Después de permanecer casi seis meses prófugo, el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto se entregó este lunes ante autoridades de Sonora. Es investigado por su probable responsabilidad en la muerte de ocho personas que recibieron los llamados “sueros vitaminados” en una clínica privada de Hermosillo.

El médico acudió por su propio pie a las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y posteriormente fue trasladado al Cereso de Hermosillo, donde quedó a disposición de las autoridades mientras continúa el proceso. La Fiscalía investiga el caso bajo la hipótesis de homicidio culposo por probable mala práctica médica.

Durante los meses en que estuvo prófugo, las autoridades realizaron cateos, aseguraron bienes y vehículos y bloquearon cuentas bancarias. Finalmente, sus abogados contactaron a la Fiscalía para acordar su entrega; además, autoridades señalaron que el estado de salud del médico es delicado.

El caso comenzó a tomar fuerza después de que 11 personas presentaran afectaciones tras recibir estos tratamientos intravenosos, de las cuales ocho murieron. Las investigaciones también analizan posibles fallas en el manejo de los insumos y la presencia de microorganismos capaces de provocar infecciones graves.

En San Francisco del Rincón, una feria que debía ser de fiesta y de trabajo, terminó en tragedia.

Karina Reyes no iba a divertirse. Karina iba a trabajar. Como todos los días, junto a su esposo, se ganaba el pan con esfuerzo para sacar adelante a sus hijos.

Pero Karina entró a los baños de la Feria patronal y ya no salió con vida. Murió electrocutada.

Hoy, su familia no pide vistas, no pide morbo. Pide justicia.

Su hermana, con el dolor a flor de piel, nos comparte este testimonio que estremece:

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“Mi hermana trabajaba en la feria junto a su esposo para ganarse el pan de cada día y sacar adelante a sus hijos. Realmente suben las cosas de una manera, dando a conocer su muerte de otra manera. Pero eso ahora no importa. Lo que queremos es justicia, que no se queden así las cosas, que se hagan responsables. Hoy fue mi hermana.”

Y mientras la vida de Karina se apagaba entre cables y negligencia, la feria siguió.

“Las personas siguieron divirtiéndose, riendo, mientras mi mamá lloraba desconsoladamente pidiendo que todo fuese mentira. Mientras a mí me daban la noticia a kilómetros y buscaba desesperadamente cómo viajar para poder velar a mi hermana. Mientras pensábamos cómo decirle a sus hijos que su mamita había fallecido.”

Hoy, en esa casa falta una hija. Falta una esposa, una compañera de vida. Faltan los abrazos de una mamá. Sus hijos se quedaron sin su mamita. Su hermana perdió a su segunda mamá.

Y lo más indignante: hasta este momento, el municipio de San Francisco del Rincón no ha dado una explicación clara. No hay un responsable. No hay una postura. Le han dado la espalda a la familia.

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Karina no era una cifra. Era una mujer trabajadora. Y su muerte no puede quedar impune.

La familia de Karina Reyes exige justicia. Y desde aquí, nos sumamos a ese clamor.

Que su muerte no se quede en un accidente más de feria.

Justicia para Karina

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Un presunto hallazgo de alrededor de mil 600 piezas dentales atribuidas a menores en un predio de Zacapu, Michoacán, generó alarma luego de que el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México asegurara haberlas localizado durante trabajos de búsqueda realizados desde 2021.

Sin embargo, la Fiscalía General de Michoacán afirmó que no tiene ningún registro, denuncia ni solicitud de intervención pericial relacionada con este supuesto hallazgo. La dependencia también señaló que mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República y que tampoco cuenta con antecedentes del caso.

La activista y madre buscadora Margarita López sostiene que las piezas fueron encontradas durante labores de búsqueda en una zona que, según su testimonio, habría funcionado como sitio de incineración clandestina. También ha planteado hipótesis sobre posibles víctimas menores de edad, pero ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora, las autoridades señalan que son necesarios estudios científicos y periciales para determinar la naturaleza y procedencia de los restos. Mientras tanto, el caso mantiene una discrepancia entre el testimonio de las buscadoras y los registros oficiales, por lo que aún no existe una confirmación oficial de que las mil 600 piezas correspondan a menores víctimas de un delito.