A más de una década de su anuncio inicial, la presa de La Tranquilidad, ubicada en el poniente de la ciudad de Guanajuato, sigue sin materializarse y se mantiene como uno de los proyectos más postergados y polémicos en la historia reciente de la capital. La obra, considerada clave para el abastecimiento de agua en la región, ha sido calificada por algunos ciudadanos como un “elefante blanco” que ha pasado de administración en administración sin avances sustanciales.

En 2022, el entonces presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña anunció públicamente su intención de retomar el proyecto, asegurando que con la recaudación económica del mismo año se generarían las condiciones para impulsar la obra. Además, afirmó que buscaría gestionar recursos con los gobiernos estatal y federal para darle continuidad a una propuesta que desde 2013 había sido anunciada con grandes expectativas.

Sin embargo, pese a la evidente necesidad de contar con un cuerpo captador que contribuya a garantizar el abasto de agua para los habitantes de la capital, las obras fueron canceladas, dejando el terreno en el olvido y a la ciudadanía con más dudas que certezas.

En 2025, la actual alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez retomó el tema, declarando que su gobierno buscará reactivar el proyecto. No obstante, también fue clara al señalar que la presa no es una prioridad en su agenda, lo que ha generado inquietud entre sectores ciudadanos que consideran urgente fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad ante los efectos del cambio climático y el crecimiento poblacional.

Así, la presa de La Tranquilidad sigue atrapada entre las buenas intenciones y la falta de ejecución. Mientras tanto, la demanda de soluciones reales para el abasto de agua en Guanajuato continúa creciendo, y el futuro del proyecto se mantiene en la incertidumbre.

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Mientras la presidenta municipal Samantha Smith presume avances en materia de movilidad, “le urge” lanzar la convocatoria, donde debe “blindarse” de vacíos legales,
supuestamente aproximó que podría lanzarse en no más de un mes y medio y que la primera concesión nueva podrá verse dentro de 6 meses es decir a mediados de enero.

La ciudadanía enfrenta diariamente un sistema de transporte público deficiente, inseguro y cada vez más caro. Aparentemente, los logros anunciados desde la administración municipal no se reflejan en la experiencia real de quienes usan el servicio a diario.

Durante la reciente presentación de avances del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), Samantha Smith aseguró que se están cumpliendo los compromisos para mejorar el transporte público en Guanajuato. Supuestamente, con nuevas unidades, mejoras en infraestructura vial y de llegar en menos tiempo a cada destino, la ciudad vive una “transformación histórica” en movilidad.

Sin embargo, basta con salir a las calles y abordar cualquier unidad para darse cuenta de que la situación está mucho más allá de ese panorama optimista. Camiones viejos, inseguros, sucios, sin permisos y con fallas mecánicas frecuentes son la norma, no la excepción.

Aunque la administración municipal insiste en que se han destinado recursos a la mejora del transporte, no existen datos públicos verificables que respalden esos resultados. La falta de transparencia en la asignación de concesiones, algunas de ellas, supuestamente ligadas a figuras cercanas al exalcalde Alejandro Navarro también siembra dudas sobre la verdadera intención del programa.

¿Mejoras o maquillaje político?
Aparentemente, lo que se está vendiendo como una transformación es, en realidad, un esfuerzo de relaciones públicas para justificar un modelo que sigue beneficiando a unos pocos y dejando a la mayoría en las mismas condiciones de precariedad.

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La brecha entre el discurso institucional y la vivencia ciudadana es cada vez más evidente. Supuestamente hay avances, sin embargo, la gente sigue esperando literal y metafóricamente un transporte digno, eficiente y verdaderamente sustentable. En un escenario donde las palabras pesan más que los hechos, la confianza ciudadana se erosiona, y el cinismo crece.

Samantha Smith ha declarado en múltiples ocasiones que el transporte público en Guanajuato ha mostrado avances significativos, supuestamente gracias a los planes implementados durante su gestión. Sin embargo, en un recorrido por distintas rutas y zonas de la capital, lo que se vive día a día dista mucho de ese discurso optimista.

Testimonios declaran que aparentemente, los camiones “rehabilitados” continúan con fallas mecánicas, los tiempos de espera siguen siendo excesivos, y aseguran que el servicio no ha mejorado en lo más mínimo. Mientras desde el escritorio se presume eficiencia, en las calles el caos y la desorganización siguen marcando la movilidad urbana.

