En los últimos días, Saúl Navarro, presidente del DIF municipal de Guanajuato e hijo de la alcaldesa Samantha Smith, ha causado revuelo al utilizar recursos públicos en lo que muchos consideran una descarada campaña de marketing personal.

Si alguien pensaba que el gobierno municipal se limitaba a hacer su trabajo, parece que algunos ya están en modo “campaña electoral”, aunque la cita más cercana sea en 2027.

Pero, ¿es esto realmente parte de su rol? A continuación, veremos un claro ejemplo de cómo el joven Saúl ha cruzado la línea entre lo que corresponde a su cargo y lo que parece ser una búsqueda voraz de notoriedad. Recientemente, Saúl se presentó al frente de un operativo en bares y cantinas, presuntamente para “prevenir daños a la juventud”.

Un acto que, más que cumplir con sus responsabilidades, parece tener más tintes de un intento de promoción personal que de una acción orientada al bienestar común.

¿El problema? Su rol como presidente del DIF no le otorga atribuciones en fiscalización o seguridad pública, funciones que claramente no están dentro de su responsabilidad.

Para añadir más comedia a la escena, se dejó ver portando una identificación con el logo de la Secretaría de Seguridad Pública con su nombre plasmado.

En un intento por seguir con su imagen de “hombre de acción”, Saúl también hizo presencia en Los Pastitos, donde “solucionó” la falta de alumbrado público, un problema que, cabe recordar, fue originado por la propia presidencia municipal, al permitir el retiro de postes para montar la feria navideña. ¿Solución rápida y sin complicaciones? Disfrazarse de técnico electricista, como si se tratara de una cuestión personal que solo él podía resolver.

Sin embargo, la gente de Guanajuato ya empieza a percatarse de lo que realmente está pasando. A pesar de los intentos por posicionar a Saúl como “de barrio” o como un “funcionario cercano a la gente”, la realidad es que los guanajuatenses no son tan fáciles de engañar.

El maquillaje electoral no está funcionando como se esperaba, y el pueblo comienza a ver más allá de la fachada. Lo que no es una broma es el riesgo que conlleva la usurpación de funciones. El Código Penal Federal establece en su artículo 248 que quien ejerza funciones públicas sin tener la autorización correspondiente está cometiendo un delito al hacerse pasar por una autoridad o funcionario sin tener el cargo o la designación correspondiente.

El castigo para este delito puede incluir prisión y multa. Si la usurpación afecta el ejercicio de funciones públicas en áreas específicas, como la seguridad pública o la justicia, las penas pueden ser más severas.
Saúl Navarro parece estar intentando ganar terreno antes de lo previsto, con el apoyo tácito de su madre, la alcaldesa. Sin embargo, los guanajuatenses están empezando a despertar, y parece que los días de campañas maquilladas y promesas vacías están llegando a su fin. Al menos, en esta ocasión, ya no les van a dejar que jueguen con la confianza de los ciudadanos.

Quién es el dueño del Canal 28 de Guanajuato y de Revista Patrulla.

En Guanajuato capital, el gobierno local está mostrando un talante despótico.
Con una presidencia envuelta en escándalos desde la elección no ha podido despegar.
Incluso, como consta a todos los capitalinos, se dieron el lujo de quitar la señal de cable local a cargo del Grupo Televisivo Guanajuato, para instalar la del 28 de Guanajuato, un canal del que se ignora todo, desde quién es el dueño hasta el por qué el municipio se abalanzó a comprar espacios publicitarios para compartir la publicidad con el rancho del milagrito.
Es decir, los principales clientes de ese canal son familiares del expresidente municipal, Samantha Smith, actual presidenta y Saul Navarro, al parecer exitoso empresario inmobiliario hoy dedicado de lleno a la filantropía dentro del DIF municipal.

