La justicia alcanzó a un exmandatario estatal.

El exgobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del estado, las acusaciones derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el caso ya es considerado histórico en Colima.

La fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, aseguró que existen más investigaciones abiertas contra los exfuncionarios y advirtió que podrían judicializarse próximamente.

Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan revisando posibles daños al erario, cuyo monto todavía no ha sido revelado oficialmente.

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El caso vuelve a poner bajo la lupa a exgobernadores acusados de corrupción… y revive el debate sobre si finalmente habrá consecuencias reales para quienes manejaron recursos públicos.

Según un reporte ciudadano, una mujer fue impactada por un camión del transporte público mientras se encontraba sobre la banqueta, en plena Avenida Benito Juárez. Los hechos habrían ocurrido la noche del viernes, cuando la unidad marcada con el número 044 pasó a alta velocidad e invadió parte del espacio peatonal frente a una sucursal de Santander.

De acuerdo con el testimonio, el camión alcanzó a golpear el hombro de la afectada, provocándole un fuerte moretón. La mujer señala que el operador no redujo la velocidad, lo que evidencia el riesgo constante para quienes transitan por una de las avenidas más concurridas de la ciudad.

Este caso, reportado por la ciudadanía, vuelve a encender la alerta sobre la falta de control en el transporte urbano. La exigencia es clara: mayor vigilancia y sanciones antes de que estos incidentes escalen a consecuencias más graves.

El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.

La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.

El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.

Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.

Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.

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