El que ha sido considerado el caso más grande de huachicol fiscal en México enfrenta un fuerte revés judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno. La decisión se originó por una omisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el proceso judicial, la FGR no notificó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el procedimiento, un paso clave que terminó debilitando el caso ante los tribunales.

El empresario, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado de importar en 2019 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, aunque en la declaración oficial sólo reportó 7.2 millones de litros.

Esta diferencia habría provocado un daño al erario de alrededor de 173 millones de pesos, debido a derechos e impuestos que no se pagaron, mientras el combustible presuntamente circuló en el mercado negro.

El caso había sido considerado uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país con documentación falsa o con volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.

Sin embargo, la falla en el procedimiento de la Fiscalía ahora pone en riesgo la continuidad del proceso penal y podría beneficiar al empresario señalado.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza imponer multas por hasta 706.9 millones de pesos a partidos políticos nacionales y locales tras detectar diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Las sanciones surgen de la revisión de 553 informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2024, donde se identificaron inconsistencias en el uso del financiamiento que reciben los partidos.

Entre las faltas más frecuentes destacan gastos no comprobados, egresos no reportados y recursos cuyo destino no pudo verificarse, además de incumplimientos en la obligación de destinar dinero a capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

De acuerdo con los dictámenes preliminares, el Partido del Trabajo (PT) concentraría la sanción más alta, seguido por PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, todos con montos distintos por irregularidades detectadas.

Incluso, algunos casos podrían ser enviados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para investigar el origen o destino de ciertos recursos.

El proceso aún está en revisión dentro del organismo electoral, pero el monto total de sanciones refleja una de las fiscalizaciones más severas contra partidos en los últimos años.

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De cara al Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de México presentó el “Plan Kukulkán”, una estrategia de seguridad que busca garantizar la protección de millones de aficionados, turistas y delegaciones que llegarán al país durante la justa deportiva.

El plan contempla el despliegue de cerca de 100 mil elementos entre fuerzas armadas, policías y personal de seguridad privada para resguardar las sedes del torneo en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

La estrategia, coordinada por autoridades federales y estatales, operará antes, durante y después del Mundial, con el objetivo de prevenir riesgos, atender emergencias y responder a posibles amenazas.

Además, el operativo incluirá vigilancia aérea, monitoreo digital, sistemas de inteligencia y cooperación internacional, en coordinación con Estados Unidos, Canadá y organismos del torneo.

Las autoridades señalaron que el plan también contempla anillos de seguridad en estadios, aeropuertos, hoteles y zonas de aficionados, con la finalidad de ofrecer un entorno seguro durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Con esta estrategia, México busca demostrar que está listo para recibir nuevamente una Copa del Mundo y garantizar que el torneo se viva con seguridad dentro y fuera de las canchas

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