La policía de tránsito es vista como la autoridad que más abusa de su poder en el estado de Guanajuato, de acuerdo con un sondeo ciudadano realizado recientemente por este medio en las calles de la ciudad. La mayoría de los entrevistados coinciden en haber tenido una experiencia negativa con agentes viales, señalando detenciones arbitrarias, actitudes prepotentes o solicitudes de soborno como parte del contacto cotidiano.

Después de los tránsitos, los policías municipales y estatales fueron las autoridades más mencionadas en el sondeo, también señaladas por abusos, intimidación o uso excesivo de fuerza en algunas de sus intervenciones.

Estos resultados tienen eco en cifras nacionales: según la ENVIPE 2023 del INEGI, el 73.9 % de la población mexicana considera a la policía de tránsito como uno de los cuerpos más corruptos. En segundo lugar, la policía preventiva municipal registra una percepción de corrupción del 64.7 %, y la policía estatal del 62.8 % .

El rechazo social hacia los tránsitos no solo refleja experiencias personales; también habla de una cultura marcada por la desconfianza. La frase “el que no transa no avanza”, repetida por varios ciudadanos durante el sondeo, resume el hartazgo y la resignación ante prácticas que se han vuelto cotidianas.

Frente a este panorama, vale la pena preguntarse: ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué condiciones permiten que la corrupción se arraigue en quienes deberían hacer valer la ley? ¿Y qué papel jugamos como sociedad al normalizar o justificar estos actos?

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La percepción de abuso no surge de la nada. Se construye con cada acto que transgrede lo justo: una infracción sin fundamentos, una patrulla que detiene sin razón, una actitud altanera que hace sentir al ciudadano pequeño frente al poder. Se construye también con impunidad. Porque el problema no es que solo se abuse de la autoridad, sino que raras veces hoy hay consecuencias. 

En el fondo, lo que erosiona es algo mucho más profundo que la imagen institucional: es una fractura en el lazo de confianza que debería unir a la ciudadanía con quienes tienen la responsabilidad de protegerla. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Qué mecanismos existen —o faltan— para regular a quienes tienen el poder? ¿Y qué tanto nos hemos acostumbrado a este desgaste como si fuera normal?.

Guanajuato, Gto. – El día de ayer 15 de julio, miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, detuvieron en el municipio de Ocampo a un hombre que transportaba más de 9 mil dosis de presunta droga y dinero efectivo.

La acción se llevó a cabo durante uno de los patrullajes preventivos en la carretera San Felipe – Ocampo. El personal operativo detectó un vehículo aparentemente varado por una falla mecánica y, al acercarse para ofrecer ayuda, el conductor mostró una actitud evasiva, lo que condujo a una inspección preventiva de acuerdo a los protocolos establecidos.

Fueron asegurados cinco paquetes de forma circular con hierba seca verde, equivalente a 4 mil 035 dosis de presunta marihuana; dos bolsas transparentes con una sustancia granulada blanca, aproximadamente 5 mil 380 dosis de la aparente droga cristal; y 6 mil 170 pesos en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.

La persona fue identificada como Armando “N” de 57 años de edad, con domicilio en la colonia Zona Centro del municipio Ocampo. Fue llevado y puesto a disposición al Ministerio Público Federal con sede en la ciudad de León con el fin de iniciar las investigaciones.

Guanajuato, Gto. – El 12 de julio se llevó a cabo la recuperación de una caja refrigeradora con helados marca Nestlé en el municipio de Silao, evaluados en más de 500 mil pesos. Este transporte contaba con reporte de robo desde el estado de Jalisco.

El aseguramiento se realizó durante patrullajes preventivos en la carretera Silao – San Felipe, a la altura de la comunidad El Jitomatal. Al consultar las placas de la caja mediante el sistema C5i, se confirmó que la unidad tenía el reporte de robo vigente desde el 25 de junio de presente año.

La unidad, junto con la mercancía, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para los trámites legales correspondientes.