Mientras el rapero Santa Fe Klan mantiene viva la esperanza de ofrecer un concierto en honor a San Judas Tadeo, el gobierno municipal de Guanajuato, encabezado por Samantha Smith Gutiérrez, sigue sin definir si permitirá el evento y al mismo tiempo deja entrever posibles multas de hasta 200 mil pesos por el uso del espacio público. La administración asegura que “mantiene diálogo” con la familia del artista, pero no ha dado una respuesta clara ni mostrado voluntad real para facilitar el espectáculo.

En contraste, Santa Fe Klan —oriundo del mismo barrio que hoy lo ve enfrentado con las autoridades— ha sido quien más apoyo social y económico ha brindado en los últimos años a los sectores más vulnerables de la ciudad: desde donaciones a familias necesitadas, hasta becas, apoyos escolares y actividades para jóvenes que buscan alejarse de la violencia. Mientras tanto, el municipio prioriza el cobro de permisos y la polémica antes que el impulso cultural o el apoyo a la juventud guanajuatense.

La alcaldesa Samantha Smith declaró que está “en comunicación con la familia” del cantante, pero evitó pronunciarse sobre los comentarios del artista, quien la llamó “Doña” tras sus intentos por frenar los conciertos populares. En paralelo, el director de Fiscalización, Gustavo Bück González, confirmó que el costo del permiso podría ir desde 12 mil hasta 200 mil pesos, dependiendo del tamaño del evento, una cifra que muchos consideran un intento de aprovecharse del éxito económico del rapero.

Mientras los funcionarios municipales debaten si permitir o no el concierto, la ciudadanía observa una doble moral: por un lado, el gobierno presume fomentar la cultura, pero por otro obstaculiza a uno de los artistas más representativos de Guanajuato, cuya música ha dado visibilidad a los barrios marginados. Además, la regidora Fernanda Arellano exigió prohibir el concierto, bajo el argumento de que “no se debe violar la ley”, aunque durante administraciones anteriores estos eventos se autorizaron sin reparos.

La realidad es que Santa Fe Klan ha hecho más por su comunidad que muchos políticos locales. Su música, sus aportes y su cercanía con la gente reflejan el verdadero espíritu del pueblo guanajuatense. En vez de buscar cómo multarlo o censurarlo, las autoridades deberían ponerse a trabajar y garantizar espacios seguros para la cultura popular, en lugar de intentar lucrar con la fama de quien representa —sin discursos ni poses— a los jóvenes de los barrios.

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Guanajuato, Gto. – La capital del estado vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras revelarse un hecho indignante: el propio Centro de Control y Asistencia Animal (CECAA) estaría incurriendo en sacrificios crueles de perros y disponiendo sus cuerpos en el tiradero municipal sin ningún protocolo sanitario. Lo que debería ser un espacio de protección se ha convertido en escenario de prácticas prohibidas que encendieron las alarmas en el Congreso local.

Fue el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien llevó el caso ante la LXVI Legislatura. Su exigencia fue clara: que la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez explique qué está ocurriendo en el CECAA y rendir cuentas inmediatas sobre estas acciones.

Asociaciones animalistas señalan que cada quince días aproximadamente, camionetas del CECAA trasladan al basurero los cuerpos de los perros sacrificados. Lo más alarmante es que varios de ellos presentan señales de haber sido ejecutados con métodos prohibidos.

El Manual de Procedimientos para el Sacrificio Humanitario y la Disposición Sanitaria es contundente. Sin embargo, los reportes documentados apuntan a una práctica sistemática, repetida y sin control alguno. Y las preguntas son inevitables: ¿Por qué se recurrió a métodos prohibidos? ¿Quién garantiza que esos cuerpos no representan un riesgo sanitario al ser arrojados al tiradero municipal?

Las cifras exhiben una realidad preocupante. De enero de 2020 a marzo de 2025, setecientas veintiséis carpetas de investigación se iniciaron en Guanajuato Capital por delitos contra la integridad de los animales, lo que coloca al municipio como el segundo lugar estatal en este tipo de crímenes.

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El pasado 19 de agosto de 2025, colectivos como Los Nahuales, Tlacuatzin Rescue Guanajuato Capital, SEA Adopciones y Rescate de Animales en el Estado de Guanajuato, Perros Perdidos de Guanajuato Capital, Adopta Guanajuato y un grupo de rescatistas independientes entregaron un pliego petitorio a la alcaldesa.

Sin embargo, la respuesta fue retirarles el apoyo completamente, lo que fue percibido como una revancha política. El Reglamento para la Protección Animal del Municipio de Guanajuato fue publicado el 6 de octubre de 2020 y, desde entonces, jamás ha sido actualizado. Mientras tanto, la Ley estatal de Protección Animal ya suma tres reformas importantes: en 2021, 2023 y 2024.

