Guanajuato capital se llena de color, fe y tradición con la celebración del Viernes de Dolores, una de las costumbres más arraigadas previo a la Semana Santa. En calles, plazas, templos y hogares, los habitantes colocan altares dedicados a la Virgen de los Dolores, recordando el sufrimiento de María ante la pasión de Cristo. Esta práctica, que data de la época colonial, sigue vigente como un símbolo de identidad cultural y devoción en la ciudad.

Los altares se distinguen por su riqueza visual y significado: incluyen elementos como flores, veladoras, papel picado, semillas germinadas y aguas frescas o nieves que se ofrecen a los visitantes como muestra de hospitalidad. Cada detalle representa el dolor, la esperanza y la vida, mientras que los colores morado y blanco evocan el luto y la pureza. Familias enteras participan en su elaboración, manteniendo viva una tradición que se transmite de generación en generación.

Además de su valor religioso, el Viernes de Dolores se ha convertido en un atractivo cultural y turístico en Guanajuato capital. Cientos de visitantes recorren los altares instalados en puntos emblemáticos, fortaleciendo el sentido comunitario y el orgullo por las raíces. Así, esta conmemoración no solo honra la historia, sino que reafirma el papel de las tradiciones como parte esencial del patrimonio guanajuatense.

En uno de los rincones más pintorescos de la capital, el Callejón de la Condesa, se encuentra cada fin de semana una mujer cuya creatividad y talento han conquistado a propios y visitantes: Leticia, una artesana guanajuatense que desde hace más de 15 años transforma cuarzos, piedras naturales y cristales en piezas únicas de bisutería.

Con manos pacientes y mirada detallista, Leticia trabaja con materiales como alambre de chapa de oro de 14 kilates y acero inoxidable, dando vida a collares, aretes, pulseras y anillos que destacan por su originalidad y su energía natural.

“Todo lo hago a mano, desde cero. Cada pieza tiene su historia, su energía, y su proceso”, comenta con orgullo.

Su emprendimiento comenzó como una manera de apoyar a su familia, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una pasión que la ha llevado a perfeccionar técnicas artesanales y a compartir su talento con quienes valoran lo hecho en México.

Quienes visitan el Callejón de la Condesa entre las 10 de la mañana y las 6:30 de la tarde, pueden encontrarla montando su pequeño pero colorido puesto, donde cada pieza refleja esfuerzo, paciencia y amor por la artesanía.

Leticia invita a todos a conocer su trabajo, apoyar lo local y llevarse un pedacito de Guanajuato en forma de joya. Porque más allá de adornos, sus creaciones son testimonio de lucha, tradición y belleza hecha a mano.

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Guanajuato, Gto. – En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa para prohibir la corrección de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidas como “terapias de conversión”.

La propuesta busca establecer severas penas de prisión, que podrían alcanzar hasta los seis años y multas significativas, superando los $200,000 pesos para quienes realicen, impartan, obliguen o financien estas prácticas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca armonizar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la legislación federal, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental que otorga a cada individuo la libertad y autonomía para elegir su proyecto de vida.

La diputada Reyes Carmona enfatizó que la comunidad LGBTI+ es uno de los grupos sociales más vulnerables a la discriminación, que se manifiesta en malos tratos, exclusión, agresiones físicas y sexuales, y violaciones, atentando contra la dignidad y los derechos humanos.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad, muchas personas LGBTI+ son obligadas a someterse a “sermones, terapias o tratamientos” con el fin de “reorientar” su preferencia sexual, prácticas que carecen de sustento médico o científico. La falta de denuncia por parte de las víctimas, debido al temor al rechazo social o la vergüenza, ha llevado a la impunidad de estas acciones.

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La reforma propuesta al Código Penal del Estado de Guanajuato busca adicionar el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”.

El nuevo Artículo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), Lo que representa multas que oscilan entre $108,570.00 y $217,140.00.

Esta sanción se aplicará a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Las penas se agravarán al doble en los siguientes supuestos:

En los casos de subordinación o uso de función pública, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión pública o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

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En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima incurran en estas conductas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. La iniciativa señala que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos.

Adicionalmente, los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos o prácticas para anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán sancionados, además,, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Miriam Reyes Carmona sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la protección de la familia y la vida privada, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.