El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.

La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.

El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.

Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.

Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.

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El caso que ya escala a nivel internacional suma un nuevo capítulo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional, en medio de la polémica por una solicitud de detención impulsada desde Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno federal, esta medida responde a un análisis de riesgo, ya que cualquier funcionario puede solicitar seguridad si considera que su integridad está en peligro.

El respaldo ocurre mientras autoridades estadounidenses buscan su detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque México ha cuestionado la falta de pruebas y ha señalado que no existe una solicitud formal completa.

Rocha Moya solicitó licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones, mientras el caso genera tensión entre ambos países y abre un debate sobre soberanía, justicia y presión internacional.

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Por ahora, el mensaje del gobierno mexicano es claro: sin pruebas contundentes, no habrá decisiones precipitadas… pero el conflicto apenas comienza.

La indignación crece en el Fraccionamiento Independencia, donde vecinos de la calle Guadalupe Victoria denuncian una situación crítica que ya supera una semana sin solución: el drenaje colapsado ha comenzado a desbordarse, provocando que aguas residuales broten no solo en la vía pública, sino incluso al interior de algunas viviendas. ¿Cuánto tiempo más deben esperar para ser escuchados?

De acuerdo con los afectados, el problema ha escalado rápidamente, convirtiendo la zona en un foco de infección. Las aguas negras corren por la calle, generando malos olores y un riesgo latente para la salud, especialmente porque a pocos metros se encuentra la Escuela Primaria Independencia. Padres de familia temen por la seguridad de sus hijos, mientras autoridades, aseguran, no han dado respuesta efectiva.

La molestia es evidente y la pregunta inevitable: ¿se necesita una emergencia mayor para que se atienda una situación que ya es insostenible? Los vecinos exigen intervención inmediata antes de que este problema sanitario escale a consecuencias más graves. Hoy es el Fraccionamiento Independencia… mañana, ¿qué otra colonia quedará en el abandono?