En los primeros siete meses de 2025, Guanajuato se consolidó como la entidad más violenta para las mujeres en México.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 224 mujeres fueron asesinadas en el estado, lo que equivale al 17.6% del total nacional. La cifra lo coloca por encima de Baja California (117 casos) y Estado de México (107), concentrando entre los tres más del 35% de los crímenes en todo el país.

Lo alarmante es que, pese a la magnitud de la violencia, solo siete asesinatos han sido reconocidos como feminicidios. Es decir, más de 200 muertes de mujeres quedan clasificadas únicamente como homicidios dolosos, ignorando el trasfondo de violencia de género que atraviesa cada caso.

Este subregistro evidencia no solo un vacío en la procuración de justicia, sino también un patrón de negación institucional frente a la realidad que viven las mujeres guanajuatenses.

El SESNSP precisa que la mayoría de las víctimas eran mayores de 18 años (171), pero también se registraron nueve niñas y adolescentes asesinadas, además de 44 casos donde no se especifica la edad. Pese a la gravedad, julio con 23 víctimas fue reportado como uno de los meses “menos violentos”, una cifra que refleja la normalización de la tragedia.

Organizaciones de mujeres y especialistas en seguridad han señalado que esta disparidad en las clasificaciones distorsiona las políticas públicas y reduce el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. En un estado que lidera en homicidios de mujeres, pero que se resiste a nombrarlos feminicidios, la impunidad no solo persiste: se institucionaliza.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta dirigida a Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Querétaro, tras el robo de cinco cilindros con gas cloro propiedad de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA).

El hurto se registró en la Unidad de Rebombeo de la comunidad de Viborillas, en el municipio de Colón, donde los tanques se encontraban en resguardo. De acuerdo con las autoridades, los cilindros son de color gris con capacidad de 68 kilogramos cada uno. Dos estaban casi vacíos y tres contenían gas cloro al 90 % de su capacidad.

El gas cloro es una sustancia de color amarillo cenizo, altamente tóxica y corrosiva. Su inhalación puede provocar tos, lagrimeo, náuseas, dificultad para respirar, edema pulmonar e incluso la muerte en exposiciones severas. El contacto directo genera quemaduras en piel y ojos, además de daños dentales y riesgo de bronquitis crónica por exposición prolongada.

Protección Civil pidió a la ciudadanía no manipular los cilindros en caso de localizarlos y reportar de inmediato al 911.

Este no es el primer robo de gas cloro en Querétaro. En enero de 2025, un cilindro con 20 % de contenido fue sustraído en circunstancias similares, lo que también activó una alerta en seis entidades. Expertos señalan que la recurrencia de estos casos revela fallas de seguridad en el resguardo de sustancias peligrosas utilizadas en plantas de potabilización de agua.

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De acuerdo con la CNPC, los cilindros con gas cloro son considerados de alto riesgo por su potencial de provocar emergencias químicas en caso de fuga o manipulación indebida.

La llamada Guerra Cristera fue un conflicto armado y religioso que marcó a México entre 1926 y 1929, aunque en algunos lugares se prolongó hasta los primeros años de la década de 1930. El origen se encuentra en la aplicación de la Ley Calles, promovida por el presidente Plutarco Elías Calles, que buscaba limitar la influencia de la Iglesia católica en la vida pública del país. Esta legislación prohibía procesiones, restringía el número de sacerdotes, cerraba templos y escuelas religiosas, e imponía sanciones a quienes desobedecieran.

En un país donde la mayoría de la población era profundamente católica, estas medidas se interpretaron como un ataque directo a la fe y a la identidad cultural del pueblo. La respuesta fue una rebelión popular, integrada en su mayoría por campesinos, artesanos y sectores medios, quienes se levantaron en armas bajo el lema “¡Viva Cristo Rey!”.

El estado de Guanajuato fue uno de los epicentros del conflicto junto con Jalisco, Michoacán y Colima. Sus comunidades rurales se convirtieron en escenarios de enfrentamientos constantes entre cristeros y fuerzas federales. La capital del estado, aunque no fue escenario de batallas campales como otras zonas rurales, vivió de manera intensa las tensiones sociales y religiosas derivadas del conflicto.

En Guanajuato capital se aplicaron las disposiciones anticlericales:

• Se ordenó el cierre de templos y conventos, lo que alteró la vida religiosa cotidiana.
• Las procesiones y festividades religiosas quedaron prohibidas.
• Hubo persecución contra sacerdotes y laicos que organizaban o practicaban actos de culto.
• Familias católicas participaron en la resistencia, ofreciendo apoyo en secreto a los cristeros de las regiones cercanas.

La ciudad, con su fuerte tradición minera y artesanal, también resintió las consecuencias económicas de la inestabilidad: disminución del comercio, miedo a las represalias y migración hacia lugares más seguros.

1. Sociales y culturales
   • La fe católica se vivió en la clandestinidad, lo que reforzó la religiosidad popular.
   • Se generó un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades federales.
   • Algunos sacerdotes y laicos de Guanajuato fueron perseguidos o ejecutados, quedando en la memoria local como mártires.
2. Políticas
   • El conflicto consolidó en Guanajuato un perfil político conservador y católico, que influiría en la vida pública del estado durante el resto del siglo XX.
   • La tregua alcanzada en 1929 entre el gobierno federal y la Iglesia no borró de inmediato las heridas: en la capital persistió por años una tensión latente entre el poder civil y la autoridad religiosa.
3. Económicas
   • La guerra interrumpió la vida productiva y comercial de la ciudad.
   • Algunas familias fueron desplazadas, y la actividad económica se vio afectada por el clima de persecución y miedo.

En Guanajuato capital, la época cristera no se manifestó en grandes batallas armadas, pero sí en una atmósfera de represión, resistencia y clandestinidad. La imposición de la Ley Calles alteró profundamente la vida cotidiana, tocando lo más íntimo de la identidad social: la práctica religiosa. Este periodo dejó una huella duradera en la ciudad, reforzando la devoción católica que hasta hoy caracteriza a sus habitantes y marcando la memoria histórica de una comunidad que vivió entre la fe, el miedo y la resistencia.

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