Guanajuato
“Promesas sin sustento: el PIMUS (Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable) de Samantha Smith no garantiza mejoras reales, en tiempo y forma en el transporte público”
Mientras la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, presentó con entusiasmo el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), como si fuera la respuesta estructural que resolverá los problemas de transporte en la ciudad, la realidad de miles de ciudadanos cuenta una historia muy distinta.
Supuestamente el anuncio del plan, envuelto en un lenguaje tecnócrata y promesas de movilidad digna y sustentable, se topa con una cruda falta de sustento financiero, nula claridad operativa y una desconexión alarmante con las condiciones actuales del servicio público.
¿Qué es el PIMUS y qué promete?
El PIMUS se presentó como un instrumento de planeación a largo plazo que buscaría transformar la movilidad en la ciudad mediante una visión más incluyente, sustentable y eficiente. El gobierno municipal declara la necesidad de fomentar el uso del transporte público, la bicicleta y los traslados peatonales como ejes de un nuevo modelo urbano más humano. Hasta ahí, el discurso suena alentador.
Sin embargo, cuando se rasca más allá del anuncio, se encuentra poco o nada: no hay calendario concreto de implementación, no se han dado a conocer partidas presupuestales específicas para renovar las unidades del transporte público, ni mecanismos claros para supervisar su ejecución o transparencia.
Más preocupante aún: no existe un solo compromiso financiero formalizado que garantice la mínima ejecución de lo prometido.Con esto vemos que con el discurso oficial, la experiencia diaria de usuarios del transporte en Guanajuato capital, pinta un panorama de abandono y precariedad: unidades viejas, en muchos casos de más de 20 años en circulación, sin accesibilidad para personas con discapacidad, con rutas mal trazadas y horarios impredecibles.
Además, los constantes cambios en concesiones, las rutas duplicadas, y el estado físico de muchas unidades con puertas que no cierran bien, asientos rotos y motores contaminantes evidencian que la movilidad sigue siendo una deuda social sin pagar.
Los reclamos ciudadanos no son nuevos: colonias como Marfil, Pueblito de Rocha o Cerro del Cuarto padecen diariamente largas esperas para tomar un camión.
En zonas periféricas, los recorridos pueden tomar hasta una hora por la ineficiencia de rutas mal planeadas. Ni hablar de la falta de paraderos dignos o señalética actualizada.
¿Y el dinero? ¿Y los tiempos?
Lo más preocupante del PIMUS no es lo que dice, sino lo que calla: no se han anunciado convenios con el estado ni con la federación para fondear proyectos de renovación vehicular, tampoco se ha mencionado la posibilidad de subsidios para garantizar una tarifa justa o inversiones en infraestructura peatonal. Se trata, hasta ahora, de un plan más en el papel, como muchos otros que quedan como ejercicios de diagnóstico sin dientes.
Mientras la alcaldesa presume una estrategia de movilidad moderna, la falta de voluntad política y de presión real sobre los concesionarios del transporte muestra lo contrario. No hay mecanismos claros para exigir mejoras a las líneas actuales, ni permisos renovados, ni calles dignas para evitar el deterioro de las unidades ya que a base de esto se termina su tiempo de vida más pronto, no tanto es que los concesionarios no metan unidades nuevas, si no las calles de Guanajuato y la opacidad en los procesos de asignación de concesiones a gente que ni siquiera tiene papeles, permisos y solo dan moches para tener rutas accesibles, incluso arrastran señalamientos de favoritismo y corrupción heredada del gobierno de Alejandro Navarro.
La ciudad necesita algo más que planes bonitos, el PIMUS, en su versión actual, parece más una herramienta de imagen pública que una estrategia realista. Guanajuato no necesita otro documento técnico con gráficas y promesas recicladas; necesita decisiones valientes, inversión pública y presión directa para transformar un sistema de transporte que hoy está quebrado. La ciudadanía lo sabe, lo vive todos los días, y está cansada de discursos que no se traducen en resultados.
Mientras tanto, el transporte sigue siendo una barrera para miles de guanajuatenses que sólo quieren llegar a su destino sin jugarse la seguridad, la dignidad o el tiempo. ¿Quién va a responder por eso?
Con motivo de las fiestas patrias, Radio Universidad de Guanajuato (Radio UG) prepara una programación especial del 14 al 18 de septiembre, con contenidos dedicados a la música mexicana y temas de interés para la comunidad universitaria. En “Pretextos Musicales”, conducido por Iván Montes y transmitido a las 10:00 horas, la audiencia podrá disfrutar de un recorrido por obras de compositoras y compositores mexicanos de distintas épocas y estilos, destacando la riqueza y diversidad del patrimonio musical nacional.
