Para 2026 el Gobierno de México tiene previsto invertir más de mil 350 millones de pesos en acciones de saneamiento y restauración del sistema Lerma–Santiago, una de las cuencas más importantes del país, con impacto directo en más de 21 millones de habitantes. Este sistema hídrico se extiende por más de seis millones de hectáreas y atraviesa 245 municipios de nueve entidades: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Durango.

Como antecedente, durante 2025 se canalizaron más de 408 millones de pesos a obras de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, control de descargas contaminantes y acciones de protección ante riesgos de inundación.

En materia de regulación ambiental, más de mil empresas fueron convocadas a regularizar de manera inmediata sus descargas. Como resultado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó 71 visitas de inspección, mientras que la Comisión Nacional del Agua efectuó 22 revisiones adicionales, lo que derivó en clausuras y procedimientos administrativos.

De forma complementaria, la Profepa puso en operación un Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental en Toluca, con el objetivo de brindar asesoría técnica y acompañamiento a las industrias asentadas en la cuenca del Lerma, para facilitar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la adopción de prácticas de gestión de riesgos y control organizacional.

Actualmente se desarrollan trabajos de construcción, rehabilitación y ampliación de seis plantas de tratamiento, así como la reconversión energética de otras siete instalaciones. A ello se suma la rehabilitación y construcción de 17.48 kilómetros de colectores, lo que ha permitido disminuir las descargas urbanas sin tratamiento y beneficiar a más de un millón de personas.

En el ámbito de la restauración ecológica, se protegieron 847 hectáreas del humedal El Ahogado y se priorizó la recuperación ambiental de 3 mil 24 hectáreas en las Ciénegas del Alto Lerma. Asimismo, se recolectaron 955 toneladas de residuos sólidos en las márgenes del río, se reforestaron 38.5 hectáreas y se colocaron trampas para residuos flotantes, acciones orientadas a mejorar la capacidad hidráulica y promover esquemas de economía circular.

Advertisement

Respecto a la prevención de riesgos, se avanza en la delimitación de 169 kilómetros de zona federal y en la recuperación de 23.5 kilómetros de cauce y bordos, medidas que fortalecen la protección de más de 1.5 millones de personas ante posibles inundaciones en distintos tramos del sistema Lerma–Santiago.

Para el próximo año, la estrategia federal contempla reforzar la capacidad de tratamiento de aguas residuales, ampliar las labores de inspección y vigilancia, consolidar proyectos de restauración socioambiental, desarrollar planes maestros ecohidrológicos, ejecutar obras de control de inundaciones y fortalecer el monitoreo de la calidad y disponibilidad del agua en toda la cuenca.

El uso de cuetes y fuegos artificiales, profundamente arraigado en celebraciones religiosas y festivas, tiene un impacto ambiental y social mucho más grave de lo que suele percibirse.

Diversos estudios y autoridades ambientales han señalado que estos artefactos son altamente contaminantes y que su uso resulta cada vez menos justificable frente a los efectos que generan en el entorno, la salud y la convivencia social.

Desde el punto de vista ambiental, los cuetes liberan una gran cantidad de contaminantes al aire en lapsos muy cortos. Al estallar, emiten partículas finas conocidas como PM10 y PM2.5, así como metales pesados como plomo, bario, estroncio y cobre, utilizados para producir los colores característicos. Estas partículas permanecen suspendidas en la atmósfera y contribuyen al deterioro de la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas y valles donde la dispersión es limitada.

En temporadas festivas, los niveles de contaminación pueden aumentar de forma abrupta en cuestión de horas.

El impacto en la salud humana es otro factor relevante: la inhalación de partículas finas puede provocar o agravar problemas respiratorios como asma, bronquitis e infecciones pulmonares, particularmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, el ruido generado por los cuetes supera con frecuencia los niveles recomendados por organismos de salud, alcanzando intensidades que pueden causar estrés, alteraciones del sueño e incluso daño auditivo.

Advertisement

Sin embargo, los efectos no se limitan a las personas: la fauna doméstica y silvestre es especialmente vulnerable al ruido y a la contaminación producida por los fuegos artificiales. Animales como perros y gatos experimentan episodios severos de ansiedad, desorientación y pánico, mientras que aves y otras especies silvestres pueden abandonar nidos, sufrir accidentes o morir a causa del estrés. En ecosistemas cercanos a zonas urbanas, estas alteraciones afectan el equilibrio natural.

A ello se suma el riesgo de incendios y accidentes. Cada año se registran quemaduras, amputaciones y daños materiales relacionados con el manejo de pirotecnia, así como incendios en pastizales, cerros y zonas habitacionales. Estos incidentes generan costos humanos y económicos que contrastan con el carácter momentáneo del espectáculo.

Por estas razones, cada vez más especialistas y autoridades coinciden en que el uso de cuetes debe ser replanteado. No se trata únicamente de prohibir una tradición, sino de reconocer que muchas prácticas heredadas no son sostenibles en el contexto actual. Existen alternativas menos contaminantes y más seguras, como espectáculos de luces, proyecciones o pirotecnia silenciosa, que permiten conservar el sentido festivo sin causar daños colaterales.

Dejar de usar cuetes implica un cambio cultural, pero también una responsabilidad colectiva. Reducir su consumo es una forma concreta de proteger la salud, el medio ambiente y la convivencia social, entendiendo que celebrar no debería significar contaminar ni poner en riesgo a otros.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio a conocer los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, realizado en 289 playas de uso recreativo ubicadas en 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros del país.

Laboratorios de Salud Pública llevaron a cabo 2 mil 233 análisis de muestras de agua recolectadas en playas con alta afluencia de visitantes, correspondientes a los principales destinos turísticos del territorio nacional.

De acuerdo con los resultados, 283 playas, equivalentes al 98 por ciento del total de playas de uso recreativo del país, cumplen con los criterios de calidad microbiológica establecidos y se consideran aptas para su utilización por la población. En comparación con el muestreo anterior, publicado el 17 de julio, el número de playas no aptas se redujo de 16 a 6, lo que representa únicamente el 2 por ciento del total, al haber superado el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros, parámetro fijado por la Organización Mundial de la Salud.

Cofepris y las APCRS mantienen coordinación con los Comités de Playas para implementar acciones inmediatas de saneamiento en las seis playas que no cumplen con los estándares, con el propósito de restablecer condiciones adecuadas de salubridad y prevenir riesgos a la salud de turistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, se informó que 14 playas modificaron su estatus y fueron clasificadas como aptas para uso recreativo durante este tercer muestreo de 2025, luego de haber sido consideradas no aptas en la evaluación previa. Estas playas se localizan en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

En contraste, las playas que resultaron no aptas en el muestreo más reciente corresponden a Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz.

Advertisement