La reciente aprobación de las bases para la licitación de 99 rutas del transporte público en Guanajuato capital encendió alarmas entre concesionarios locales, quienes advierten que los requisitos establecidos por la Comisión Técnica están diseñados para dejarlos fuera del proceso. Durante una reunión sostenida este jueves, transportistas señalaron que la convocatoria exige certificaciones de calidad que prácticamente ninguna empresa del estado posee, salvo una flecha amarilla y que imponen un capital contable imposible de cumplir para cualquier operador tradicional del municipio.

De acuerdo con los concesionarios, el proyecto solicita un capital contable de dos millones de pesos por unidad, lo que implica que quien desee participar con una sola ruta debe demostrar ese monto, y quien aspire a operar varias unidades necesitaría de tener millones de pesos. “Ningún concesionario local puede cubrirlo”, advirtieron, señalando que ni siquiera ciudades grandes como León cuentan con capitales contables tan elevados. Aseguran que este diseño no solo excluye al transporte municipal, sino que favorece directamente a grandes corporaciones que sí pueden cumplir esos estándares.

Los transportistas también denunciaron que las autoridades no ofrecen apertura al diálogo. Aunque se insistió en revisar las modificaciones del anexo técnico para analizarlas al día siguiente, la Comisión Técnica declaró concluidos sus trabajos, dejando a los concesionarios solos ante un proceso que consideran injusto y dirigido. “Nos dijeron que nos descartarán en las mesas de revisión y hasta ahí”, lamentaron, acusando que las decisiones se toman sin incluir a la ciudadanía, ni a los usuarios que hoy sí están conformes con el servicio local.

Otro de los señalamientos críticos es que el PIMUS, documento base del proyecto de movilidad, ni siquiera cumple con los requisitos de Banobras para obtener financiamiento federal, lo que provocará que cualquier empresa que gane la licitación deba operar con recursos propios. Eso disparará inevitablemente la tarifa técnica, que el propio estudio no contempla. Los concesionarios advirtieron que el costo podría elevarse a 20, 25 o incluso 30 pesos, situación que obligaría a las familias a abandonar el transporte público y buscar alternativas como motocicletas o vehículos propios, provocando aún menos usuarios y tarifas cada vez más altas.

Ante este panorama, operadores locales temen que el objetivo real de la convocatoria sea retirarles el servicio, colocándolos en desventaja frente a una empresa estatal con capacidad económica superior. “La convocatoria está hecha para que no participemos”, señalaron, alertando que, de mantenerse los requisitos, el municipio terminará entregando el transporte a un solo actor con condiciones de monopolio, alejando a quienes han prestado el servicio durante décadas y dejando a la ciudadanía sin posibilidad real de opinar o decidir, ya que solo le preguntan a cierta gente y no a toda la gente, sobre un cambio que impactará directamente en su bolsillo.

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El director de Tránsito, Alejandro Barbarino Sosa, informó que los operativos para revisar motocicletas se mantienen todos los días en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar que los usuarios porten casco, cuenten con licencia, placas y tarjeta de circulación. Explicó que aunque este mes las multas fueron ajustadas a 340 pesos como parte de una invitación de la presidencia municipal para regularizar documentos, el tabulador oficial contempla sanciones de hasta 4 mil 500 pesos por no usar casco o manejar sin licencia, lo que refleja la gravedad del problema.

Barbarino detalló que los accidentes más comunes se derivan de maniobras imprudentes, como rebasar en zigzag, pasar por la derecha o intentar ganarle al semáforo. Señaló que muchos usuarios, principalmente jóvenes, no portan el casco correctamente e incluso lo colocan en el manubrio o en el codo, exponiéndose a lesiones graves en impactos con otros vehículos o en derrapes por grava, tierra o aceite. “La prudencia debe ser mayor para quienes conducen una motocicleta, porque cualquier vehículo de mayor peso puede provocarle un daño severo”, subrayó.

Pese a que el reglamento contempla todas las infracciones aplicables, Barbarino afirmó que el problema no es de normatividad, sino de cultura vial. Explicó que realizan talleres en escuelas y están dispuestos a organizar foros públicos gratuitos, ya que la mayoría de los conductores desconoce el reglamento o simplemente no lo respeta. Criticó que incluso cuando llevan casco, algunos motociclistas se niegan a usarlo argumentando que “se despeinan”, demostrando una negligencia que pone en riesgo su vida y la de quienes viajan con ellos.

El funcionario también alertó sobre el aumento de familias completas viajando en motocicleta, con hasta cinco personas en un solo vehículo, una práctica que calificó de “altísimo riesgo”. Reiteró que los operativos continuarán de manera permanente y que las multas seguirán aplicándose, pero insistió en que la verdadera solución está en la conciencia de los usuarios. “El casco salva vidas, el peinado no”, advirtió, llamando a la población a asumir su responsabilidad para reducir los accidentes y protegerse en la vía pública.

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal con el fin de tipificar el delito de zooerastia y sancionar la agresión sexual contra animales.

La propuesta define este delito como cualquier acto de naturaleza sexual cometido por una persona en contra de un animal, imponiendo su voluntad sobre un ser vivo que no puede consentir. Durante la exposición de motivos, la diputada Luz Itzel Mendo González advirtió que el maltrato animal es un reflejo de entornos sociales disfuncionales, donde los animales suelen convertirse en víctimas colaterales o herramientas de control en contextos de violencia interpersonal.

La legisladora señaló que la crueldad hacia los animales está históricamente normalizada, pese a sus implicaciones éticas y sociales. Afirmó que tolerar este tipo de agresiones envía un mensaje que legitima la violencia como mecanismo de interacción y perpetúa ciclos que pueden escalar hacia agresiones contra personas.

Mendo González explicó que dentro de los actos violentos usualmente invisibilizados se encuentran los de carácter sexual conocidos como zoofilia, zooerastia o bestialismo, los cuales constituyen una forma de abuso que vulnera la integridad física, emocional y etológica de los animales.

La iniciativa plantea que tipificar de manera explícita esta conducta permitirá cerrar vacíos legales y garantizar una protección más completa a los animales como seres sintientes. Agregó que sancionar estos actos envía un mensaje claro contra la normalización de la violencia y reconoce que la integridad animal es un bien jurídico que debe ser protegido.

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La reforma propone penas de uno a cuatro años de prisión y de sesenta a trescientos días multa para quien induzca la penetración de un animal hacia una persona o introduzca en un animal, por vía vaginal o anal, el miembro viril, otra parte del cuerpo, objetos o instrumentos sexuales. También sanciona la posesión, venta, distribución, exhibición o difusión de material pornográfico que involucre animales.

Además, se contempla aumentar las penas hasta en una mitad cuando el acto sexual sea videograbado, fotografiado o registrado por cualquier medio y luego difundido.