Guanajuato, Gto.- Mientras el país avanza en el reconocimiento de derechos humanos, Guanajuato parece caminar en sentido contrario.

El estado mantiene una postura conservadora frente al matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, perpetuando un escenario de exclusión legal para mujeres y personas LGBT+.

El retroceso en el matrimonio igualitario:

En diciembre de 2021, un decreto administrativo abrió la puerta para que parejas del mismo sexo pudieran casarse sin necesidad de amparo. Sin embargo, este avance fue efímero: la medida perdió vigencia en septiembre de 2024 con la salida del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Desde entonces, el trámite volvió a convertirse en una batalla judicial.

Aunque la diputada María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y garantizar este derecho de forma permanente, la mayoría panista en el Congreso ha bloqueado cualquier posibilidad de avance. Así, Guanajuato se convierte en uno de los pocos estados donde el matrimonio igualitario no está garantizado por ley, sino que depende de los tribunales.

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Aborto legal: un derecho que sigue criminalizado

La resistencia no es exclusiva del tema LGBT+. En mayo de 2025, el Congreso local rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto. El marcador fue cerrado: 19 votos en contra, 17 a favor. La sorpresa vino del cambio de postura de la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, quien se alineó con el PAN en el último momento.

Todo esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto desde 2021. En Guanajuato, la ley local sigue castigando a quienes deciden interrumpir un embarazo, en un abierto desafío al marco jurídico nacional.

Un estado que se resiste a cambiar

Guanajuato mantiene su lugar como bastión conservador en México. La negativa a legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos no solo afecta a los grupos directamente involucrados; envía un mensaje claro: en este estado, los derechos aún son selectivos.

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Mientras en otras entidades se consolidan avances en igualdad y justicia, en Guanajuato se sigue legislando desde prejuicios ideológicos. La falta de voluntad política deja en el abandono a miles de personas que siguen esperando que sus derechos sean reconocidos por ley.

Guanajuato, Gto. 06 junio 2025. — El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal local con el objetivo de brindar mayor seguridad a periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Las modificaciones buscan mejorar el entorno en el que estos grupos desarrollan su labor, reconocida como esencial para el fortalecimiento del estado de derecho.

Entre los principales cambios se establece que serán considerados delitos graves aquellos actos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, sus cónyuges o familiares hasta el cuarto grado, cuando la intención sea obstruir o impedir su actividad, o cuando estos hechos ocurran como represalia.

También se clasifican como graves si se cometen en el contexto de un espectáculo público, antes, durante o inmediatamente después, o si las víctimas son menores de 18 años y los actos son cometidos con dolo.

En cuanto a las agresiones a la libertad de expresión, las reformas imponen penas de uno a seis años de prisión y multas de entre diez y sesenta días a quienes utilicen la violencia o el acoso para obstaculizar el trabajo periodístico, o limiten la libre expresión relacionada con esta labor. Si la persona responsable es un servidor público, la pena de prisión aumentará y se le prohibirá desempeñar cargos públicos durante un periodo igual al de la condena.

De igual forma, se establecen las mismas sanciones para quien atente contra la promoción o defensa de los derechos humanos mediante violencia o acoso, o limite estas actividades. En el caso de que el delito sea cometido por un funcionario público, las penas también se incrementarán.

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La persecución de estos delitos dependerá de la denuncia de la víctima, salvo en situaciones donde las personas defensoras estén involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, en cuyo caso la acción penal se iniciará de oficio.

Durante la sesión legislativa, se subrayó que estas reformas responden a la creciente necesidad de garantizar condiciones seguras para periodistas y defensores en la entidad, ante los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas ha reportado que actualmente 26 periodistas y cuatro personas defensoras cuentan con medidas de protección otorgadas por el estado.

Guanajuato, Gto. 06 mayo 2025. — Ante la negativa del Congreso local para la despenalización del aborto, el partido Movimiento Ciudadano, junto con colectivas y asociaciones feministas, anunció que promoverán la solicitud de una nueva declaratoria de alerta de género en el estado, bajo la figura de agravio comparado.

En conferencia de prensa, representantes de Movimiento Ciudadano advirtieron que, de no lograrse la despenalización, acudirían a todas las instancias necesarias para exigir que el Congreso legisle con base en un marco jurídico que respete los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas.

Actualmente, Guanajuato cuenta con una alerta de género declarada en septiembre de 2024, específicamente por feminicidio y desaparición de mujeres. Sin embargo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla otras causales para emitir alertas, entre ellas el agravio comparado, que refiere a la discriminación y desigualdad legal que coloca a las mujeres de un estado en desventaja frente a otras entidades federativas.

Explicaron que, la solicitud se basa en que Guanajuato mantiene un marco legal restrictivo en comparación con otros estados del país, pues 24 entidades ya han despenalizado el aborto, mientras que en Guanajuato las mujeres tienen menos derechos en esta materia. Esta desigualdad es lo que se denomina agravio comparado, que se traduce en una violación al principio de igualdad y a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente.