Seguridad
Buscadoras piden seguridad para seguir con sus labores, luego de recibir amenazas.
Además de enmarcar casos como el de Lorenza una mujer que buscaba a su hermano que desapareció desde el 2018 en Salamanca Guanajuato, cuando EL 15 DE ENERO 6 hombres armados la secuestraron y asesinaron a hijo y esposo, desde entonces no se le ha encontrado, cuando se creía tener pista de su paradero luego de atrapar a dos supuestos implicados, Adrián N y Iván N fueron liberados por faltas de pruebas que los vincularan, la decisión de no procesar a los dos supuestos culpables fue tomada por un juez de Salamanca aun después de que la comunicación social de la fiscalía de Guanajuato confirmara debate de no estar de acuerdo con la decisión tomada he incluso apelaría la decisión y remarcarían estar cada día más cerca del paradero de Lorenza, aunque los colectivos de búsqueda exigían su regreso con vida, lamentablemente hay pocas esperanzas de que eso ocurra.
Mientras tanto por medio de un Comunicado, firmado por más de 100 personas y más de 50 organizaciones, familiares buscadores ya no piden, exigen a las autoridades medidas de protección urgentes para sus miembros.
Los colectivos de búsqueda en los últimos 6 meses han recuperado solamente en el estado de Guanajuato más de 500 cuerpos en fosas clandestinas según cifras oficiales de la fiscalía general de Guanajuato, tomando en cuenta se reporta en solo 13 de los 46 municipios del estado siendo la zona baja del bajío donde se pugna entre dos grupos delictivos por el control del territorio dejando terribles daños colaterales, homicidios, desapariciones y claro estas fosas clandestinas.
Ante todo este terrible escenario lo más positivo que se ha visto reflejado, es la creación de un carnet especial para buscadoras, el impulso de un programa de salud que plantea atención médica a las personas afectadas en su salud por hechos victimizastes, como desnutrición, diabetes, perdida de molares, lesiones de movilidad por caminar grandes distancias, fracturas, daños en el sistema nervioso central y muscular, enmarcando los daños que sufren no solo emocionales si no también, en su cuerpo.
Una tristeza ver la desgracia siendo ignorada.
Internacional
Una ventana cedió y provocó una tragedia en brasil.
Una joven de 26 años perdió la vida al caer desde el séptimo piso de un hotel en Brasil. El momento quedó captado por cámaras de seguridad y ahora investigan posibles fallas en la estructura del inmueble.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de noviembre, en el hotel Rio Poty, ubicado en São Luís, en el estado de Maranhão.
La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, quien se encontraba acompañada de su novio cuando ocurrió el accidente.
De acuerdo con las imágenes de vigilancia, la joven se sentó junto a una ventana y recargó su espalda sobre la estructura de aluminio. Sin embargo, repentinamente, la ventana cedió y Renata cayó al vacío desde el séptimo piso.
Su pareja presenció el momento y fue interrogado por las autoridades. No obstante, después de analizar las grabaciones, la Policía descartó, hasta el momento, que hubiera intervenido en la caída.
La investigación ahora se concentra en determinar por qué se desprendió la ventana y si existieron fallas en su instalación, mantenimiento o condiciones de seguridad.
Renata era madre de dos pequeños y había viajado a São Luís junto a su pareja para acompañarlo a un campeonato de póquer.
Tras la tragedia, la administración del hotel expresó sus condolencias y aseguró que colabora con las autoridades.
Por ahora, no existe un dictamen definitivo sobre posibles responsabilidades del establecimiento.
El caso ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en los hoteles y cómo una ventana pudo desprenderse, provocando un accidente que terminó con la vida de una joven de apenas 26 años.
Incendios
¡Explosión en ducto de pemex deja una trabajadora muerta y tres heridos en jalisco!
Una explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos encendió las alertas en Tototlán, Jalisco. El accidente ocurrió durante trabajos de mantenimiento en el poliducto Salamanca-Guadalajara y dejó inicialmente a cuatro trabajadores lesionados.
El siniestro se registró a la altura del kilómetro uno de la carretera Tototlán-Ocotlán, mientras el personal realizaba labores de limpieza y retiro de sedimentos. De acuerdo con los primeros reportes, una fuga de hidrocarburo habría provocado el incendio, que movilizó a bomberos y cuerpos de emergencia.
Sin embargo, la situación tuvo un desenlace todavía más grave: una de las trabajadoras sufrió quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo y falleció posteriormente en un hospital de Guadalajara. Otros dos empleados también presentaron quemaduras y fueron trasladados para recibir atención médica.
Pemex informó que logró sofocar las llamas mediante su Plan de Respuesta a Emergencias y aseguró que no existía riesgo para las comunidades cercanas. Mientras tanto, se iniciaron los peritajes para determinar las causas del accidente en este ducto que conecta a Guanajuato con Jalisco.
Fiscalia
¡Detienen en colombia a juez mexicano! estados unidos lo acusa de recibir 2 millones de dólares para liberar a un grupo criminal.
Luis Benítez Alcántara fue arrestado en Colombia, acusado por autoridades estadounidenses de recibir dos millones de dólares para favorecer la liberación de un operador de la organización criminal relacionada con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por narcotráfico.

De acuerdo con la acusación, el juez tenía a su cargo el proceso de extradición de Andrew Clark, identificado como segundo al mando de esa red. El 24 de febrero de 2025 habría recibido el pago y, ese mismo día, concedió la libertad bajo fianza y ordenó su liberación.
Sin embargo, Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos. Ahora, Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales y el gobierno estadounidense solicitará su extradición desde Colombia.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los posibles vínculos entre el crimen organizado y funcionarios del sistema de justicia. De ser declarado culpable, el juez podría enfrentar hasta 15 años de prisión por cada cargo.
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