En medio de la polémica por una investigación federal, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Marcelo Ebrard y confirmó que seguirá al frente de la Secretaría de Economía.

La mandataria aseguró que el ex canciller “está haciendo un excelente trabajo” y destacó su papel en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y en la revisión del T-MEC, pese a la indagatoria abierta por la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en Londres entre 2021 y 2022.

La investigación fue abierta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras diversas denuncias y solicitudes ciudadanas para determinar si hubo alguna violación a normas o uso indebido de recursos públicos. Ebrard ha negado irregularidades y sostiene que no se utilizó dinero del erario.

Pese al escándalo, Sheinbaum dejó claro que no contempla removerlo del cargo, enviando un mensaje de respaldo político en un momento clave para la economía del país.

La decisión ha generado reacciones encontradas: para algunos es confianza en su trabajo; para otros, una señal de blindaje político.

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Señalamientos sobre presuntos intentos de influir en el control del Sistema Municipal de Agua Potable de la capital (SIMAPAG) encendieron el debate público, luego de que se advirtiera la falta de información abierta sobre el proceso de selección de perfiles. Se cuestiona que no se haya difundido con amplitud la trayectoria, evaluaciones y entrevistas de alrededor de 40 aspirantes, lo que, advierten, debilita la confianza ciudadana en un proceso que debería regirse por la máxima publicidad.

El exgobernador y legislador Juan Carlos Romero Hicks subrayó que la transparencia es el principal mecanismo para prevenir posibles actos de corrupción. En ese sentido, insistió en que dar a conocer los criterios técnicos, calificaciones y decisiones permitiría garantizar que el proceso se conduzca con legalidad y apertura, evitando suspicacias sobre intereses ajenos al servicio público.

Asimismo, advirtió que sería grave que se concretaran prácticas orientadas a convertir el organismo en un espacio de beneficios particulares o “caja chica”. Por ello, hizo un llamado a privilegiar la rendición de cuentas y la claridad institucional, al señalar que cuando el poder se aleja de la ciudadanía y pierde humildad, se corre el riesgo de que la democracia derive en imposiciones. La exigencia, concluyó, es que el proceso se mantenga abierto, verificable y libre de cualquier sombra de opacidad.

En un señalamiento que incomoda y obliga a replantear las bases del sistema democrático, el Mtro. Daniel Delgado Ávila advirtió desde la Universidad de Guanajuato (UG) que las infancias y adolescencias siguen siendo excluidas de los espacios reales de participación política. Durante la conferencia magistral “¿Quién cuenta en la democracia? Autonomía progresiva y derechos políticos de infancias y adolescencias”, el especialista puso sobre la mesa una pregunta directa: ¿la democracia comienza hasta los 18 años?

Invitado por la División de Derecho, Política y Gobierno, en colaboración con la Cátedra de Derecho Público y el Cuerpo Académico “Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la Globalización”, Delgado Ávila —magistrado con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial— sostuvo que el voto no es el único mecanismo de participación y denunció la persistente invisibilidad de los menores como sujetos de derecho. “La democracia no empieza con el voto, sino cuando una persona es escuchada”, afirmó, respaldando su postura en marcos legales nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar la voz de niñas, niños y adolescentes.

El evento, coordinado por académicas de la UG y con participación estudiantil, abrió un espacio de análisis sobre la autonomía progresiva y la responsabilidad parental como pilares para el ejercicio de estos derechos. El ponente fue contundente: una democracia que no escucha a su niñez no forma ciudadanía, sino obediencia, dejando claro que el reto no es solo jurídico, sino cultural.