Este lunes se dio a conocer que los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato avanzan en la implementación de un convenio de seguridad firmado recientemente, cuyo objetivo principal es fortalecer la coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada que opera en ambas entidades.

Como parte de este acuerdo, se acordó que las acciones conjuntas se concentrarán en labores de inteligencia, proximidad social, búsqueda de personas, operativos de prevención y reacción inmediata ante situaciones delictivas. Con estas medidas se pretende no solo inhibir actividades criminales, sino también robustecer las carpetas de investigación que permitan girar órdenes de aprehensión contra integrantes de estructuras delictivas con presencia en los dos territorios.

En el caso de San Luis Potosí, los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierranueva, Rioverde y San Ciro de Acosta serán los primeros en recibir beneficios directos de estas acciones. Mientras que, en Guanajuato, se pondrá atención especial en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, considerados puntos estratégicos para el blindaje de la región.

La premisa que guía esta colaboración es que los grupos criminales no reconocen fronteras estatales, lo que hace indispensable que los gobiernos actúen de manera coordinada para cerrar espacios de operación y evitar que los delincuentes aprovechen vacíos legales o de jurisdicción.

De acuerdo con las autoridades, el plan contempla resultados en distintas fases. A corto plazo, se definirán operativos específicos durante la próxima mesa de seguridad que tendrá lugar en Silao, Guanajuato. A mediano plazo, se espera disminuir la capacidad de operación de las organizaciones delictivas. Y a largo plazo, la meta es construir condiciones más seguras que favorezcan la inversión, el turismo y el desarrollo económico de la región.

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El retraso en el arranque del proyecto de semaforización por 58 millones de pesos en Guanajuato capital confirma un patrón que ya se había visto con las polémicas estatuas de Capelo: decisiones tomadas desde el escritorio de la alcaldía, sin consulta a la ciudadanía y sin sustento técnico previo.

En el caso de los semáforos, la propia alcaldesa Samantha Smith reconoce que el estudio técnico aún ni siquiera ha comenzado, pues depende de un anticipo para la empresa SEMEX S.A. de C.V. —la misma que ha recibido contratos millonarios en otros municipios gobernados por el PAN—. Es decir, se aprobó el gasto antes de saber si la obra era realmente necesaria o viable.

La historia es conocida: en 2024, las esculturas de Capelo fueron instaladas en el Centro Histórico sin contar con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En aquel momento, Smith llegó a declarar que era “mejor pedir perdón que pedir permiso”. Un mensaje que hoy resuena más fuerte: la misma lógica de improvisación y soberbia política se repite en los semáforos.

Ni vecinos, ni asociaciones, ni especialistas en movilidad fueron consultados antes de aprobar la millonaria inversión. Tampoco hubo mecanismos de difusión claros para que la población conociera, discutiera o decidiera sobre el destino de sus impuestos.

Mientras tanto, sectores como cultura, turismo y programas de protección infantil han sufrido recortes para financiar el proyecto. La paradoja es evidente: se sacrifican áreas sensibles y de alto impacto social para costear semáforos cuya justificación técnica aún está en el aire.

La falta de mecanismos de participación ciudadana convierte decisiones públicas en imposiciones que castigan a la mayoría. Al negar información clara y oportuna, la autoridad erosiona la confianza y refuerza la percepción de que los recursos públicos se utilizan con fines políticos y no comunitarios.

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Es urgente que Guanajuato cuente con espacios de consulta vinculante, presupuestos participativos y una difusión amplia de proyectos antes de ejecutarlos. Los habitantes tienen derecho a saber cómo, en qué y por qué se invierten sus impuestos.

Lo que está en juego no son solo semáforos ni esculturas: es la manera en que se toman las decisiones que afectan la vida diaria de la ciudad. Una democracia local sin participación ciudadana es apenas una simulación. Y esa simulación, financiada con nuestros impuestos, es la verdadera injusticia.

La colonia Cuauhtémoc volvió a ser ejemplo del costo de la negligencia institucional. El desbordamiento del canal de Labradores dejó al menos 104 viviendas afectadas, con el agua alcanzando hasta 60 centímetros de altura en patios y cocheras, mientras las familias damnificadas esperan apoyos y respuestas. Aunque las autoridades presumen atención inmediata, lo cierto es que los vecinos sufren nuevamente las consecuencias de la falta de limpieza y prevención en la infraestructura hidráulica.

El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, reconoció que una vivienda resultó con riesgo estructural, aunque según dijo ya presentaba daños previos. Sin embargo, para los habitantes afectados la explicación no basta: la invasión de agua, lodo y desechos es un problema que se repite año tras año sin que se garantice una solución definitiva. La pregunta obligada es por qué las autoridades insisten en actuar después del desastre y no antes, cuando la prevención hubiera evitado el colapso.

Las brigadas de Protección Civil y JUMAPA trabajan en la limpieza de calles, extracción de desechos en drenajes y sanitización de espacios públicos, incluyendo la primaria “Juan de Zumárraga”. Pero mientras se presume la “rápida respuesta”, lo cierto es que las familias damnificadas enfrentan pérdidas en muebles y electrodomésticos, que aún no saben si serán resarcidas o ignoradas por la burocracia.

El propio Ocampo reconoció que el desbordamiento se debió al taponamiento con basura y ramas, lo que pone en evidencia no solo la falta de cultura ciudadana, sino también la inacción oficial para dar mantenimiento al canal. Hoy, los afectados de la Cuauhtémoc no solo deben enfrentar la humedad y la limpieza de sus casas, sino también la incertidumbre de hasta cuándo Celaya seguirá pagando las consecuencias de la omisión y el abandono preventivo.