Los números en violencia y desapariciones en el estado han aumentado en los últimos años de tal forma que resulta indignante cómo es que las autoridades manejan esta crisis y cómo estos sucesos son escuchados con más frecuencia.

En el Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas (RNPED) lleva un registro que se remonta desde el 31 de diciembre de 1952 hasta el 15 de abril del 2025 donde se exponen en total la cantidad de desaparecidos que hay, las cuales son las siguientes:

DESAPARECIDOS: 3, 277 personas.

NO LOCALIZADOS: 32 personas.

LOCALIZADOS SIN VIDA: 13, 823 personas.

LOCALIZADOS CON VIDA: 879 personas.

Los hombres encabezan la lista de estos horribles eventos con un total de 8, 988 personas en el estado. El rango de edad registrado con más frecuencia en las desapariciones es de 9 a 24 en mujeres y de 15 a 29 años en hombres.    

 Esta violencia aumentó de forma exponencial a partir del 2007 en todo el país con 3,015 casos; el año pasado cerró con un total de 33, 719 personas. Un número exorbitante si se compara con el año 2007.

Es importante no normalizar este tipo de delito por muchos casos que resuenen día con día. Todos merecen llegar a casa cada vez que salen de esta; tener la seguridad de que su integridad estará protegida y, sobre todo, no olvidar los casos de estas personas que no se sabe de ellas. Esto es algo que no debe quedar impune bajo ninguna circunstancia.  

El día de ayer la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con 33 integrantes del colectivo que denunciaron los tres crematorios clandestinos del Rancho Izaguirre con el fin de discutir las reformas aprobadas por la presidenta en materia de los desaparecidos de toda la república.

La mesa de dialogó se llevó a cabo en un hotel el centro histórico de la CDMX, ambas partes intercambiaron puntos de vista, pero sobre todo se habló de las necesidades, las cuales son muchas, de las familias y del procedimiento que se lleva a cabo para la búsqueda.  

La vocera y líder del colectivo, Indira del Socorro Navarro, anunció tras haberse concluido la reunión que trabajarán en conjunto para encontrar a las personas desaparecidas, pues el gobierno y los colectivos no son enemigos.

La ley de los desaparecidos que implemento la presidenta, Claudia Sheinbaum, garantiza el derecho a la información a través de la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses donde se vincula información de hospitales, funerarias, laboratorios, etc.; que estén a la disposición del público que busca a su ser querido y evitar que el caso se estanque. La ley también expresa un castigo a las instituciones que se nieguen la información.

La SEGOB se reunirá con otros colectivos donde también serán escuchados y, una vez concluida la mesa de diálogos con todos estos grupos, se modificará pertinentemente la ley para que atienda las necesidades expresadas por los colectivos de búsqueda y así brindar una mejor atención humanitaria, eficaz y sobre todo justa.  

Por: Montserrat Rodríguez     

Desarticulada célula criminal en Guanajuato dedicada a la extorsión y narcomenudeo.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la captura de Odavinson “N”, líder de una célula criminal que operaba con actos de extorsión en los municipios de Celaya, Villagrán y la región Laja-Bajío. Esta detención se produjo dentro de un operativo de gran escala que incluyó múltiples cateos simultáneos y el desmantelamiento de otras células dedicadas al narcotráfico.

La intervención, resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia y análisis de indicios por parte de la Agencia de Investigación Criminal, contó con el apoyo de peritos y fuerzas de seguridad estatales y federales. El operativo, realizado en los últimos días, permitió asegurar trece propiedades y la detención de quince personas, entre ellas el principal responsable de la célula criminal.

La organización liderada por Odavinson “N” mantenía un constante acoso hacia comerciantes locales, exigiendo pagos a cambio de garantizar la seguridad de sus bienes e integridad. Este tipo de actividades ilícitas había generado un ambiente de miedo y desconfianza en la comunidad, afectando gravemente la economía de los municipios de Celaya, Villagrán y las áreas circundantes.

Además de la captura de Odavinson “N”, las autoridades arrestaron a otros catorce individuos, entre ellos María Guadalupe “N”, Diana Montserrat “N”, Anlly Luz “N”, Jana “N”, J. Guadalupe “N”, Marco Antonio “N”, Valentín “N”, Israel “N”, José Francisco “N”, Kelin Johana “N”, Bretany Leticia “N”, Fátima “N”, Paola “N” y Miguel Ángel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

En los cateos realizados, se logró incautar un importante arsenal, que incluía más de 50 dosis de metanfetamina, ocho vehículos con reporte de robo, equipos de telefonía móvil, más de mil cartuchos útiles y mantas con mensajes vinculados a un grupo criminal. Además, fueron asegurados los trece inmuebles utilizados por las células delictivas en sus operaciones.

El trabajo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto fue crucial en la integración de la carpeta de investigación, reuniendo pruebas suficientes para obtener las órdenes judiciales que permitieron los cateos y detenciones.