La narrativa oficial promueve un Guanajuato “moderno y conectado”, pero los testimonios ciudadanos y las condiciones visibles en el transporte revelan una historia muy distinta: promesas infladas, supuestos logros sin sustento y una estrategia que, aparentemente, prioriza la imagen sobre las verdaderas soluciones.

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Mientras la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, presentó con entusiasmo el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), como si fuera la respuesta estructural que resolverá los problemas de transporte en la ciudad, la realidad de miles de ciudadanos cuenta una historia muy distinta.

Supuestamente el anuncio del plan, envuelto en un lenguaje tecnócrata y promesas de movilidad digna y sustentable, se topa con una cruda falta de sustento financiero, nula claridad operativa y una desconexión alarmante con las condiciones actuales del servicio público.

¿Qué es el PIMUS y qué promete?

El PIMUS se presentó como un instrumento de planeación a largo plazo que buscaría transformar la movilidad en la ciudad mediante una visión más incluyente, sustentable y eficiente. El gobierno municipal declara la necesidad de fomentar el uso del transporte público, la bicicleta y los traslados peatonales como ejes de un nuevo modelo urbano más humano. Hasta ahí, el discurso suena alentador.

Sin embargo, cuando se rasca más allá del anuncio, se encuentra poco o nada: no hay calendario concreto de implementación, no se han dado a conocer partidas presupuestales específicas para renovar las unidades del transporte público, ni mecanismos claros para supervisar su ejecución o transparencia.

 Más preocupante aún: no existe un solo compromiso financiero formalizado que garantice la mínima ejecución de lo prometido.Con esto vemos que con el discurso oficial, la experiencia diaria de usuarios del transporte en Guanajuato capital, pinta un panorama de abandono y precariedad: unidades viejas, en muchos casos de más de 20 años en circulación, sin accesibilidad para personas con discapacidad, con rutas mal trazadas y horarios impredecibles.

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 Además, los constantes cambios en concesiones, las rutas duplicadas, y el estado físico de muchas unidades con puertas que no cierran bien, asientos rotos y motores contaminantes evidencian que la movilidad sigue siendo una deuda social sin pagar.

Los reclamos ciudadanos no son nuevos: colonias como Marfil, Pueblito de Rocha o Cerro del Cuarto padecen diariamente largas esperas para tomar un camión.

 En zonas periféricas, los recorridos pueden tomar hasta una hora por la ineficiencia de rutas mal planeadas. Ni hablar de la falta de paraderos dignos o señalética actualizada.

¿Y el dinero? ¿Y los tiempos?

Lo más preocupante del PIMUS no es lo que dice, sino lo que calla: no se han anunciado convenios con el estado ni con la federación para fondear proyectos de renovación vehicular, tampoco se ha mencionado la posibilidad de subsidios para garantizar una tarifa justa o inversiones en infraestructura peatonal. Se trata, hasta ahora, de un plan más en el papel, como muchos otros que quedan como ejercicios de diagnóstico sin dientes.

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Mientras la alcaldesa presume una estrategia de movilidad moderna, la falta de voluntad política y de presión real sobre los concesionarios del transporte muestra lo contrario. No hay mecanismos claros para exigir mejoras a las líneas actuales,  ni permisos renovados, ni calles dignas para evitar el deterioro de las unidades ya que a base de esto se termina su tiempo de vida más pronto, no tanto es que los concesionarios no metan unidades nuevas, si no las calles de Guanajuato y la opacidad en los procesos de asignación de concesiones a gente que ni siquiera tiene papeles, permisos y solo dan moches para tener rutas accesibles, incluso arrastran señalamientos de favoritismo y corrupción heredada del gobierno de Alejandro Navarro.

La ciudad necesita algo más que planes bonitos, el PIMUS, en su versión actual, parece más una herramienta de imagen pública que una estrategia realista. Guanajuato no necesita otro documento técnico con gráficas y promesas recicladas; necesita decisiones valientes, inversión pública y presión directa para transformar un sistema de transporte que hoy está quebrado. La ciudadanía lo sabe, lo vive todos los días, y está cansada de discursos que no se traducen en resultados.

Mientras tanto, el transporte sigue siendo una barrera para miles de guanajuatenses que sólo quieren llegar a su destino sin jugarse la seguridad, la dignidad o el tiempo. ¿Quién va a responder por eso?