Pero lo que debe calar a la sociedad capitalina y da muestra del talante de ese medio, que junto con la Revista Patrulla, propiedad del ex presidente municipal, es la forma en que están siendo empleados para difuminar los hechos de violencia que ocurren en la capital de Guanajuato.
El primer derecho humano es el de la vida y en Guanajuato, no se respeta.
Lo peor, es que las víctimas por homicidios dolosos, ocurridos durante la administración de Samantha Smith, no se pueden contabilizar y esto ocurre por las versiones que desde este medio se difunden.
Las víctimas no tienen derecho a la justicia, y el asesino sigue libre, mientras estos medios se atreven a difundir oraciones como andaba en líos de faldas y le dieron un balazo en el gluteo, cuando se trató de una ejecución, o recordará el tenía varios ingresos, lo importante es restar relevancia a los asesinatos, sin importar que las víctimas tiene madre, padre, hijos, esposas que además de la pérdida de un familiar tiene que aclarar la infamia de estos medios.
Si la víctima no fallece en el lugar, no es homicidio, no llega a los números y así, las cifras locales, estatales y nacionales, comienzan a variar.
Incluso, las cifras que maneja la presidenta se rigen por lo informado ahí, ya que parece que los números que manejan en la presidencia municipal son sólo 15 las víctimas que han perdido la vida a causa de la violencia en la ciudad… Es claro que estos medios están dándole la espalda a la sociedad a las víctimas y es necesario que por salud pública se transparente quienes están detrás de estos polémicos medios que están distorsionando la realidad y lo peor, es la revictimización en pro de la narrativa oficial… en beneficio de quién y por qué habría de financiarlos con dinero de los capitalinos

INAH exhibe falta de respeto del gobierno de Guanajuato hacia las Momias: piden retirar cadenas y jaula de “La Bruja“

Las Momias de Guanajuato han sido cosificadas y exhibidas de manera inadecuada, reconocieron antropólogos expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En especial, denunciaron el caso de una de las figuras más polémicas de la colección: la momia conocida como “La Bruja”, nombre impuesto durante la administración del panista

Alejandro Navarro Saldaña.

De acuerdo con los expertos, estos cuerpos no son simples objetos de exhibición, sino restos humanos que deben ser tratados con dignidad y respeto, ya que representan la memoria de una persona que alguna vez tuvo una vida, creencias y una historia propia.

Sin embargo, la realidad en Guanajuato ha sido otra: el gobierno municipal ha hecho caso omiso a las recomendaciones de expertos y ha continuado con la exhibición irrespetuosa de estos cuerpos momificados.

Uno de los ejemplos más indignantes es el de la momia apodada “La Bruja”, cuyo cuerpo ha sido expuesto dentro de una jaula y con cadenas, un montaje que especialistas del INAH han calificado como una total falta de respeto.

Además, el nombre con el que ha sido bautizada se basa en una historia falsa, creada sin fundamentos históricos ni antropológicos. Fue más bien, una persona como cualquiera, pero alguien se inventó que era una bruja, pero en realidad era una señora mayor que practicaba la religión católica. De hecho, lleva consigo un escapulario y estaba casada por la Iglesia, señalaron los expertos.

El INAH ha insistido en que el gobierno municipal debe retirar las cadenas, desmontar la jaula y eliminar el apodo que refuerza estereotipos infundados. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades locales no han tomado acción al respecto. La historia falsa que rodea a “La Bruja” y su deplorable exhibición son herencias de la administración de Alejandro Navarro Saldaña, exalcalde y esposo de la actual presidenta municipal, Samantha Smith Gutiérrez.

A pesar de los llamados del INAH, parece que la prioridad sigue siendo el lucro a costa de la dignidad de los cuerpos momificados, en lugar de construir un discurso museográfico respetuoso y fundamentado en la historia real de estos restos humanos.

Mientras tanto, la momia de “La Bruja” sigue encerrada en su jaula, encadenada por una narrativa falsa que la convirtió en una atracción más de un espectáculo sin escrúpulos.