La indignación crece en Guadalajara luego de que cámaras de seguridad captaran el violento asalto contra un hombre de 73 años dentro de su propia tienda de abarrotes. Dos adolescentes ingresaron al negocio fingiendo ser clientes, pero en cuestión de segundos se lanzaron contra el comerciante para someterlo y robarle.

Las imágenes muestran cómo uno de los jóvenes distrae al adulto mayor mientras su cómplice cruza el mostrador armado con un cuchillo. A pesar de su edad, la víctima intentó defenderse, lo que provocó un forcejeo en el que sufrió heridas en una mejilla y en una de sus manos.

Mientras el comerciante era amenazado y golpeado, el segundo adolescente buscó dinero en el establecimiento. De acuerdo con los reportes, los agresores lograron llevarse apenas alrededor de 200 pesos en efectivo antes de escapar. El ataque ocurrió en la colonia Jardines de la Cruz y quedó grabado por las cámaras de vigilancia del negocio.

Familiares y vecinos exigen la pronta identificación y captura de los responsables, señalando que la violencia ejercida contra una persona de la tercera edad rebasa cualquier límite. El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre la inseguridad y la participación de menores de edad en delitos violentos.

La casa de Texas, los millones y Seguritech! nueva investigación vuelve a poner en la mira a Diego Sinhue y Daniel Esquenaz

Una nueva investigación periodística realizada por POPLab y CONNECTAS volvió a encender la polémica en Guanajuato al revelar documentos que apuntan a que Daniel Esquenazi Beraha, empresario vinculado a la casa que habitó el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Texas, habría recibido más de 680 millones de pesos en comisiones y pagos relacionados con empresas del grupo Seguritech entre 2021 y 2025.

El hallazgo cobra relevancia porque meses atrás la Secretaría de la Honestidad determinó archivar una investigación al señalar que no encontró pruebas que acreditaran una relación formal entre Esquenazi y Seguritech. Sin embargo, la nueva investigación asegura haber localizado documentos fiscales y registros financieros que muestran pagos, recibos de nómina y transferencias que vincularían al empresario con compañías del conglomerado dedicado a la tecnología de seguridad.

Seguritech no es cualquier empresa. Desde 2012 se ha convertido en uno de los mayores proveedores de tecnología de vigilancia para gobiernos estatales y municipales en México. Tan solo en Guanajuato, los contratos acumulados relacionados con sistemas de videovigilancia, arcos carreteros y plataformas de seguridad superan los miles de millones de pesos, convirtiendo al estado en uno de sus principales clientes durante las administraciones de Miguel Márquez Márquez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el actual gobierno encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La investigación también cuestiona el destino de cientos de millones de pesos pagados en conceptos como “comisión por éxito”, “gestión”, “consultoría” e “intermediación”, montos que especialistas consideran inusualmente elevados para este tipo de operaciones. De acuerdo con el reportaje, parte de esos recursos fueron transferidos entre diversas empresas relacionadas, dificultando el rastreo de los beneficiarios finales.

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El caso vuelve a poner bajo los reflectores la residencia de lujo ubicada en The Woodlands, Texas, donde vivió Diego Sinhue tras concluir su mandato. Dicha propiedad pertenece a una empresa administrada por Daniel Esquenazi, situación que generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés debido a los contratos millonarios otorgados a Seguritech durante el sexenio anterior.

Mientras tanto, el Gobierno de Guanajuato sostiene que los procesos de contratación fueron revisados por las autoridades competentes y que no existen determinaciones oficiales que acrediten irregularidades. Sin embargo, la publicación de estos nuevos documentos reabre el debate sobre la transparencia, el manejo de recursos públicos y la efectividad de una estrategia de seguridad que, pese a inversiones multimillonarias, ha sido objeto de cuestionamientos por sus resultados en el combate a la violencia.

El Gobierno federal presentó una iniciativa que busca endurecer como nunca antes los castigos por delitos ambientales en México. La propuesta plantea transformar la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en una nueva Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, con facultades similares a las de una fiscalía para investigar y perseguir daños ecológicos.

Uno de los cambios que más llamó la atención es el aumento en las multas. Actualmente, las sanciones ambientales tienen un tope cercano a los 15 millones de pesos, pero con la nueva ley podrían alcanzar hasta los 847 millones de pesos para empresas o responsables de daños graves al medio ambiente.

Además, la propuesta contempla la creación de un padrón público de infractores ambientales, donde aparecerían empresas y personas sancionadas por contaminación, tala ilegal o afectaciones ecológicas. El proyecto también busca fortalecer inspecciones, clausuras y acciones penales contra quienes reincidan.

La iniciativa ya comenzó a generar debate en el país. Mientras algunos consideran que por fin habría herramientas reales para castigar delitos ambientales, otros advierten que el reto será aplicar la ley sin corrupción ni impunidad. Ahora, la discusión queda en manos del Congreso… mientras crece la presión para frenar el daño ambiental en México.