La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) vive una crisis de credibilidad: en solo dos meses acumuló 23 recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG). La mayor cifra registrada contra una sola institución en tan corto plazo.

Detrás de estos números hay 160 víctimas —familiares de desaparecidos, dolientes de hechos violentos y ciudadanos que claman ayuda— que enfrentaron omisiones, retrasos y puertas cerradas.

El organismo creado para proteger y reparar el daño hoy aparece como el más señalado por vulnerar derechos. Mientras tanto, su funcionamiento es cuestionado incluso por la propia Prodheg, que reveló un patrón preocupante: la CEAV se ha convertido en terreno fértil para gestores y terceros que “bombardean” con quejas para forzar la entrega de recursos, lo que evidencia un esquema donde la necesidad de las víctimas se mezcla con el oportunismo y la ineficacia institucional.

La paradoja es brutal: en 2025, el Fondo de Atención a Víctimas recibirá 80 millones de pesos, el doble que el año pasado, pero los testimonios siguen denunciando trabas burocráticas y apoyos limitados. El dinero aumenta, pero no la confianza.

La CEAV no solo enfrenta un problema administrativo, sino un descrédito público que la coloca en el ojo del huracán. En lugar de ser refugio para quienes cargan con la violencia, se ha convertido en un símbolo de la incapacidad estatal para atender a las víctimas con dignidad, justicia y eficacia.

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Guanajuato, Gto. – El pasado lunes 18 de agosto, alrededor de las 5:30 de la tarde, el elemento de Tránsito, Movilidad y Transporte, Leonardo Zendejas, fue llamado por Alejandro Barbarino Sosa para ser despedido de manera inmediata. Al día siguiente, martes 19 de agosto, ya no se encontraba laborando en la corporación.

La decisión rápida contrasta con otros casos en los que, pese a denuncias y señalamientos, las autoridades tardan meses en actuar o simplemente guardan silencio.

La pregunta es inevitable: ¿por qué con Zendejas se aplicó un despido fulminante y con otros elementos involucrados en presuntos actos de corrupción y cinismo dentro de Tránsito, Movilidad y Transporte no pasa absolutamente nada? A varios trabajadores se les ha cesado injustificadamente, mientras que agentes señalados por irregularidades siguen activos y hasta operando con total normalidad.

El problema de fondo no se limita a un solo elemento. La corrupción sigue enquistada en las cabezas principales de gobierno municipal, donde los Navarro Smith, y de Tránsito, Movilidad y Transporte de Alejandro Barbarino Sosa, Barranco, Guzmán, Julio García y Omar Yebra son mencionados de manera recurrente.

Todos permanecen intocables mientras los casos menores se exhiben como “ejemplos” de limpieza institucional.

La ciudadanía no pide ajustes superficiales ni despidos selectivos: exige que la corrupción total sea combatida desde arriba. Guanajuato no puede seguir hundido en el descaro y el cinismo de quienes se saben protegidos. El caso Zendejas solo demuestra que cuando las autoridades quieren, pueden actuar de inmediato; el problema es que no lo hacen donde realmente duele.

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Irapuato, Gto. – Un agente del Ministerio Público logró que un juez vinculara a proceso penal a José Alfonso “N”, conocido como “el patrañas” debido a su probable participación en el homicidio de una persona e intento de homicidio de otra. Esto ocurrido desde el 26 de diciembre del 2024 en la colonia San Miguelito, en Irapuato.

El crimen ocurrió en el andador Cristo Rey, alrededor de las siete y media de la noche, cuando las dos víctimas estaban en una jardinera. Arribó “el patrañas” en una motocicleta, descendió de ella con arma en mano y caminó directo hacia las víctimas donde disparó sin decir palabra alguna.

Uno de ellos perdió la vida y el otro resultó lesionado.

El agresor procedió a regresar a su motocicleta y huyó del lugar. Desde entonces las FGE inició una investigación que permitió identificar y tener a José Alfonso “N”.

Por el momento se le ha dictado la prisión preventiva y el plazo para concluir la investigación será de tres meses.

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