El nombre de Fernando Farías Laguna se ha convertido en sinónimo de uno de los mayores escándalos dentro de la Secretaría de Marina.

El contralmirante fue detenido en Argentina tras permanecer prófugo y ser buscado en más de 190 países mediante una ficha roja de Interpol. Es señalado como presunto líder de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”.

Farías Laguna ocupó cargos clave dentro de la Marina y, según investigaciones, habría aprovechado su posición para facilitar operaciones ilícitas desde puertos estratégicos del país. Incluso, su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, ya se encuentra detenido por el mismo caso.

Las autoridades también lo investigan por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y tentativa de homicidio, lo que eleva aún más la gravedad del caso.

La caída del mando naval no solo destapa una red de corrupción… también golpea directamente la imagen de una de las instituciones más blindadas del país.

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En medio de la polémica por una investigación federal, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Marcelo Ebrard y confirmó que seguirá al frente de la Secretaría de Economía.

La mandataria aseguró que el ex canciller “está haciendo un excelente trabajo” y destacó su papel en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y en la revisión del T-MEC, pese a la indagatoria abierta por la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en Londres entre 2021 y 2022.

La investigación fue abierta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras diversas denuncias y solicitudes ciudadanas para determinar si hubo alguna violación a normas o uso indebido de recursos públicos. Ebrard ha negado irregularidades y sostiene que no se utilizó dinero del erario.

Pese al escándalo, Sheinbaum dejó claro que no contempla removerlo del cargo, enviando un mensaje de respaldo político en un momento clave para la economía del país.

La decisión ha generado reacciones encontradas: para algunos es confianza en su trabajo; para otros, una señal de blindaje político.

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Señalamientos sobre presuntos intentos de influir en el control del Sistema Municipal de Agua Potable de la capital (SIMAPAG) encendieron el debate público, luego de que se advirtiera la falta de información abierta sobre el proceso de selección de perfiles. Se cuestiona que no se haya difundido con amplitud la trayectoria, evaluaciones y entrevistas de alrededor de 40 aspirantes, lo que, advierten, debilita la confianza ciudadana en un proceso que debería regirse por la máxima publicidad.

El exgobernador y legislador Juan Carlos Romero Hicks subrayó que la transparencia es el principal mecanismo para prevenir posibles actos de corrupción. En ese sentido, insistió en que dar a conocer los criterios técnicos, calificaciones y decisiones permitiría garantizar que el proceso se conduzca con legalidad y apertura, evitando suspicacias sobre intereses ajenos al servicio público.

Asimismo, advirtió que sería grave que se concretaran prácticas orientadas a convertir el organismo en un espacio de beneficios particulares o “caja chica”. Por ello, hizo un llamado a privilegiar la rendición de cuentas y la claridad institucional, al señalar que cuando el poder se aleja de la ciudadanía y pierde humildad, se corre el riesgo de que la democracia derive en imposiciones. La exigencia, concluyó, es que el proceso se mantenga abierto, verificable y libre de cualquier sombra de opacidad.