Un recién nacido de apenas un mes de edad desapareció en Oaxaca, desatando una alerta urgente de búsqueda y una investigación que apunta a un posible caso de trata de personas.

El menor fue visto por última vez el pasado 23 de marzo en la agencia municipal de Donají, en la capital del estado. Sin embargo, fue hasta el 14 de abril cuando familiares dieron aviso a las autoridades, lo que activó una Alerta Amber y un operativo especializado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso podría tener un giro alarmante: la madre del bebé presuntamente lo habría entregado a un tercero para saldar una deuda económica, lo que encendió las alarmas por un posible delito de trata.

La Fiscalía de Oaxaca ya desplegó equipos especializados y trabaja bajo una línea de investigación que involucra tanto al entorno familiar como a posibles redes criminales.

Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es claro: cualquier información puede ser clave para encontrar con vida al menor.

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En el Congreso del Estado de Guanajuato, la mayoría panista votó en contra de un punto de acuerdo impulsado por Morena que buscaba garantizar la entrega de pensiones a personas con discapacidad permanente. La propuesta, presentada por la diputada Hades Aguilar, fue rechazada con 20 votos en contra frente a 13 a favor, impidiendo así exhortar a la gobernadora Libia Dennise García a cumplir con este derecho.

Desde tribuna, Aguilar denunció que el gobierno estatal ha ignorado solicitudes formales realizadas por ciudadanos con discapacidad, quienes exigen ser incorporados al programa de pensión. Subrayó que no se trata de un trámite administrativo, sino de una posible violación a derechos fundamentales, ya que este apoyo está respaldado tanto por la Constitución como por resoluciones judiciales. Además, evidenció que al menos tres personas han presentado peticiones sin recibir una respuesta oficial.

Legisladores de Morena, como David Martínez Mendizábal y María Eugenia García Oliveros, respaldaron la iniciativa y exigieron el cumplimiento de la ley. Advirtieron que la omisión podría derivar en sanciones para las autoridades, al no acatar una sentencia de amparo vigente. Coincidieron en que el marco legal ya existe, pero acusaron falta de voluntad política para garantizar este derecho a uno de los sectores más vulnerables.

La diputada local de Morena, Edith Moreno Valencia, anunció que promoverá la realización de mesas de trabajo abiertas e incluyentes como parte del análisis de la llamada “Ley Cazzu”, iniciativa que busca atender casos de violencia relacionados con la movilidad de niñas y niños. La legisladora subrayó que estos espacios permitirán que madres de familia participen directamente, compartan sus experiencias y contribuyan en la construcción de soluciones desde el Congreso del Estado.

La propuesta surge luego de que, tras su presentación el pasado 26 de marzo, la diputada comenzara a recibir numerosos testimonios a través de redes sociales. En ellos, mujeres relatan situaciones en las que enfrentan restricciones injustificadas para trasladar a sus hijas e hijos, muchas veces como forma de presión por parte de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades. Moreno Valencia destacó que estas prácticas representan una forma de violencia que impacta tanto a las madres como a los menores.

La iniciativa plantea modificar el artículo primero de la Constitución local para evitar que padres ausentes o deudores alimentarios limiten la movilidad de sus hijos. Además, contempla la creación de mecanismos judiciales más ágiles y con perspectiva de género, que faciliten autorizaciones en casos de abandono o incumplimiento. También establece que, en cualquier proceso de traslado o cambio de residencia, las autoridades deberán priorizar el interés superior de la niñez, garantizando su bienestar, identidad y derecho a una vida familiar digna.