Lo que debería ser transparencia en el uso de recursos públicos terminó en agresiones.

Este día, reporteros de Canal 8 fueron víctimas de burlas, insultos y hostigamiento por parte de trabajadores de obra pública en Guanajuato capital, mientras realizaban la cobertura de trabajos de bacheo en la ciudad.

De acuerdo con el equipo, no es la primera vez que ocurre. Señalan que, de manera recurrente, los trabajadores reaccionan con silbidos, groserías y “porras” ofensivas cada vez que detectan la presencia de la prensa, incluso cuando únicamente se documentan las labores.

“Solo hacemos nuestro trabajo: documentar lo que sucede. Pero cada vez que nos ven, reaccionan con agresividad”, expresó el equipo.

Este tipo de acciones no solo representan una falta de respeto, sino que podrían constituir hostigamiento contra la prensa y una forma de violencia que busca inhibir la labor periodística, especialmente cuando se trata de evidenciar irregularidades.

Hasta el momento, no hay posicionamiento oficial por parte de las autoridades.

Advertisement

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno insistirá en reducir los privilegios y el gasto de los partidos políticos, luego de que su reforma electoral no lograra la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados.

Ante ese escenario, el oficialismo impulsa ahora un “Plan B” legislativo con modificaciones a leyes secundarias que buscan disminuir los costos de la política y reorientar recursos públicos hacia obras y servicios en estados y municipios.

La mandataria sostuvo que el objetivo es terminar con excesos en la estructura política, particularmente en congresos estatales y ayuntamientos, donde —según señaló— existen sueldos, bonos y apoyos que elevan considerablemente el gasto público.

En este contexto, legisladores de Morena en Guanajuato se alinearon con la postura presidencial y respaldaron la iniciativa, defendiendo que la reducción de privilegios permitiría destinar más recursos a necesidades sociales y obras locales.

Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas de la oposición, que advierte posibles conflictos con la autonomía de los estados y cuestiona si el recorte a los congresos locales realmente resolverá problemas de fondo como la inseguridad o la falta de servicios.

Mientras tanto, el debate continúa en el Congreso, donde Morena y sus aliados buscan construir acuerdos para sacar adelante el nuevo paquete de cambios electorales

Advertisement

La autopista que conecta a Guanajuato con Silao fue inaugurada el 16 de agosto de 1989, durante el gobierno de Rafael Corrales Ayala. Desde entonces, esta vía rápida de aproximadamente 13.5 kilómetros se convirtió en uno de los accesos más importantes hacia la capital del estado, facilitando el traslado de trabajadores, estudiantes y turistas que diariamente circulan entre ambos municipios. 

Durante más de 35 años, la autopista y su caseta de cobro fueron administradas directamente por el Gobierno del Estado de Guanajuato, generando importantes ingresos por peaje para las finanzas públicas. Tan solo entre 2020 y 2024, la vía llegó a recaudar más de mil millones de pesos, recursos que se destinaban al mantenimiento de la carretera y a otros proyectos de infraestructura estatal. 

Sin embargo, en septiembre de 2024, la autopista fue concesionada por 30 años al consorcio integrado por VISE y Construcciones Rubau, que desde el 19 de diciembre de 2024 asumió la operación de la vía y el cobro del peaje. La empresa también se comprometió a rehabilitar la carretera, ampliar carriles y construir una nueva plaza de cobro para mejorar la movilidad hacia la capital del estado.