El estado de Guanajuato inició el 2026 con un panorama alarmante: al menos seis personas buscadoras permanecen desaparecidas, a lo que se suma el asesinato de por lo menos nueve madres y padres buscadores en los últimos años. Esta realidad exhibe la vulnerabilidad extrema de quienes, ante la ausencia del Estado, se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos y terminan convirtiéndose también en víctimas.

Entre los casos de personas buscadoras desaparecidas se encuentran Martha Leticia Gallardo Martínez (abril de 2018), Lorenza Cano Flores (enero de 2024), Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres (noviembre de 2024), Francisco Arias Mendoza (junio de 2025) y José Juan Arias Corona, reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025. Estos nombres reflejan una constante: la búsqueda de justicia y verdad se paga en Guanajuato con amenazas, desapariciones y muerte.

El caso más reciente es el de José Juan Arias Corona, padre buscador de “Juanito”, un adolescente de 15 años desaparecido desde el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago. José Juan fue visto por última vez la mañana del 28 de diciembre, luego de dejar a su esposa en su trabajo, en la comunidad de Rancho U. Desde entonces no se sabe nada de su paradero, pese a que su desaparición fue reportada de manera oficial.

Este contexto coloca a Guanajuato como uno de los estados más peligrosos para las personas buscadoras. Casos como el de Teresa Magueyal, asesinada en 2023 en Celaya; María del Carmen Vázquez, homicidio en 2022 en Abasolo; y Francisco Javier Barajas Piña, asesinado en 2021 en Salvatierra, evidencian un patrón de violencia sistemática. Organismos como la CIDH han advertido que, en entidades como Guanajuato, Sonora, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, buscar a un desaparecido se ha convertido en una actividad de alto riesgo, ante la omisión, la impunidad y la falta de garantías reales de protección por parte del Estado.

Guanajuato vive una paradoja en su violencia: bajan los homicidios, pero otros delitos letales se disparan, a pesar de que los homicidios dolosos en Guanajuato registraron una notable baja en los últimos meses.

Un alarmante repunte en otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal está encendiendo las alertas. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que entidades como Guanajuato se colocan entre las más afectadas por estas conductas no convencionales, poniendo en evidencia una realidad más compleja y menos contable que la simple métrica de asesinatos.

De enero a octubre de 2025, el estado reportó 1,962 víctimas en el rubro denominado “otros delitos que atentan contra la vida”, lo que representa un 13.40 % de los casos a nivel nacional. Estas cifras incluyen hechos que no necesariamente son homicidios tradicionales, como la inducción o ayuda al suicidio, el peligro de contagio o la inseminación no consentida, entre otros.

El aumento ha sido explosivo, pasando de prácticamente cero en 2018 a registros récord en meses recientes. Analistas como David Saucedo han advertido que parte de esta escalada podría obedecer a una estrategia para “maquillar” las estadísticas de homicidios: reclasificar muertes para mostrar una reducción aparente.

México Evalúa, por su parte, documentó que entre 2018 y septiembre de 2025, las víctimas de estos “otros delitos” se incrementaron un 118.2 %, mientras que los desaparecidos crecieron un 112.9 %.

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Ante estas discrepancias, las autoridades de Guanajuato defienden su estrategia de seguridad: la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) ha desplegado un plan con inteligencia, prevención y coordinación institucional para atender ese tipo de delitos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil piden mayor transparencia: exigen acceso a las carpetas de investigación para verificar qué se incluye dentro de esas cifras y cómo se tipifican las víctimas. Solo así, argumentan, será posible saber si realmente hay una pacificación real o si la violencia simplemente se está desplazando a categorías menos visibles.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa, acompañado por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, la detención de Jorge Armando “N”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

La detención se efectuó en la colonia Centro de Morelia.

García Harfuch destacó que, desde el inicio de las investigaciones, el Gobierno de México colaboró de manera estrecha con las autoridades estatales para el análisis de videovigilancia, entrevistas, labores de seguimiento y el uso de herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y determinar la participación de los implicados.

Como parte de las indagatorias, se identificó a dos individuos que acompañaron al agresor directo, Víctor Manuel “N”, quien murió durante el ataque. Los sujetos, identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron hallados sin vida el 10 de noviembre, presuntamente para frenar el avance de las investigaciones. El análisis de sus dispositivos reveló un grupo de mensajería en el que se coordinó la agresión y que situaba a Jorge Armando “N” como líder operativo, emitiendo instrucciones para vigilar al alcalde y ejecutar el ataque. También se determinó que Ramiro “N” coordinó los movimientos del grupo el día de los hechos.

El secretario aseguró que esta detención representa un avance significativo para desarticular la estructura criminal vinculada con el homicidio y reiteró que no habrá impunidad. Añadió que las investigaciones continúan y que se prevén más detenciones hasta desmantelar completamente la red delictiva.

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Durante la inspección a Jorge Armando “N”, se le aseguró un arma de fuego corta, una bolsa con cristal y dos teléfonos móviles. Tras informarle sus derechos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las indagatorias.