En Guanajuato, el acceso al agua potable sigue siendo una promesa incumplida para comunidades periféricas, a pesar de que la alcaldesa Samantha Smith aseguró durante su campaña que habría “agua para todos”. Hoy, esa promesa contrasta con una realidad marcada por el abandono, donde familias enteras continúan sin un servicio básico y sin señales claras de solución.

La falta de infraestructura ha obligado a los habitantes a sobrevivir mediante la compra de agua en pipas privadas, muchas veces de procedencia dudosa, con precios inflados y sin ningún tipo de regulación efectiva. Lo que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en un negocio que castiga a quienes menos tienen.

La indignación crece al considerar que comunidades como Capulín de Bustos y Cañada de Bustos se encuentran a escasos kilómetros de fuentes de abastecimiento, incluida la Presa de la Purísima, desde donde se distribuye agua a la capital. La paradoja es evidente: el agua pasa cerca, pero se les niega a quienes viven junto a ella.

Lejos de atender esta crisis, ciudadanos acusan que las autoridades priorizan obras de imagen sobre soluciones de fondo. La falta de voluntad política y planeación ha convertido el acceso al agua en un símbolo de desigualdad, donde la promesa de campaña se diluye frente a una realidad que evidencia que, en Guanajuato, el agua no es para todos… es solo para quienes pueden pagarla.

El diputado de Morena, Antonio Chaurand, lanzó fuertes críticas contra la concesión a 30 años de las autopistas Guanajuato-Silao y Silao-San Miguel de Allende, al considerar que esta decisión ha significado renunciar a importantes ingresos por peaje. De acuerdo con el legislador, solo en la caseta Guanajuato-Silao se habrían dejado de percibir alrededor de mil millones de pesos entre 2020 y 2024, lo que calificó como un golpe a las finanzas públicas del estado.

Ante este panorama, Chaurand subrayó la necesidad de garantizar un acceso libre y sin costo hacia la capital del estado, al tiempo que exigió mayor claridad en el manejo de la concesión. En particular, cuestionó que la auditoría externa relacionada con este proceso aún no haya sido publicada, lo que, dijo, genera dudas sobre la transparencia y el destino real de los recursos involucrados.

El legislador también contrastó esta situación con la inversión del gobierno federal, que ha destinado mil 200 millones de pesos al mantenimiento de carreteras libres de peaje. Este hecho, señaló, refuerza la urgencia de tomar decisiones más equitativas en materia de movilidad, priorizando el beneficio de la ciudadanía por encima de intereses a largo plazo que podrían afectar la economía de los usuarios.

El pórtico tipo pérgola del Jardín Reforma presenta un visible estado de abandono, con varias de sus vigas de madera —los tablones que conforman la estructura superior— dañadas, ausentes o sin ser reemplazadas desde hace tiempo. Este espacio, que forma parte del paisaje urbano y punto de descanso para visitantes, luce actualmente descuidado, lo que ha generado inconformidad entre quienes transitan por la zona.

Además del deterioro estructural, se observa una notable falta de limpieza en el lugar, particularmente por la acumulación de excremento de paloma en columnas, bancas y superficies cercanas.

Esta situación no solo
afecta la imagen del sitio, sino que también representa un problema de salubridad para la ciudadanía que utiliza el espacio público.