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Nacional

Ciego, sordo y sin poder caminar, y después de 33 años preso, Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cártel de Guadalajara, cumplirá en resto de su condena en su domicilio

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Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de jefes y exlíder del Cártel de Guadalajara, saldrá del penal de Puente Grande, Jalisco, ya que un juez le concedió la prisión domiciliaria.

Debido a su avanzada edad y su estado de salud, el juez determinó cambiarle la medida cautelar a Félix Gallardo, quien se encuentra preso desde abril de 1989 por su participación en el secuestro y asesinato Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

En agosto de 2021, Félix Gallardo dio su primera entrevista en prisión en la que apareció en silla de ruedas, ciego de un ojo y con sordera. El llamado Jefe de jefes confesó a que su salud “era pésima” y que no tenía pronóstico de vida.

En febrero de 2019 un tribunal federal le negó el amparo para cumplir en su casa el resto de su sentencia de 37 años, hasta ahora que la justicia determinó que ya podría hacerlo, a sus 76 años, con la salud precaria y después de 33 años preso.

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El asesinato del agente encubierto Enrique Camarena fue algo que el gobierno de Estados Unidos nunca ha perdonado y se encargó de una intensa cacería de los responsables, de la mano de las autoridades mexicanas.

Enrique “Kiki” Camarena fue la pieza clave para uno de los mayores golpes de la DEA en la historia, al infiltrarse en la organización de Caro Quintero, pero eso también le costó la vida en una historia que ha sido llevada a las pantallas.

Camarena fue, como lo define la DEA en la serie Narcos de Netflix, el Jesucristo de los agentes de la agencia especial antidrogas, porque su muerte se convirtió en una advertencia para todo aquel narcotraficante que quisiera asesinar a otro de sus compañeros.

Deneck Inzunza.

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Gobierno

Vinculan a proceso a exgobernador de Colima por presunto peculado junto a su exsecretario de Finanzas

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La justicia alcanzó a un exmandatario estatal.

El exgobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del estado, las acusaciones derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el caso ya es considerado histórico en Colima.

La fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, aseguró que existen más investigaciones abiertas contra los exfuncionarios y advirtió que podrían judicializarse próximamente.

Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan revisando posibles daños al erario, cuyo monto todavía no ha sido revelado oficialmente.

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El caso vuelve a poner bajo la lupa a exgobernadores acusados de corrupción… y revive el debate sobre si finalmente habrá consecuencias reales para quienes manejaron recursos públicos.

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Justicia

Fiscalía General de la República cita a 50 funcionarios por caso de agentes de EU en Chihuahua

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El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.

La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.

El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.

Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.

Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.

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Ciudad

Claudia Sheinbaum asigna protección a Rubén Rocha Moya en medio de presión de EU por extradición.

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El caso que ya escala a nivel internacional suma un nuevo capítulo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional, en medio de la polémica por una solicitud de detención impulsada desde Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno federal, esta medida responde a un análisis de riesgo, ya que cualquier funcionario puede solicitar seguridad si considera que su integridad está en peligro.

El respaldo ocurre mientras autoridades estadounidenses buscan su detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque México ha cuestionado la falta de pruebas y ha señalado que no existe una solicitud formal completa.

Rocha Moya solicitó licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones, mientras el caso genera tensión entre ambos países y abre un debate sobre soberanía, justicia y presión internacional.

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Por ahora, el mensaje del gobierno mexicano es claro: sin pruebas contundentes, no habrá decisiones precipitadas… pero el conflicto apenas comienza.

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Seguridad

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