Salamanca, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención de integrantes de una célula criminal, presuntamente responsables del delito de extorsión, cuyas acciones habrían generado una grave afectación a la sociedad del municipio de Salamanca.

Derivado de denuncias ciudadanas, la Fiscalía activó labores de investigación ministerial y de inteligencia que permitieron identificar y ubicar a los probables responsables, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por su posible participación en hechos delictivos relacionados con la extorsión.

Como resultado de estos trabajos, se llevaron a cabo técnicas de cateo en diversos inmuebles del fraccionamiento Las Arboledas de Ciudad Bajío, en el municipio de Salamanca, donde se logró la captura y el cumplimiento de los mandamientos judiciales. En el operativo fueron detenidos dos imputados, ambos identificados como Luis Alberto “N”, señalados como integrantes de la célula criminal investigada.

De acuerdo con las líneas de investigación, los detenidos estarían relacionados con el incendio de un bar en Salamanca, un hecho de alto impacto social que es analizado como parte de un patrón de intimidación vinculado a actividades de extorsión.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan con el objetivo de determinar si los imputados participaron en otros eventos delictivos bajo esquemas similares de violencia y amenazas. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de estas personas a presentar su denuncia, a fin de fortalecer las indagatorias y lograr que enfrenten la totalidad de las responsabilidades legales correspondientes.

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Como resultado de labores de inteligencia y operativos en campo, se logró la detención y posterior vinculación a proceso de diversos individuos señalados como probables responsables del delito de extorsión agravada.

Estos asuntos revisten especial relevancia al tratarse de algunos de los primeros casos judicializados bajo la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que representa un precedente en el combate frontal a este ilícito en la entidad.

En el municipio de Salamanca, la Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de aprehensión en contra de personas que mantenían bajo amenaza constante a comerciantes del mercado Tomasa Esteves y zonas aledañas.

En uno de los casos, LUIS DAVID “N” fue vinculado a proceso penal por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio del propietario de un establecimiento de alimentos. De acuerdo con la investigación, el imputado hacía llegar notas extorsivas y enviaba mensajes telefónicos en los que se atribuía la representación de una organización criminal. Derivado de ello, el Juez de Control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

De igual manera, en el mismo municipio, LUIS ALBERTO “N” fue vinculado a proceso por conductas extorsivas en agravio de los propietarios de un negocio local. El imputado enviaba mensajes intimidatorios y realizaba llamadas telefónicas, firmadas a nombre de un grupo delictivo, mediante las cuales exigía la entrega de dinero a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas. Tras la formulación de imputación por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por el delito de extorsión agravada, conforme a la nueva legislación general, e imponer la prisión preventiva como medida cautelar.

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Salamanca, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria firme en contra de CÉSAR ARTURO “N”, al acreditarse plenamente su responsabilidad penal en los delitos de robo calificado y privación de la libertad agravada, por hechos ocurridos en el municipio de Salamanca.

Con base en la carpeta de investigación, se estableció que el 21 de agosto de 2023, sobre la carretera Valle de Santiago–Salamanca, las víctimas fueron interceptadas por un vehículo del cual descendió el hoy sentenciado, quien portaba un arma de fuego. Durante la agresión, golpeó al conductor en la cabeza y obligó a ambos ofendidos a subir a otro vehículo, mientras se apoderaba de la camioneta en la que se trasladaban.

Derivado del proceso penal y tras la celebración del Juicio Oral, la autoridad judicial, con sustento en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, dictó una pena total de 30 años y 8 meses de prisión. Dicha condena se integra por 8 años por el delito de robo calificado, 7 años y 6 meses por cada una de las dos privaciones de la libertad agravada, así como un incremento de 7 años y 8 meses por la reincidencia del sentenciado.

Adicionalmente, se impuso el pago de una multa económica por concepto de reparación del daño, que incluye la indemnización por daño psicológico y los perjuicios materiales ocasionados a las víctimas. En atención a la gravedad de los delitos y a la pena impuesta, se le negaron al sentenciado todos los beneficios procesales, por lo que deberá cumplir la condena de manera íntegra en reclusión.