Guanajuato Capital
Congreso de Guanajuato busca frenar candidatura de Óscar Aguayo al estar involucrado en el delito de fraude.
En el Congreso de Guanajuato la postulación de Óscar Edmundo Aguayo Arredondo como magistrado del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato llamó fuertemente la atención. Su candidatura fue duramente cuestionada durante la Sesión del Pleno del Congreso local debido a su vinculación con un fraude que asciende a más de 236 mil pesos, cometido durante su desempeño como asesor parlamentario de Morena en el periodo 2015-2018.

Durante esos años, Aguayo asesoró al primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, con quien habría operado un esquema de corrupción para desviar recursos públicos. A través de facturas falsas, firmas falsificadas y la creación de empresas fantasma, se apropiaron ilegalmente de fondos destinados al Congreso del Estado. El impacto de este desfalco no solo generó un daño económico, sino que también puso en entredicho la transparencia dentro del Poder Legislativo.

En la reciente sesión ordinaria del Congreso estatal, diputadas y diputados exhortaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a revisar minuciosamente la candidatura de Aguayo. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Bermúdez Cano, fue quien presentó el exhorto, argumentando que la postulación no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para desempeñar funciones dentro del sistema judicial. En el documento aprobado por mayoría de votos, se enfatiza la necesidad de que las autoridades responsables velen por la integridad del proceso de selección y se eviten nombramientos que puedan socavar la confianza en la justicia.
Los antecedentes de Aguayo fueron documentados. Se le señala de haber registrado ilegalmente a excompañeros universitarios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir facturas falsas y desviar recursos. Como resultado, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en su contra.
Según el exhorto, ante la presión de estas investigaciones, Aguayo habría intentado ofrecer 50 mil pesos al Congreso local en un intento por silenciar su caso y eludir la justicia, sin éxito.
“Resulta preocupante que personas sin reunir los requisitos mínimos constitucionales estén siendo consideradas para un cargo de magistrado de circuito o juez de distrito, cuando es una posición que exige probidad, honorabilidad e impecable trayectoria profesional”, concluye el documento presentado en el Congreso.
El exhorto busca que la candidatura de Aguayo sea cancelada en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de las autoridades competentes.
Guanajuato
Guanajuato capital ya forma parte del C5i estatal para reforzar seguridad
La capital del estado ya forma parte oficialmente del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), el sistema estatal de videovigilancia y atención de emergencias que busca mejorar la seguridad en los 46 municipios de Guanajuato. Con esta incorporación, la ciudad fortalece su capacidad de respuesta ante incidentes y se suma a la red tecnológica de seguridad más avanzada del estado.
El C5i opera mediante una red de más de 4 mil 300 cámaras distribuidas en todo Guanajuato, además de sistemas de reconocimiento facial y de placas vehiculares, fibra óptica de alta velocidad y comunicación directa con el 9-1-1. En la capital, el centro permitirá monitorear en tiempo real vialidades, accesos y zonas turísticas, apoyando tanto a la Policía Municipal como a las fuerzas estatales en la prevención del delito y la atención inmediata a emergencias.


Autoridades de seguridad estatal informaron que el sistema también está vinculado a la aplicación “Emergencias GTO 9-1-1”, que permite a la ciudadanía enviar alertas, fotografías y videos en tiempo real para agilizar la respuesta de las corporaciones. Con esto, se busca fomentar la participación ciudadana y fortalecer la confianza en los mecanismos de seguridad pública.
La integración de Guanajuato capital al C5i representa un paso clave en la modernización de la estrategia de seguridad, al incorporar tecnología de punta y coordinación interinstitucional. Con esta medida, se espera reducir tiempos de reacción ante emergencias, mejorar la vigilancia en zonas de alto flujo turístico y reforzar la protección de habitantes y visitantes en la ciudad Patrimonio de la Humanidad
Guanajuato Capital
Congreso local exige acción contra camiones pirata en Guanajuato capital
El Congreso del Estado hizo un llamado al gobierno municipal para que atienda el problema de los camiones pirata que circulan en la capital sin permisos ni concesiones, afectando tanto a los usuarios como a los transportistas que cumplen con la ley. La situación se mantiene pese a que ya transcurrió más de un año de la actual administración, tiempo durante el cual el transporte público ha mostrado deficiencias en servicio, seguridad y mantenimiento de unidades.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Poder Legislativo, señaló que es urgente revisar las rutas donde operan estas unidades irregulares y tomar medidas concretas para garantizar un servicio de transporte digno y seguro para todos los guanajuatenses. Según la legisladora, la proliferación de camiones pirata genera un desequilibrio en la competencia y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.
Desde el Congreso, la exigencia es clara: las autoridades municipales deben poner orden en el transporte público, sancionar a quienes operan sin concesión y asegurar que los ciudadanos puedan movilizarse con confianza y seguridad. Pedroza Orozco enfatizó que permitir la operación de unidades irregulares daña tanto la economía del transporte legal como la confianza de los usuarios.


Los ciudadanos y usuarios del transporte han expresado su frustración ante la falta de acción, destacando que la combinación de unidades antiguas, rutas ilegales y mal servicio ha convertido el transporte en la capital en un problema cotidiano. Las autoridades municipales tienen ahora el reto de regularizar y mejorar el servicio, mientras el Congreso seguirá dando seguimiento al caso para exigir resultados tangibles.
Estudiantes
Llaman a la Universidad de Guanajuato a implementar sistemas de estancias universitarias
Guanajuato, Gto.– El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Universidad de Guanajuato a analizar la viabilidad presupuestaria de implementar un sistema de estancias y viviendas universitarias en las ciudades y localidades donde tiene presencia con sedes, divisiones o campus.
El diputado Rodrigo González Zaragoza, promotor de la propuesta, explicó que el acceso a la vivienda en arrendamiento se ha convertido en una condición esencial para la vida estudiantil en Guanajuato, entidad que recibe a miles de universitarios provenientes de distintos municipios y estados.
Señaló que el arrendamiento habitacional es una tendencia creciente y necesaria, pero en la capital del estado la crisis de vivienda se ha agudizado, afectando particularmente a los jóvenes estudiantes, quienes enfrentan dificultades para encontrar espacios accesibles.
El legislador subrayó que muchos propietarios han optado por destinar sus inmuebles a plataformas como Airbnb, lo que ha reducido la oferta de viviendas en renta para estudiantes. Además, mencionó que, de acuerdo con datos de la dependencia estatal Juventudes, el 49% de los jóvenes en Guanajuato enfrentan rechazo al intentar rentar un cuarto.
González Zaragoza destacó que la Universidad de Guanajuato, como institución rectora de la educación superior en el estado, tiene el reto de atender las condiciones materiales que influyen en la vida académica de su comunidad estudiantil.
Añadió que, según un estudio de La Bancada Naranja, casi la mitad del alumnado destina entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos mensuales al pago de renta, lo que impacta directamente en su estabilidad económica y limita su capacidad para ejercer otros derechos, como el acceso pleno a una educación superior de calidad.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y análisis.
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