Habitantes de la capital han denunciado la presunta existencia de un “grupo intocable” dentro de Tránsito Movilidad y Transporte en las áreas de Alcoholímetro, Zona Sur y Transporte Municipal, al que acusan de cometer abusos de autoridad y actos de corrupción con total impunidad. De acuerdo con los reportes ciudadanos, este grupo estaría vinculado bajo las órdenes de Julio García, quien presuntamente asigna horarios y personal de trabajo sin respetar los descansos de los elementos.

Los denunciantes aseguran que Julio García, en su calidad de comandante, ha aprovechado su posición para imponer decisiones y mantener un control absoluto sobre los operativos, incluso por encima de sus superiores. Afirman que Carlos Cano, señalado anteriormente por diversas irregularidades, no recibió sanción alguna gracias a la protección del propio Julio García, así como de Sandra y Omán, encargados del área de Transporte Municipal.

Asimismo, se ha denunciado que en el Transporte Público de la capital continúan las prácticas de extorsión a los operadores urbanos. Los reportes indican que se pide dinero a los transportistas con permisos legales para dejarlos circular sin problema, mientras que a los “piratas” se les permite operar libremente a cambio de cuotas. Estas irregularidades, según los testimonios, se hacen más notorias en las mañanas, tardes y parte de la noche, cuando varios elementos habrían aprovechado los operativos para obtener ingresos adicionales.

Los ciudadanos solicitan a las autoridades competentes que investiguen a fondo estas acusaciones, ya que consideran inaceptable que un grupo de servidores públicos actúe sin control ni rendición de cuentas. Exigen medidas firmes y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables, afirmando que “ya basta de que este grupo intocable haga lo que quiera con el nombre y la confianza de la ciudadanía guanajuatense”.

Mientras el rapero Santa Fe Klan mantiene viva la esperanza de ofrecer un concierto en honor a San Judas Tadeo, el gobierno municipal de Guanajuato, encabezado por Samantha Smith Gutiérrez, sigue sin definir si permitirá el evento y al mismo tiempo deja entrever posibles multas de hasta 200 mil pesos por el uso del espacio público. La administración asegura que “mantiene diálogo” con la familia del artista, pero no ha dado una respuesta clara ni mostrado voluntad real para facilitar el espectáculo.

En contraste, Santa Fe Klan —oriundo del mismo barrio que hoy lo ve enfrentado con las autoridades— ha sido quien más apoyo social y económico ha brindado en los últimos años a los sectores más vulnerables de la ciudad: desde donaciones a familias necesitadas, hasta becas, apoyos escolares y actividades para jóvenes que buscan alejarse de la violencia. Mientras tanto, el municipio prioriza el cobro de permisos y la polémica antes que el impulso cultural o el apoyo a la juventud guanajuatense.

La alcaldesa Samantha Smith declaró que está “en comunicación con la familia” del cantante, pero evitó pronunciarse sobre los comentarios del artista, quien la llamó “Doña” tras sus intentos por frenar los conciertos populares. En paralelo, el director de Fiscalización, Gustavo Bück González, confirmó que el costo del permiso podría ir desde 12 mil hasta 200 mil pesos, dependiendo del tamaño del evento, una cifra que muchos consideran un intento de aprovecharse del éxito económico del rapero.

Mientras los funcionarios municipales debaten si permitir o no el concierto, la ciudadanía observa una doble moral: por un lado, el gobierno presume fomentar la cultura, pero por otro obstaculiza a uno de los artistas más representativos de Guanajuato, cuya música ha dado visibilidad a los barrios marginados. Además, la regidora Fernanda Arellano exigió prohibir el concierto, bajo el argumento de que “no se debe violar la ley”, aunque durante administraciones anteriores estos eventos se autorizaron sin reparos.

La realidad es que Santa Fe Klan ha hecho más por su comunidad que muchos políticos locales. Su música, sus aportes y su cercanía con la gente reflejan el verdadero espíritu del pueblo guanajuatense. En vez de buscar cómo multarlo o censurarlo, las autoridades deberían ponerse a trabajar y garantizar espacios seguros para la cultura popular, en lugar de intentar lucrar con la fama de quien representa —sin discursos ni poses— a los jóvenes de los barrios.

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El Observatorio Ciudadano de Guanajuato ha emprendido una denuncia pública contra el municipio al señalar que, a casi un año del compromiso de construir un nuevo sitio de disposición final para los residuos, no se ha cumplido con la normativa ni con los plazos prometidos. Para esta agrupación, esto evidencia que el primer informe de gobierno de Samantha Smith, que se presenta hoy, no corresponderá con los resultados reales que la administración ha anunciado, particularmente en materia ambiental y de gestión de residuos.

Según los críticos, el municipio asumió un plazo de 12 meses para dejar de utilizar el tiradero actual y establecer un sitio adecuado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM‑083‑SEMARNAT‑2003, que regula el diseño, operación y clausura de sitios de disposición final de residuos. Sin embargo, hasta ahora no hay obras sustanciales ni avances verificables que indiquen que se ha iniciado el cumplimiento de ese compromiso, lo que pone en duda la veracidad de los logros que se plasmarán en el informe.

El Observatorio advierte que en el informe oficial podría incluirse una exposición de metas cumplidas en infraestructura, medio ambiente o urbanismo, pero esas cifras estarían infladas o desconectadas de la realidad del basurero municipal. A su juicio, presentar esos datos como “éxitos” sin que existan acciones concretas —como clausura parcial del viejo tiradero, construcción de nuevas celdas o control de lixiviados— convierte al informe en un ejercicio propagandístico más que en una rendición de cuentas legítima.

Mientras tanto, el basurero municipal sigue siendo objeto de denuncias vecinales por malos olores, riesgos sanitarios y acumulación de residuos en condiciones al aire libre, lo cual refuerza la crítica de que el gobierno no ha atendido el problema de fondo. En ese contexto, la presentación hoy del informe marca un momento decisivo: ¿será un documento respaldado por hechos o simplemente una maqueta mediática para cubrir promesas incumplidas?

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