Un juez federal ordenó prisión preventiva oficiosa para Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, tras ser imputada por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones y extorsión.

Barrón fue detenida la noche del domingo en San Nicolás de los Garza por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández, quien acusó que se fabricaron hechos en su contra durante la campaña electoral de 2024, cuando ambos competían por un escaño en el Senado.

Además de Barrón, otras dos personas vinculadas al caso también quedaron sujetas a la misma medida cautelar. Todos solicitaron una ampliación de 144 horas para que se lleve a cabo su audiencia de vinculación, programada para el sábado 7 de marzo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen suficientes pruebas y descartó tintes políticos en la detención, aunque el caso ha generado versiones encontradas entre las partes.

Esta mañana autoridades federales capturaron a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito y Movilidad del municipio de Iguala, Guerrero, tras ser señalado por su posible participación en el histórico caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.

La detención ocurrió en un operativo realizado alrededor de las 2:00 a. m. en el fraccionamiento Villas del Rey, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de cateo contra su domicilio.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador, dosis de droga y equipos de comunicación, que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Según las investigaciones, al detenido se le relaciona con la desaparición de los 43 normalistas, incluso por presuntamente haber utilizado un teléfono perteneciente a uno de los estudiantes después de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

El caso de Ayotzinapa sigue siendo uno de los procesos de justicia más seguidos en México, y esta detención representa un nuevo capítulo en las indagatorias que buscan esclarecer lo ocurrido hace más de una década.

¿Crees que este tipo de acciones ayudan a alcanzar verdad y justicia en casos históricos como Ayotzinapa?

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En las últimas horas circuló un informe alarmante que asegura que un hacker logró utilizar herramientas de inteligencia artificial para vulnerar sistemas del Gobierno de México, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Nacional Electoral (INE), y supuestamente extrajo datos sensibles de millones de personas.

Según la investigación, el atacante habría manipulado el chatbot de IA llamado Claude para automatizar tareas de intrusión, detectando vulnerabilidades y ejecutando scripts que permitirían extraer hasta 150 GB de información confidencial, incluidos registros fiscales, padrones de votantes y credenciales de empleados.

La alerta encendió las alarmas sobre el uso de tecnologías avanzadas por parte de ciberdelincuentes, y puso en foco la seguridad digital en instituciones públicas.

Pero frente a estas versiones, las propias instituciones salieron a negar que haya existido una filtración real. El SAT aseguró que tras revisar bitácoras y sistemas no encontró accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos que indiquen un hackeo a sus plataformas.

De igual manera, el INE afirmó que no se detectaron brechas de seguridad ni extracción de datos en sus sistemas, y que mantiene monitoreo permanente para proteger la información de millones de mexicanos.

La disputa entre versiones pone de relieve un desafío actual: las amenazas digitales evolucionan con la IA, pero las instituciones aseguran que sus mecanismos de defensa están actualizados y funcionando para salvaguardar la información de la ciudadanía, ¿Quién tiene la razón?

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