Mientras el rapero Santa Fe Klan mantiene viva la esperanza de ofrecer un concierto en honor a San Judas Tadeo, el gobierno municipal de Guanajuato, encabezado por Samantha Smith Gutiérrez, sigue sin definir si permitirá el evento y al mismo tiempo deja entrever posibles multas de hasta 200 mil pesos por el uso del espacio público. La administración asegura que “mantiene diálogo” con la familia del artista, pero no ha dado una respuesta clara ni mostrado voluntad real para facilitar el espectáculo.

En contraste, Santa Fe Klan —oriundo del mismo barrio que hoy lo ve enfrentado con las autoridades— ha sido quien más apoyo social y económico ha brindado en los últimos años a los sectores más vulnerables de la ciudad: desde donaciones a familias necesitadas, hasta becas, apoyos escolares y actividades para jóvenes que buscan alejarse de la violencia. Mientras tanto, el municipio prioriza el cobro de permisos y la polémica antes que el impulso cultural o el apoyo a la juventud guanajuatense.

La alcaldesa Samantha Smith declaró que está “en comunicación con la familia” del cantante, pero evitó pronunciarse sobre los comentarios del artista, quien la llamó “Doña” tras sus intentos por frenar los conciertos populares. En paralelo, el director de Fiscalización, Gustavo Bück González, confirmó que el costo del permiso podría ir desde 12 mil hasta 200 mil pesos, dependiendo del tamaño del evento, una cifra que muchos consideran un intento de aprovecharse del éxito económico del rapero.

Mientras los funcionarios municipales debaten si permitir o no el concierto, la ciudadanía observa una doble moral: por un lado, el gobierno presume fomentar la cultura, pero por otro obstaculiza a uno de los artistas más representativos de Guanajuato, cuya música ha dado visibilidad a los barrios marginados. Además, la regidora Fernanda Arellano exigió prohibir el concierto, bajo el argumento de que “no se debe violar la ley”, aunque durante administraciones anteriores estos eventos se autorizaron sin reparos.

La realidad es que Santa Fe Klan ha hecho más por su comunidad que muchos políticos locales. Su música, sus aportes y su cercanía con la gente reflejan el verdadero espíritu del pueblo guanajuatense. En vez de buscar cómo multarlo o censurarlo, las autoridades deberían ponerse a trabajar y garantizar espacios seguros para la cultura popular, en lugar de intentar lucrar con la fama de quien representa —sin discursos ni poses— a los jóvenes de los barrios.

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El Observatorio Ciudadano de Guanajuato ha emprendido una denuncia pública contra el municipio al señalar que, a casi un año del compromiso de construir un nuevo sitio de disposición final para los residuos, no se ha cumplido con la normativa ni con los plazos prometidos. Para esta agrupación, esto evidencia que el primer informe de gobierno de Samantha Smith, que se presenta hoy, no corresponderá con los resultados reales que la administración ha anunciado, particularmente en materia ambiental y de gestión de residuos.

Según los críticos, el municipio asumió un plazo de 12 meses para dejar de utilizar el tiradero actual y establecer un sitio adecuado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM‑083‑SEMARNAT‑2003, que regula el diseño, operación y clausura de sitios de disposición final de residuos. Sin embargo, hasta ahora no hay obras sustanciales ni avances verificables que indiquen que se ha iniciado el cumplimiento de ese compromiso, lo que pone en duda la veracidad de los logros que se plasmarán en el informe.

El Observatorio advierte que en el informe oficial podría incluirse una exposición de metas cumplidas en infraestructura, medio ambiente o urbanismo, pero esas cifras estarían infladas o desconectadas de la realidad del basurero municipal. A su juicio, presentar esos datos como “éxitos” sin que existan acciones concretas —como clausura parcial del viejo tiradero, construcción de nuevas celdas o control de lixiviados— convierte al informe en un ejercicio propagandístico más que en una rendición de cuentas legítima.

Mientras tanto, el basurero municipal sigue siendo objeto de denuncias vecinales por malos olores, riesgos sanitarios y acumulación de residuos en condiciones al aire libre, lo cual refuerza la crítica de que el gobierno no ha atendido el problema de fondo. En ese contexto, la presentación hoy del informe marca un momento decisivo: ¿será un documento respaldado por hechos o simplemente una maqueta mediática para cubrir promesas incumplidas?

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Durante las celebraciones del Grito de Independencia, el 15 de septiembre, Alejandro Navarro, ex presidente municipal y esposo de la actual alcaldesa Samantha Smith, intentó desviar la atención culpando a los diputados de Morena Ernesto Millán Soberanes y Hades Aguilar Castillo de financiar al “grupo de choque” que agredió a manifestantes el pasado sábado 13 de septiembre en el centro de la ciudad. Sin embargo, sus propias palabras lo hundieron: admitió tener conocimiento de la existencia de un tercer grupo de encapuchados organizados para reventar la manifestación.

Esa afirmación abre una nueva grieta en el discurso oficial. Si sabía de la operación de ese grupo, ¿por qué no denunció ante las autoridades competentes? ¿Por qué la policía municipal, bajo la administración de su esposa, no actuó para detenerlos?

Ahora, Navarro tendrá que ser llamado a declarar ante la justicia, pues su confesión lo coloca no solo como testigo privilegiado, sino como parte de un engranaje de protección política a la violencia.

Guanajuato capital arde de indignación. Lo que debía ser una manifestación pacífica el 13 de septiembre terminó convertido en un episodio de brutalidad. Un grupo de choque, señalado como organizado y tolerado por el exalcalde Alejandro Navarro Saldaña, atacó sin piedad a ciudadanas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión.

De manera extraoficial trascendió que a los golpeadores les habrían pagado apenas 500 pesos por “reventar” la protesta. Muchos actuaron encapuchados, lo que confirma que no se trató de un acto espontáneo, sino de un operativo bien armado.

Lo más grave fue la actitud de la policía municipal. Aunque los agentes estuvieron presentes en el lugar, no movieron un dedo para detener las agresiones. Testigos afirman que recibieron órdenes expresas de no intervenir, lo que dejó vía libre para que la violencia se desatara con total impunidad.

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Mientras los manifestantes eran golpeados, los agresores coreaban consignas en favor de Samantha Smith, actual presidenta municipal y esposa de Navarro. Una escena grotesca: violencia disfrazada de respaldo político, una muestra de cómo el poder se aferra a sí mismo mediante la represión y la fuerza bruta.

Las declaraciones de Navarro lo ponen en la mira. Él mismo reconoció que hubo un “tercer grupo de encapuchados” que actuó como fuerza de choque. Al señalar que tuvo conocimiento de ello, quedó en evidencia que sabía de la operación y no lo denunció.

En sus propias palabras, culpó directamente a los diputados de Morena Ernesto Millán Soberanes y Hades Aguilar Castillo de financiar a esos grupos, pero al mismo tiempo aceptó que tuvo información directa de cómo se organizó la violencia.

Si sabía, ¿por qué calló? Si denunció públicamente, ¿por qué no lo hizo de manera legal, formal y en tiempo? Sus dichos lo convierten en actor corresponsable y no en un simple observador.