudieron al Ayuntamiento de Guanajuato para sostener su primera reunión formal con la Comisión de Concesiones con el objetivo de plantear problemáticas legales y técnicas relacionadas con el proceso de concesionamiento y regularización del transporte público.

Durante el encuentro expusieron que desde hace más de dos décadas no se ha concretado un programa de regularización, lo que ha frenado avances en la modernización del sistema y ha limitado el acceso a financiamiento. Los concesionarios informaron que entregarán en los próximos días un documento técnico-jurídico con propuestas para mejorar el proceso de entrega de concesiones y definir criterios claros antes de que se emita la convocatoria oficial.

La presidenta de la Comisión de Concesiones se comprometió a convocarlos nuevamente cuando se tengan las bases para que puedan realizar aportaciones directas a los lineamientos. “Si se hubiera hecho el programa desde 2002 o 2003, ya habríamos avanzado muchísimo; hoy seguimos detenidos por falta de documentos legales”, señalaron.

Uno de los temas centrales fue el PIMUS (Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable), al que los transportistas calificaron como la “hoja de ruta” para acceder a recursos federales, principalmente de Banobras y acelerar mejoras en infraestructura y servicio.

De lograrse financiamiento estimado entre 15 y 20 millones de pesos, que se podrían invertir en la rehabilitación de paraderos, vialidades y en sistemas tecnológicos que permitan a los usuarios conocer en tiempo real la llegada de las unidades, brindando certeza en el servicio.

En materia de modernización, informaron que desde el ajuste tarifario de 2024 se han incorporado ocho unidades nuevas y alrededor de 18 a 20 seminuevas, como parte de un esfuerzo gradual para renovar la flota. Además, trabajan en un proyecto de tarjeta de prepago que requeriría la entrega gratuita de entre 60 mil y 70 mil plásticos a usuarios, con una inversión significativa en credencialización y tecnología para implementar tarifas preferenciales y pagos electrónicos.

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Sin embargo, la falta de entrega de concesiones ha limitado el acceso a créditos de bajo costo, como los que ofrecía Fondos Guanajuato. Actualmente, la nueva dependencia estatal exige documentación legal vigente para otorgar financiamiento, pero al estar vencidas muchas concesiones, los créditos han sido rechazados. Esta situación ha frenado la renovación de unidades y otros proyectos clave.

Finalmente, los transportistas recordaron que mantienen activo un amparo interpuesto desde 2024 por la no entrega de concesiones y por presuntas inconstitucionalidades en la ley de movilidad. Advirtieron que si se entregan nuevas concesiones sin resolver el recurso legal que ampara 113 unidades y un juez federal les da la razón, se podría revertir más del 50% de las asignaciones, generando un problema legal y operativo de gran magnitud. Por ello, pidieron celeridad y claridad en el proceso para evitar que el rezago legal siga afectando el desarrollo del transporte en la capital.

En el corazón de Guanajuato capital, el oficial Julio García ha extendido su influencia dentro de la corporación de Tránsito movilidad y transporte, operando con total libertad para recolectar dinero y gestionar permisos nuevos en la zona centro. Tanto en sus días de descanso como cuando está en servicio, mantiene el control operativo, imponiéndose incluso sobre mandos como Jesús Guzmán y Ramón Barranco, quienes formalmente deberían dirigir las operaciones.

García actúa con un poder que rebasa su cargo, controlando sectores estratégicos como el alcoholímetro y la zona sur vial. Su grupo se ha consolidado como uno de los “intocables” dentro de la Dirección de tránsito movilidad y transporte operando con privilegios especiales y respaldo político que les permite moverse sin restricciones ni supervisión efectiva.

La permisividad proviene directamente de la parte más alta. El director Alejandro Barbarino Sosa ha permitido que Julio García y su círculo actúen a su antojo, sin imponer límites ni correctivos. Esta situación ha generado inconformidad dentro de la corporación, al quedar claro que las decisiones reales no provienen de la dirección formal, sino de un grupo que responde a intereses particulares.

Mientras la ciudadanía enfrenta problemas diarios de movilidad, verificaciones irregulares y transporte pirata fuera de control, en Tránsito prevalece un esquema de poder paralelo. La falta de acciones firmes contra este grupo privilegiado, une vínculos de privilegio cercanos a Sandra y Omán ya que ellos los tiene en el área de transporte y que privilegios gozan de estar ahí, se exhibe una dirección debilitada, donde los intereses personales pesan más que el orden institucional.

Desde el viernes 10 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha el Comité de Emergencias que permanece en sesión continua para coordinar las acciones interinstitucionales ante las afectaciones provocadas por las recientes contingencias.

En estas sesiones participan las y los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Gobernación, así como de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar quienes evalúan avances y necesidades de atención cada 24 horas.

Como parte de las medidas de apoyo a la población, se habilitó la línea 079 disponible para brindar asistencia y acompañamiento en la búsqueda y localización de personas.

Las autoridades estatales reportaron un total de 44 personas fallecidas: 18 en Veracruz, nueve en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro. El Gobierno de México expresó su solidaridad con las familias afectadas y refrendó su compromiso de brindarles atención integral.

En 139 municipios con mayores daños se llevan a cabo operativos continuos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos, priorizando la protección de la vida y el bienestar de las comunidades. Se han reforzaron las labores de limpieza y sanitización en las zonas afectadas con el fin de restablecer condiciones seguras para avanzar en el levantamiento de censos y la entrega de apoyos directos.

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Veracruz

• 69 municipios afectados.
• Atención prioritaria en Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.
• Participan 530 elementos de Defensa con 38 vehículos, 580 de la Guardia Nacional, 500 de Marina con 17 vehículos, además de personal de CFE, Conagua, SICT, Pemex y autoridades locales.
• 42 refugios temporales activos que atienden a 3,155 personas con alimentación, alojamiento y atención médica.
• CFE reporta 249,883 usuarios afectados de 6.3 millones, con un avance de restablecimiento del 78%.
• SICT ha atendido 68 interrupciones en la red federal, con 90 km reparados, apoyados por 91 elementos y 57 maquinarias.
• En la red estatal se registran 19 incidencias, con 0.5 km atendidos de 3.23 afectados.

Puebla

• 37 municipios afectados.
• Atención prioritaria en 16 municipios, entre ellos Chiautla de Tapia, Huauchinango, Teziutlán, Tlacuilotepec y Xicotepec.
• Mil 400 elementos de Defensa, Marina y Guardia Nacional participan junto a personal de CFE, Conagua, SICT, Pemex y autoridades locales.
• 83 refugios temporales habilitados con colchonetas, cobijas y utensilios básicos.
• CFE: 26,442 usuarios afectados de 5.1 millones, con avance del 51.5%.
• SICT: 13 interrupciones en red federal, 10 ya atendidas.
• En la red estatal, una incidencia en proceso de atención.

Hidalgo

• 21 municipios afectados, con atención especial en Zacualtipán, Huazalingo y Tianguistengo.
• Participan 60 elementos de Defensa, 15 de Guardia Nacional, 250 de Marina, además de personal estatal y municipal.
• Refugio temporal habilitado en Juárez Hidalgo con siete personas atendidas.
• CFE: 65,443 usuarios afectados de 1.26 millones, avance del 61.4%.
• SICT: 14 interrupciones en red federal, 10 atendidas.
• Red estatal: 80 incidencias, siete atendidas.

San Luis Potosí

• 5 municipios afectados, con atención prioritaria en Tamazunchale.
• Participan Defensa (1,200 elementos), Marina, Conagua y autoridades estatales.
• CFE: 35,631 usuarios afectados, restablecimiento del 100%.
• SICT: 4 interrupciones en la red federal en proceso de atención.

Querétaro

• 7 municipios afectados, con prioridad en Pinal de Amoles y Amealco de Bonfil.
• Participan Defensa, Guardia Nacional, SICT, Conafor y autoridades estatales.
• CFE: 4,512 usuarios afectados, restablecimiento del 100%.
• SICT: 5 interrupciones en la red federal, 2 atendidas y 3 en proceso.

El Comité Nacional de Protección Civil mantiene coordinación permanente con los gobiernos de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí para consolidar los esfuerzos interinstitucionales de auxilio y recuperación en beneficio de las comunidades más afectadas.