La programación también contempla una emisión especial de “El Dado” el próximo 16 de septiembre a las 12:00 horas, dedicada a los 30 años de la Red Médica de la UG. Dalia Tovar conversará con el Dr. Daniel Pérez Cervantes, director de la Red Médica, y el Dr. Elmer Gómez Portillo, jefe médico, quienes compartirán detalles sobre la trayectoria y evolución de este servicio universitario durante tres décadas. Además, “Comunidad al Aire”, conducido por Ana Robles, continúa acercando a la audiencia al quehacer de la Universidad mediante recorridos por sus campus y dependencias; recientemente visitó la Unidad de Mediación y Conciliación, dedicada a promover una cultura de paz.
Radio UG puede escucharse en las frecuencias 100.7 FM y 970 AM en Guanajuato, 91.1 FM en León y 91.3 FM en San Miguel de Allende. La programación también está disponible a través de la página web de Radio Universidad de Guanajuato y en la plataforma TuneIn, donde se encuentra como Radio Universidad de Guanajuato.
Ciudad
Por incremento en prevalencia delictiva, Guanajuato ocupa el cuarto lugar en percepción de inseguridad durante gobierno de Libia Dennise, según INEGI.
Guanajuato se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El listado nacional con mayor porcentaje de percepción negativa es encabezado por el Estado de México con un 90.0%, seguido por Morelos con 88.7%, Tabasco con 87.6% y Guanajuato con un 85.9%, mientras que en contraste las entidades con menores índices fueron Coahuila con 27.8%, Yucatán con 35.5% y Aguascalientes con 41.0%. A la par de estos indicadores, el INEGI reveló un incremento en la prevalencia delictiva en la entidad, registrando que la tasa de víctimas pasó de 20,490 en 2024 a 21,824 en 2025 por cada 100 mil habitantes.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reconoció los retos existentes en materia de seguridad y apuntó que la estrategia CONFIA continuará operando enfocándose en labores de inteligencia, prevención y coordinación institucional.
De 52 autoridades municipales y estatales que fueron evaluadas, ¡solo cinco cumplieron al 100 por ciento! con su obligación de rendir cuentas a la gente.
Esta es la primera radiografía que hace el nuevo órgano garante, Transparencia para la Gente, esa área que nació dentro de la Secretaría de la Honestidad, justo después de la extinción del IACIP a nivel estatal, siguiendo la reforma nacional que desapareció al INAI.
¿El resultado? Un promedio estatal de 88.5 por ciento. Suena bien, pero no lo es. Significa que 47 autoridades tienen fallas: formatos mal llenados, hipervínculos rotos y información a medias que no le sirve al ciudadano.
¿Quiénes sí cumplieron a cabalidad? Ponga atención:
El Archivo General del Estado, el Municipio de León, el Poder Ejecutivo Estatal, SAPAL de León y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Solo ellos cinco.
En el otro extremo, la vergüenza: Xichú con apenas 29 por ciento, es decir, 7 de cada 10 obligaciones no las cumple. Le siguen Jaral del Progreso con 61.4 por ciento y Tierra Blanca con 63.6 por ciento. También en la lista de atención requerida están Santiago Maravatío y Atarjea.
¿Qué dijo la autoridad? José Andrés Rizo Marín, director de Transparencia para la Gente, fue claro: “Nosotros hacemos el monitoreo, si hay hallazgos o ligas rotas, requerimos al sujeto obligado para que en plazo de ley solvente y cumpla al 100, que ese es el objetivo”.
Hay que decirlo, no es una chamba menor, cada dependencia genera en promedio un millón de registros cada trimestre.
Todas las que no cumplieron tienen ahora 20 días para corregir y ponerse al corriente. De no hacerlo, vendrán procedimientos.
Esta evaluación todavía se hizo con la metodología del viejo IACIP, pero a partir de 2027 cambia todo, con nuevos formatos y el nuevo modelo de nueve autoridades garantes.
Y la apuesta ahora no es solo calificar, es que usted y yo podamos consultar temas que sí nos importan: seguridad, agua y por ejemplo, en qué se van a gastar los recursos del acueducto de la Presa Solís.
Cinco de 52… el mensaje es claro, en Guanajuato la transparencia sigue siendo una tarea pendiente.
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