Los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), agrupados a través de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), lanzaron una exigencia directa a la presidenta Claudia Sheinbaum: que garantice la seguridad no sólo de la ciudadanía sino también de los servidores públicos municipales.

En su comunicado del 6 de noviembre de 2025, precisaron que la actual estrategia de seguridad mantiene paralizadas a muchas autoridades locales por el miedo y reclaman una coordinación sin tintes partidistas entre los tres niveles de gobierno.

El líder de ANAC, Mauricio Tabe, señaló que la política de “abrazos, no balazos” ha mostrado fallas en zonas de alta incidencia delictiva, donde los alcaldes se encuentran en “estado de indefensión”.

Tabe añadió que el gobierno federal debe “dejar la calumnia y las acusaciones” y asumir un papel activo para proteger tanto al pueblo de México como “a todos los servidores públicos que con valentía y determinación hacen su labor”.

Los municipios gobernados por el PAN alertan que los hechos no son teoría: la realidad habla por sí misma. Según reportes recientes, más de veinte alcaldes en funciones han tenido que solicitar y recibir protección especial entre 2021 y 2025 ante amenazas directas del crimen organizado.

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Si los ediles no pueden trabajar seguros, advierten, la gobernabilidad misma se resquebraja. Por ello exigen que los recursos destinados a la seguridad municipal como fondos para policía local, cámaras de vigilancia y sistemas de denuncia ciudadana, sean redistribuidos y activados sin dilación.

La llamada de los alcaldes del PAN, por tanto, pone al gobierno federal en un foco de atención clave: la seguridad municipal. Queda sobre la mesa la pregunta que lanzan los municipios al ejecutivo central: ¿qué hará para que la voz de los alcaldes deje de ser un grito en el vacío y se convierta en política pública efectiva? Si la respuesta no llega pronto, advierten, el vacío seguirá siendo ocupado por quienes ejercen la violencia.

El alcalde Juan Carlos Martínez Calderón afirmó sentirse “el más vulnerable” entre los 46 presidentes municipales del estado, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Durante un mensaje público, el edil aseguró que enfrenta constantes ataques y calumnias en redes sociales y que, pese a ello, seguirá trabajando por su municipio con la frente en alto.

Martínez recordó que desde el inicio de su carrera política se propuso ser “el mejor alcalde en la historia de Uriangato”, y señaló que comparte con Manzo la misma entrega y amor por su gente. “Esto lo digo por el tema de mi amigo Carlos Manzo, que es un líder igual que un servidor. Si ustedes pudieran vernos, tenemos muchas cosas en común: la misma ideología, la misma entrega, el mismo amor y el mismo sacrificio”, expresó con tono emotivo.

El presidente municipal también denunció campañas de desprestigio en redes sociales, particularmente desde una página llamada El pueblo infeliz, a la que acusó de difundir información falsa y ataques personales. “Todos los días publican tonterías. Deberían decir que hago obras, que apoyo a la gente. El verdadero delincuente es el que está detrás de ese perfil”, aseguró, lamentando que algunos ciudadanos crean esos señalamientos.

Finalmente, Martínez Calderón pidió a la población no dejarse influir por rumores ni juicios injustos. “Amo a mis hijos, amo a mi pueblo, amo a mi gente, y siempre voy a luchar por ustedes”, afirmó. Agradeció a los uriangatenses por su confianza y reiteró que seguirá construyendo, poco a poco, “el rumbo y la historia de Uriangato”, pese al clima de inseguridad que vive la región.

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En una sesión del Ayuntamiento que más pareció un ring de discursos que un ejercicio de gobierno responsable, los ediles aprobaron el proyecto de la Ley de Ingresos 2026 y enviaron el documento al Congreso del Estado.

Lo grave no es sólo lo aprobado, sino la evidente preferencia por el teatro político sobre la solución de problemas reales: muchas palabras, pocas acciones concretas.

El paquete proyecta ingresos cercanos a mil millones de pesos con ajustes que en su mayoría no superan el 4%. Se anunciaron recortes simbólicos como bajar el incremento propuesto del agua del 3% al 2% y homologar el boleto del Museo de las Momias en 111 pesos y medidas como descuentos al pronto pago del predial (15% en enero, 10% en febrero). Son ajustes útiles, sí, pero mínimos frente a la urgencia de resultados palpables para la ciudadanía.

Lo que la sesión dejó claro fue la prioridad de algunos por el posicionamiento público: la discusión degeneró en alusiones personales y referencias históricas grandilocuentes (se mencionaron a Colbert, Mussolini y Napoleón), en lugar de diálogos técnicos para mejorar servicios y finanzas. Entre gritos y recriminaciones, pocos propusieron rutas detalladas para ejecutar lo aprobado.

Especialmente preocupante fue el papel de quienes se dicen representantes del cambio: dos regidores de Morena, Víctor Hugo Larios y María Fernanda Arellano, protagonizaron la crítica y el rechazo a varias reservas, pero en momentos clave su actuación resultó contradictoria y poco productiva; votaron en contra incluso de una propuesta para eliminar el cobro por la contratación de la Policía Municipal en procesos judiciales, una medida que, de mantenerse, podría limitar el acceso a la justicia para quienes menos tienen.

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Ese tipo de contradicciones no sólo confunden a la ciudadanía, sino que retrasan soluciones.

La alcaldesa Samantha Smith lo resumió en una frase que, más que una conclusión, debería convertirse en un mandato: hay quien quiere aportar de verdad y quien sólo busca negatividad cómoda. Pero las palabras no harán que mejore el servicio de agua, que se arreglen calles ni que lleguen apoyos claros a las colonias más necesitadas. Lo que la ciudad requiere ahora no es una nueva tanda de discursos: es planificación, cumplimiento y supervisión.

Es momento de que los ediles conviertan sus declaraciones en obra pública medible: calendarios de inversión, metas claras por rubro, mecanismos de evaluación ciudadana y rendición de cuentas real. Los guanajuatenses merecen menos “lucimientos partidistas” y más gestión honesta. Si el Ayuntamiento quiere recuperar la confianza, que se pongan a chambear y pronto.