Lo que comenzó como un delito local entre brechas rurales y ductos mal vigilados, hoy es un negocio global que pone a México en el centro de un tráfico energético internacional. Y Guanajuato sí, el corazón del Bajío es una pieza clave en esta maquinaria clandestina que mueve millones de dólares y petróleo por continentes.

Un reciente informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha puesto los reflectores en un esquema cada vez más complejo: el tráfico de combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex), desde México, pasando por Estados Unidos y llegando hasta India, Japón y regiones de África.

La ruta comienza en tierra firme. Veracruz, Jalisco, Puebla, Hidalgo y Guanajuato, figuran como puntos de extracción donde el huachicol no es solo gasolina: se trata de petróleo crudo agrio y pesado, sustraído directamente de los ductos o incluso de refinerías y pipas completas. En Guanajuato, un estado que ya sufre por la violencia y la corrupción institucional, ahora también se perfora el subsuelo con fines de contrabando global.

Desde ahí, viaja hacia estados fronterizos como Tamaulipas, donde entra en juego el camuflaje. El petróleo se etiqueta falsamente como “aceite usado” o residuos industriales peligrosos, para así cruzar hacia Texas sin ser detectado por controles aduanales. Ya en territorio estadounidense, el crudo se almacena en instalaciones especializadas y se vende a través de empresas fantasma, generando una cadena de complicidades que involucra a importadores “legítimos” en el mercado energético global.

El informe de FinCEN es claro: los cárteles mexicanos han perfeccionado esta operación, moviendo grandes cargamentos en barcos petroleros con destino a mercados en Asia y África. Cada envío puede representar más de cinco millones de dólares en ganancias, y se realizan varios embarques al mes.

El petróleo robado en Guanajuato puede estar hoy en una turbina en la India o moviendo maquinaria pesada en el Congo.Mientras tanto, México no solo pierde combustible: pierde millones de dólares, pierde soberanía energética y pierde control sobre un crimen que ya rebasó las fronteras.

Cuatro personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la extorsión cometida contra comerciantes en distintos municipios de Guanajuato, mientras que una más fue vinculada a proceso penal por tentativa de feminicidio en la ciudad de León.

En San Luis de la Paz, Roberto Carlos “N” fue sentenciado luego de ser hallado culpable de extorsionar a un comerciante bajo amenazas de incendiar su negocio si no entregaba una cantidad de dinero.

En Irapuato, Víctor Manuel “N” también fue detenido, acusado de obligar a un comerciante de la Zona Centro a entregar efectivo de manera periódica. Las autoridades lo señalaron como presunto responsable de amenazas relacionadas con el cobro de cuotas.

Por su parte, Adolfo Jonathan “N” fue capturado en León y enfrenta cargos por robo calificado y extorsión agravada. De acuerdo con los reportes, habría ingresado a un comercio con un arma de fuego y exigido dinero bajo amenaza directa.

En ese mismo municipio, Francisca “N” fue vinculada a proceso penal por el delito de extorsión agravada. Las autoridades informaron que la mujer solicitaba dinero a varios comerciantes a cambio de no ser agredidos, en un esquema similar al cobro de cuotas.

En otro hecho, ocurrido el pasado 19 de abril en León, Juan Alberto “N” fue detenido por tentativa de feminicidio. De acuerdo con la información oficial, el acusado llevó a su pareja sentimental a una zona apartada, donde presuntamente le disparó con un arma de fuego.

La víctima sobrevivió y pudo pedir auxilio, por lo que fue trasladada de inmediato a recibir atención médica. El presunto agresor permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

Todas las personas estamos expuestos a fraudes, robos, extorciones y timos… pero hay un sector aún más vulnerable: los adultos mayores y las personas con discapacidad. Ellas tienen las mayores desventajas pues, ante la pérdida de agilidad, se vuelven un sector de la población en vulnerabilidad.

Las personas con 60 años de edad o más, que representan una parte importante de la sociedad y forman parte del sector denominado adultos mayores.

Año con año, forman un crecimiento en la población del 4%, muchos de ellos sufren el desempleo, condiciones laborales precarias, carencias económicas, abandono e inseguridad social. Y las personas con discapacidad presentan una lucha constante, por la adquisición de la autonomía y adaptación al medio que los rodea.

El diputado Sergio Contreras del partido verde ecologista, menciona que es necesario agravar la sanción de los delitos de robo y despojo cometidos, en contra de personas con discapacidad o bien adultos mayores.

Dice, el diputado Sergio, que, “ el robo, es cuando una persona toma un bien mueble, que no le pertenece y el despojo cuando una persona invade.”

Recordemos el caso, tan sonado de Doña Carlota, una ancianita que a punta de pistola, harta de una situación de despojo, desalojó, a los ocupantes de su propiedad en la localidad de Chalco, estado de Mexico.

Esta propuesta, resalta la facultad de seguir laborando por el bien de de los sectores más vulnerables.

“En Guanajuato, es necesario aumentar la sanción de los delitos de robo y el despojo de bienes de las personas adultas mayores y personas con discapacidad en atención a la especial protección que merecen, ya que, por su condición, se encuentran en una situación de mayor, vulnerabilidad”, dijo. El Diputado por el partido verde.

En tribuna, el diputado Sergio Contreras, presentó una iniciativa de reforma para incrementar la sanción de los delitos de robo y despojo, cometidos en perjuicio de adultos mayores o personas con discapacidad.