GUANAJUATO, GTO. — Este miércoles se llevó a cabo un cateo en el fraccionamiento “La Cucursola”, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, como parte de una investigación por posibles delitos de carácter federal. En el operativo participan elementos de la Federación y fuerzas estatales de seguridad pública.

La intervención ocurre en un contexto de creciente tensión por el desarrollo de este fraccionamiento, señalado desde hace años por sus impactos ambientales, su legalidad cuestionada y el conflicto social que ha provocado entre las comunidades vecinas.

Desde 2020, la PROFEPA clausuró las obras por la tala de árboles y el incumplimiento de requisitos ambientales. A pesar de ello, se ha documentado que la construcción continuó. El fraccionamiento se localiza en una zona forestal con especies protegidas y su expansión ha afectado rutas de migración de fauna, generando un fuerte deterioro ecológico.

Uno de los principales puntos de conflicto es la pretensión de abastecer el desarrollo con agua de la presa de Peralillo, lo que generó el rechazo de comunidades cercanas que temen quedarse sin abasto. Aunque el Comité del Agua de Santa Rosa aseguró que no habrá suministro para el fraccionamiento, la incertidumbre persiste.

En paralelo, han surgido denuncias por presuntas irregularidades en la obtención de permisos. La SEMARNAT negó haber recibido solicitudes de cambio de uso de suelo, mientras que otras autoridades locales han defendido la legalidad del proyecto. Existen denuncias ante la FGR por delitos contra la biodiversidad y omisiones en el actuar de funcionarios municipales. Incluso, el Tribunal de Justicia Administrativa ya admitió un recurso para sancionar a funcionarios involucrados.

El Congreso local exhortó a las autoridades a clausurar definitivamente el fraccionamiento y a realizar un estudio de impacto ambiental que determine las medidas de restauración necesarias.

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Mientras tanto, el sitio web del fraccionamiento lo promociona como un “eco-residencial” sustentable. Sin embargo, tanto ambientalistas como comunidades denuncian que se trata de un proyecto privado que avanza sobre una zona ecológicamente valiosa, con respaldo en omisiones y posibles actos de corrupción.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre el operativo. La intervención se mantiene bajo hermetismo.

A más de una década de su anuncio inicial, la presa de La Tranquilidad, ubicada en el poniente de la ciudad de Guanajuato, sigue sin materializarse y se mantiene como uno de los proyectos más postergados y polémicos en la historia reciente de la capital. La obra, considerada clave para el abastecimiento de agua en la región, ha sido calificada por algunos ciudadanos como un “elefante blanco” que ha pasado de administración en administración sin avances sustanciales.

En 2022, el entonces presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña anunció públicamente su intención de retomar el proyecto, asegurando que con la recaudación económica del mismo año se generarían las condiciones para impulsar la obra. Además, afirmó que buscaría gestionar recursos con los gobiernos estatal y federal para darle continuidad a una propuesta que desde 2013 había sido anunciada con grandes expectativas.

Sin embargo, pese a la evidente necesidad de contar con un cuerpo captador que contribuya a garantizar el abasto de agua para los habitantes de la capital, las obras fueron canceladas, dejando el terreno en el olvido y a la ciudadanía con más dudas que certezas.

En 2025, la actual alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez retomó el tema, declarando que su gobierno buscará reactivar el proyecto. No obstante, también fue clara al señalar que la presa no es una prioridad en su agenda, lo que ha generado inquietud entre sectores ciudadanos que consideran urgente fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad ante los efectos del cambio climático y el crecimiento poblacional.

Así, la presa de La Tranquilidad sigue atrapada entre las buenas intenciones y la falta de ejecución. Mientras tanto, la demanda de soluciones reales para el abasto de agua en Guanajuato continúa creciendo, y el futuro del proyecto se mantiene en la incertidumbre.

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Guanajuato Silver Company Ltd., empresa canadiense con operaciones en Guanajuato, anunció recientemente el hallazgo de una nueva zona rica en oro y plata dentro de su mina San Ignacio, en la zona conocida como Santo Niño. Se trata de vetas con altas concentraciones de metales preciosos, detectadas mediante perforaciones que alcanzaron tramos de hasta 8.2 metros de ancho, con secciones particularmente ricas en oro y plata.

El hallazgo representa, para la empresa, una oportunidad para acelerar la extracción y ampliar sus operaciones, sumando esta veta a la estructura geológica La Luz, que se extiende por más de ocho kilómetros y conecta con otras minas productoras como Bolañitos, de la compañía Endeavour Silver. Todo esto forma parte de un modelo extractivo que ha convertido al subsuelo guanajuatense en una fuente constante de riqueza… pero solo para unos cuantos.

Pese al volumen millonario de recursos que se extraen cada semana traducido en millones de dólares—, los beneficios no se reflejan en las comunidades mineras. Al contrario: poblaciones como Mineral de la Luz, colindante con las zonas de explotación, arrastran desde hace años condiciones de abandono y rezago social.

Mientras las minas operan con maquinaria pesada y trasladan semanalmente camiones cargados de mineral, las calles de estas comunidades continúan sin pavimentar, llenas de baches, con servicios básicos limitados y sin inversión en infraestructura. El contraste es evidente: riqueza subterránea y pobreza en la superficie.

A ello se suman los daños ambientales y estructurales causados por la actividad minera intensiva. Se han documentado cuarteaduras en viviendas, desaparición de arroyos, y afectaciones en mantos acuíferos. Los cerros han sido perforados sistemáticamente, dejando cicatrices visibles y consecuencias que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes.

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