La presidenta municipal ha declarado que trabajan en la actualización del reglamento y en la creación de un manual, pero hasta ahora no existe evidencia pública que respalde sus palabras. Para el diputado Ramos Sotomayor, la situación refleja negligencia institucional: la propia autoridad encargada de proteger a los animales sería la misma que incurre en prácticas de crueldad.

El Punto de Acuerdo presentado ante la LXVI Legislatura plantea tres acciones urgentes: 1. Exhortar a la presidenta municipal Samantha Smith a que informe públicamente sobre las prácticas del CECAA, los métodos de sacrificio y la disposición de los cuerpos. 2. Exigir la aplicación real de la Ley estatal y del Reglamento municipal de Protección Animal, en coordinación con autoridades y organizaciones civiles. 3. Solicitar pruebas del avance en la actualización del Reglamento municipal de Protección Animal.

Este caso pone en evidencia un posible quebranto sistemático de la normatividad, asimismo, exhibe a la administración municipal de Guanajuato Capital como omisa, negligente y permisiva ante un maltrato animal institucionalizado.

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Guanajuato, Gto. — El caso cobró fuerza después de que TV Guanajuato expuso que, en Guanajuato capital, decenas de cuerpos de perros sacrificados en el Centro de Control y Asistencia Animal (CECAA), fueron encontrados apilados en el tiradero municipal como si se tratara de desperdicio. Las imágenes mostraban animales de distintas razas y tamaños, algunos con collar, otros sin vida, arrojados al aire libre sin respeto, sin protocolo y sin un manejo adecuado.
De acuerdo con la información presentada, esta práctica ocurriría aproximadamente cada 15 días. Un vehículo oficial del CECAA transportaría los cuerpos directamente a la zona de basura, donde son descargados bajo el sol, entre olores fétidos y moscas. Entre los cadáveres también se encontró un venado muerto en las mismas condiciones, pero mutilado de sus cuatro patas. El hecho de que varios perros aún portaran collar sugiere que pudieron haber sido mascotas de alguna familia. Un testimonio protegido añadió que algunos cráneos de los animales tenían impactos de proyectil, lo que, de confirmarse, representaría no solo maltrato, sino un acto de crueldad extrema.
A raíz de esta revelación, activistas por los derechos de los animales presentaron un nuevo señalamiento. Según esta denuncia, el horno crematorio del centro no ha funcionado durante meses, situación que habría sido comunicada por el coordinador a su personal. Como consecuencia, los cuerpos serían depositados en una camioneta oficial y llevados directamente al tiradero municipal.
La acusación también advierte que algunos animales estarían siendo sacrificados con cloruro de potasio, un método que, si el ejemplar no ha sido previamente insensibilizado con anestesia general provoca un paro cardíaco extremadamente doloroso y constituye una violación directa a la NORMA OFICIAL MEXICANA -033-SAG/ZOO-2014, MÉTODOS PARA DAR MUERTE A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
También surgió una nueva versión sobre los métodos utilizados en el CECAA: según ciertas características observadas en los cuerpos de los animales, existe la sospecha de que se podría estar utilizando una pistola de clavos, un método que fue empleado años atrás en el rastro municipal. De confirmarse esta práctica, se estaría ante una nueva y muy grave violación a la norma y al bienestar animal, por lo que activistas demandan una investigación inmediata y la aplicación de acciones concretas para garantizar que ningún animal continúe muriendo en condiciones inhumanas.

La denuncia recalca que existen protocolos internacionales para evitar el sufrimiento innecesario, especialmente en animales rescatados de abandono o maltrato, y que estas prácticas no solo contravienen principios éticos, sino también las disposiciones legales.
El Código Penal del Estado de Guanajuato establece que matar dolosamente a un animal vertebrado puede implicar de seis meses a dos años de prisión y multas, además de sancionar mutilaciones graves. La ley obliga a que los cuerpos de animales sacrificados sean cremados en hornos autorizados o enterrados en fosas sanitarias, procedimientos que, según los testimonios y el material gráfico, no se estarían aplicando.
Entre los restos encontrados en el basurero municipal había ejemplares con collar y un venado muerto en condiciones similares pero mutilado de sus cuatro patas, lo que incrementa la gravedad del caso. Los activistas advierten que esta disposición irregular de cadáveres también representa un riesgo sanitario por la posible propagación de enfermedades y la contaminación ambiental.
En su posicionamiento, las organizaciones exigieron que el CECAA transparente sus procedimientos, revise de manera inmediata las prácticas de sacrificio y aplique campañas de esterilización gratuitas, permanentes y efectivas como medida preventiva para reducir la población de animales en situación de calle. También reiteraron que los centros de control animal deben cumplir con la NOM-033, garantizar métodos de eutanasia que eviten dolor, contar con personal capacitado y llevar un registro de cada procedimiento realizado.