Guanajuato vive una paradoja en su violencia: bajan los homicidios, pero otros delitos letales se disparan, a pesar de que los homicidios dolosos en Guanajuato registraron una notable baja en los últimos meses.

Un alarmante repunte en otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal está encendiendo las alertas. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que entidades como Guanajuato se colocan entre las más afectadas por estas conductas no convencionales, poniendo en evidencia una realidad más compleja y menos contable que la simple métrica de asesinatos.

De enero a octubre de 2025, el estado reportó 1,962 víctimas en el rubro denominado “otros delitos que atentan contra la vida”, lo que representa un 13.40 % de los casos a nivel nacional. Estas cifras incluyen hechos que no necesariamente son homicidios tradicionales, como la inducción o ayuda al suicidio, el peligro de contagio o la inseminación no consentida, entre otros.

El aumento ha sido explosivo, pasando de prácticamente cero en 2018 a registros récord en meses recientes. Analistas como David Saucedo han advertido que parte de esta escalada podría obedecer a una estrategia para “maquillar” las estadísticas de homicidios: reclasificar muertes para mostrar una reducción aparente.

México Evalúa, por su parte, documentó que entre 2018 y septiembre de 2025, las víctimas de estos “otros delitos” se incrementaron un 118.2 %, mientras que los desaparecidos crecieron un 112.9 %.

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Ante estas discrepancias, las autoridades de Guanajuato defienden su estrategia de seguridad: la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) ha desplegado un plan con inteligencia, prevención y coordinación institucional para atender ese tipo de delitos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil piden mayor transparencia: exigen acceso a las carpetas de investigación para verificar qué se incluye dentro de esas cifras y cómo se tipifican las víctimas. Solo así, argumentan, será posible saber si realmente hay una pacificación real o si la violencia simplemente se está desplazando a categorías menos visibles.

Este lunes se dio a conocer que los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato avanzan en la implementación de un convenio de seguridad firmado recientemente, cuyo objetivo principal es fortalecer la coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada que opera en ambas entidades.

Como parte de este acuerdo, se acordó que las acciones conjuntas se concentrarán en labores de inteligencia, proximidad social, búsqueda de personas, operativos de prevención y reacción inmediata ante situaciones delictivas. Con estas medidas se pretende no solo inhibir actividades criminales, sino también robustecer las carpetas de investigación que permitan girar órdenes de aprehensión contra integrantes de estructuras delictivas con presencia en los dos territorios.

En el caso de San Luis Potosí, los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierranueva, Rioverde y San Ciro de Acosta serán los primeros en recibir beneficios directos de estas acciones. Mientras que, en Guanajuato, se pondrá atención especial en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, considerados puntos estratégicos para el blindaje de la región.

La premisa que guía esta colaboración es que los grupos criminales no reconocen fronteras estatales, lo que hace indispensable que los gobiernos actúen de manera coordinada para cerrar espacios de operación y evitar que los delincuentes aprovechen vacíos legales o de jurisdicción.

De acuerdo con las autoridades, el plan contempla resultados en distintas fases. A corto plazo, se definirán operativos específicos durante la próxima mesa de seguridad que tendrá lugar en Silao, Guanajuato. A mediano plazo, se espera disminuir la capacidad de operación de las organizaciones delictivas. Y a largo plazo, la meta es construir condiciones más seguras que favorezcan la inversión, el turismo y el desarrollo económico de la región.

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Irapuato, Gto. – Un agente del Ministerio Público logró que un juez vinculara a proceso penal a José Alfonso “N”, conocido como “el patrañas” debido a su probable participación en el homicidio de una persona e intento de homicidio de otra. Esto ocurrido desde el 26 de diciembre del 2024 en la colonia San Miguelito, en Irapuato.

El crimen ocurrió en el andador Cristo Rey, alrededor de las siete y media de la noche, cuando las dos víctimas estaban en una jardinera. Arribó “el patrañas” en una motocicleta, descendió de ella con arma en mano y caminó directo hacia las víctimas donde disparó sin decir palabra alguna.

Uno de ellos perdió la vida y el otro resultó lesionado.

El agresor procedió a regresar a su motocicleta y huyó del lugar. Desde entonces las FGE inició una investigación que permitió identificar y tener a José Alfonso “N”.

Por el momento se le ha dictado la prisión preventiva y el plazo para concluir la investigación será de tres meses.

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