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Estado

No existe documentación técnica que justifique la necesidad de semáforos en Guanajuato capital

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Durante la sesión de la Diputación Permanente de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, denunció irregularidades en la forma en que el gobierno municipal de Guanajuato capital destinará 58 millones de pesos para la adquisición e instalación de semáforos.

La legisladora afirmó que esta semana su grupo parlamentario comprobó la asignación arbitraria de los recursos sin contar con documentación que respalde la necesidad o urgencia de la obra. Explicó que solicitó por medio de mecanismos de transparencia los proyectos ejecutivos, estudios técnicos o análisis costo-beneficio que, de acuerdo con declaraciones anteriores de la tesorera municipal y la presidenta municipal, Samantha Smith, justificarían la ejecución del proyecto. Sin embargo, DE ACUERDO CON LA DIPUTADA, la respuesta obtenida, fue que dicha información no existe.

Pedroza Orozco expuso que, pese a la falta de sustento técnico, la obra ya fue licitada y adjudicada. Precisó que la empresa ganadora fue Cemex, que no solo fue la única en concursar, sino que ya acumula más de 600 millones de pesos en contratos con el gobierno del estado y con al menos otros seis municipios.

En su intervención también se refirió a la forma en que se obtendrán los recursos para financiar el proyecto, pues se aprobó una reasignación presupuestal de diversas dependencias municipales. Dicha modificación presupuestal afecta directamente a áreas como la seguridad, la cultura, la procuraduría de niñas, niños y adolescentes, así como el turismo.

La diputada reiteró que sin un proyecto técnico no existe justificación válida para destinar los recursos, y que sin transparencia lo que se configura es un escenario de corrupción. Anunció que continuará señalando esta situación las veces que sea necesario hasta que se esclarezca.

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Estado

Mientras el país debate reformas, el Congreso de la Unión y Cámara de diputados “abren” salones de belleza

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En pleno corazón de la política mexicana, donde se debate el futuro del país, los legisladores encontraron tiempo… para arreglar su imagen. Así es: tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se han habilitado salones de belleza dentro de los edificios legislativos.

En San Lázaro funcionan dos locales de estética, donde se ofrecen servicios que van desde cortes de pelo hasta tintes y maquillaje, con tarifas establecidas o definidas por “propinas”. No están pagados con recursos públicos: los usuarios pagan por su servicio.

Pero en el Senado la historia es distinta y polémica: se abrió un salón de belleza en una oficina que había estado vacante desde legislaturas anteriores, y senadoras fueron vistas recibiendo peinado y tinte durante días de sesión.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, justificó la existencia de ese espacio, asegurando que no es un privilegio financiado con dinero público y que solo se usa cuando se requiere, especialmente por legisladoras que vienen de lejos y tienen sesiones temprano.

A pesar de ello, personal del Senado llegó a clausurarlo en medio de críticas, pero pocos minutos después los sellos fueron retirados, dejando la pregunta en el aire: ¿hasta dónde llegan los privilegios dentro del Congreso?

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Estado

Hospital de Pemex en Salamanca, del referente médico al desabasto

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Salamanca, Gto. El Hospital Regional de Pemex “Dr. Alejandro Castanedo Kimball”, que durante años fue símbolo de atención médica de calidad para trabajadores petroleros y sus familias, enfrenta hoy una crisis severa por falta de insumos básicos. La situación ha llegado al punto de que pacientes y derechohabientes piden donaciones de algodón y alcohol para poder realizar curaciones.

La escasez también ha provocado cancelación de cirugías, retraso de consultas y falta de medicamentos, especialmente para enfermedades crónicas. A ello se suman fallas administrativas y deterioro de la infraestructura, lo que ha generado inconformidad y frustración entre los usuarios.

Aunque los derechohabientes aseguran que el deterioro ha sido progresivo, coinciden en que el problema se ha agravado recientemente. Pemex no ha emitido una postura oficial, mientras la atención médica que antes distinguía al hospital continúa en declive.

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Estado

Morena pide auditar programa Planet Youth por millonarios recursos en Guanajuato

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La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para que la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría específica de cumplimiento al Poder Ejecutivo estatal por el manejo de recursos del programa Prevención de Adicciones en Jóvenes Planet Youth Guanajuato. La propuesta busca que esta revisión se incorpore al Programa General de Fiscalización 2026 y abarque los ejercicios fiscales de 2021 a 2024, con el fin de analizar el cumplimiento financiero de todas las operaciones realizadas con recursos públicos.


Durante su intervención, la legisladora recordó que el programa Planet Youth fue creado en 2021 como una estrategia basada en el modelo islandés para prevenir adicciones en jóvenes, el cual —dijo— no arrojó los resultados esperados debido a las condiciones socioeducativas y geográficas del estado. Detalló que el proyecto inició con un presupuesto de 56 millones de pesos y que para 2024 recibió más de 66 millones, recursos que se destinaron a talleres, pláticas y congresos relacionados con la prevención de adicciones.


Aguilar Castillo añadió que en 2025 el programa fue sustituido por Vive sin adicciones, al que se le asignaron 28 millones de pesos, mientras que para el actual ejercicio fiscal el presupuesto se redujo a solo 5 millones. La diputada expresó preocupación por la falta de claridad en el destino de los recursos ejercidos durante los años anteriores y por la presunta existencia de personas que habrían recibido doble remuneración, tanto como servidores públicos del sector salud como representantes regionales de Planet Youth. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictamen.

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