Guanajuato, Gto.—En un nuevo llamado de auxilio, habitantes de la comunidad La Presita, en la capital del estado, denunciaron la falta de pavimentación y drenaje en la zona, así como la omisión histórica por parte de las autoridades municipales para resolver estas necesidades básicas. La situación fue documentada durante la visita del diputado local Ernesto Millán Soberanes, del partido Morena, quien acudió tras una solicitud presentada por vecinos ante el Congreso del Estado.

Durante el recorrido, el legislador constató personalmente las condiciones precarias de la comunidad, que se traducen en afectaciones directas para al menos 700 familias, muchas de ellas residentes en zonas donde ni siquiera cuentan con drenaje funcional. Además de la carencia de infraestructura básica, los pobladores reportaron obstrucciones viales y anegamientos provocados por el mal diseño de una obra privada de urbanización que ha agravado la situación.

El diputado Millán aseguró que ya existe un recurso etiquetado para obras en La Presita en el ejercicio 2024, pero denunció que dicho recurso habría sido reasignado sin una justificación clara. En respuesta, anunció que iniciará una investigación para determinar el destino del presupuesto originalmente destinado a esta comunidad y exigirá transparencia en los procesos de reasignación de fondos públicos.

Los habitantes relataron que, además del olvido institucional, han enfrentado problemas serios con el escurrimiento de aguas residuales y pluviales, que han desbordado el drenaje, colapsando coladeras y convirtiendo calles en auténticos ríos durante las lluvias.

Esta problemática se ha intensificado con las obras de un fraccionamiento cercano, cuyas descargas según los vecino, están colapsando el sistema de alcantarillado. La situación ha provocado afectaciones a la movilidad, al grado de impedir la circulación del transporte público y el tránsito de vehículos particulares.

Ante esta realidad, Millán Soberanes se comprometió a dar seguimiento puntual al caso y trabajar de la mano con los habitantes para exigir el cumplimiento de los compromisos municipales. El legislador también revisará los expedientes y la documentación técnica entregada por los vecinos, a fin de gestionar de forma más efectiva los recursos necesarios.

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Además, los vecinos señalaron la ausencia de servicios públicos básicos como seguridad, evidenciando que ni la policía acude regularmente a la zona. Casualmente, la visita del legislador, según comentaron, fue inusualmente supervisada por policías bajo perfil civil.

La comunidad La Presita es solo una de las muchas zonas rurales y periféricas de Guanajuato capital que enfrentan rezagos estructurales históricos, a pesar del crecimiento urbano en otras áreas del municipio. La falta de infraestructura, vigilancia y mantenimiento evidencia un patrón de marginación que, según los vecinos, se mantiene sin respuesta efectiva desde hace años.

Mientras tanto, las familias continúan padeciendo los estragos de un sistema que, a pesar de tener recursos presupuestados no logra traducir las promesas en obras reales.

Guanajuato, Gto. – 22 de mayo de 2025. Un predio creció misteriosamente 65 hectáreas en papel y podría estar pisando un camino público histórico. Lo que comenzó como una rectificación aparentemente técnica en una escritura notarial, se convirtió ya en un escándalo que pone en la mira al Notario Público No. 3 de Guanajuato, Andrés Guardado Santoyo, quién fue acusado de haber avalado una ampliación irregular de un terreno rústico en el “Camino los Mexicanos“, que ahora podría costarle su patente notarial.

Todo gira en torno a una modificación realizada el 19 de abril de 2024, donde el predio conocido como “Estancia de Reforma” o “Rancho de Guerra”, pasó de medir 251 hectáreas a 316. El cambio fue promovido por Amado Carrillo Hernández ante la notaría a cargo de Guardado Santoyo. El detalle que encendió las alarmas fue que, el aumento de superficie representa un 25.89% más que el original, algo que rebasa por mucho el límite legal del 15% que permite el Reglamento del Registro Público de la Propiedad para predios rústicos.

Los documentos fueron revisados por el Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado, y el diputado Ernesto Millán Soberanes ya advirtió las consecuencias: de confirmarse las irregularidades, el notario podría perder su “fiat”, es decir, su autorización oficial para ejercer.

Pero lo que está en juego va más allá de la superficie de un terreno: el caso podría implicar la desaparición de un camino de uso público conocido como “Camino los Mexicanos”. Este sendero, con valor histórico y social, podría haber quedado “tragado” por el nuevo trazo del predio, lo que sugiere una posible maniobra para apoderarse de terreno adicional mediante trámites notariales cuestionables.

La escritura original data de 1974 y fijaba claramente la superficie del terreno. Sin embargo, medio siglo después, esa extensión creció de forma considerable bajo la figura de “rectificación”, lo que levantó sospechas de una posible intención de alterar el dominio de la tierra.

De ser comprobadas las irregularidades, la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato establece con claridad que alterar sustancial y dolosamente un instrumento notarial, o falsificar alguna firma, puede ser motivo suficiente para la revocación de la patente. Así lo señala su artículo 124, fracción VIII.

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Guanajuato, Gto. 12 mayo 2025.- Y es que el abuso de autoridad y la usurpación de funciones siguen sucediendo con normalidad en la capital del estado de Guanajuato durante 6 años que la gobernó Alejandro Navarro, quien nuevamente subió a las redes sociales, un vídeo donde se le puede ver manejando un vehículo de la policía municipal.

El desprestigio de la institución encargada de la seguridad municipal se ahonda, cuando a todos consta como su funcionamiento ha sido envuelta en escándalos que van de las extorsiones a automovilistas, hasta el uso de la violencia desmedida.

Ya desde su gobierno se había hecho mención de cómo vestirse con el uniforme de policía y salir a las calles a patrullar como acostumbraba durante su interminable gobierno se podría calificar como un delito de usurpación de funciones, ya que el encargado de presidir el gobierno es un puesto que poco tiene que ver con el de la seguridad.

Para colmo, últimamente, se ha visto a su hijo, quien preside el DIF de forma supuestamente altruista, vestido con ropas similares a las utilizadas por la policía local, en otro de los capítulos en donde también se ha mencionado la debilidad de esta familia de parecer pertenecer a las fuerzas de seguridad municipales.

Aunque se justifique con cualquier pretexto la legalidad del hecho, sin duda, deja claro el talante de este gobierno que piensa que lo público, como las unidades de policía y cualquier institución o empleado, puede ser utilizada como si fuera de la propiedad privada de quienes gobiernan la capital de Guanajuato como si fuera el rancho de su familia.

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Lo que si, es que la administración municipal panista, envuelta en los escándalos por la especulación inmobiliaria, que técnicamente se encuentra quemando el sur de Guanajuato y poblando las áreas verdes en la Sierra, poco necesita de otro escándalo, en donde se ve a su esposo manejando un automóvil del municipio, o cualquier automóvil, uno de la policía en una muestra de botón más de cómo confunden lo público con lo privado.